Internacionales
Incendiaron ocho vehículos y actos violentos en Ecuador
Ocho vehículos incinerados y desmanes en la ciudad costera de Esmeraldas, capital de la provincia ecuatoriana del mismo nombre, fronteriza con Colombia, se registraron la noche del viernes, sin que hasta el momento se conozcan las razones ni los responsables de los inusitados actos violentos.
En redes sociales circularon videos de vehículos incinerados, así como imágenes de un grupo de pasajeros de un autobús tumbados en el piso en un aparente intento por protegerse de disparos.
El diario Expreso, de la ciudad costera de Guayaquil, apuntó que los actos violentos son aparentemente consecuencia de operativos llevados a cabo por la Policía y las Fuerzas Armadas en un intento por restaurar la paz en la localidad.
Por su parte, revista Vistazo apuntó que “de forma preliminar, se vincularían estos hechos a enfrentamientos entre grupos de crimen organizado”.
Citando reportes policiales, el rotativo Expreso anotó que en el barrio 26 de Junio, por ejemplo, “grupos armados se encontraban deteniendo vehículos para cometer robos, mientras que en las inmediaciones del centro de rehabilitación de varones y en ‘Aire Libre’, se han registrado balaceras que han sumido en la zozobra a los residentes locales”.
Reportes de la prensa local dan cuenta de que los incidentes se registraron en siete sectores de Esmeraldas, una de las ciudades más violentas del país.
La Policía Nacional informó en su cuenta X (antes Twitter) que ha desplegado a sus unidades operativas e investigativas, para dar con los responsables y ponerlos a las órdenes de las autoridades competentes.
De su lado, la Gobernación de Esmeraldas condenó los “actos violentos registrados la noche de este viernes” y solicitó a la ciudadanía mantener la calma, según recoge la prensa.
Por su parte, la legisladora Paola Cabezas, ex gobernadora (representante del Ejecutivo en el Gobierno de Rafael Correa) en Esmeraldas, señaló que en su ciudad nadie conoce el Plan Fénix, como se denomina el proyecto del actual Gobierno de Daniel Noboa para combatir la inseguridad.
“¿Y el Plan Fénix? En Esmeraldas nadie lo conoce. A horas de finalizar el año hay zozobra y desesperanza en mi tierra”, escribió en su cuenta X.
Por ese medio, dijo a Noboa que “mientras no exista paz en cada rincón del país, no puede hablar de un gobierno exitoso. Se gobierna para la vida y en mi provincia rogamos para no perderla”.
La asambleísta acompañó su mensaje con algunos de los videos que circularon en redes sociales sobre los hechos violentos en Esmeraldas.
Ecuador cerró 2022 con la mayor tasa de muertes violentas de su historia, al registrar 25,32 por cada 100.000 habitantes, pero la tendencia para este año puede llegar, e incluso superar, los 40 homicidios por cada 100.000 habitantes, según expertos en seguridad.
Las autoridades atribuyen los altos niveles de violencia al crimen organizado vinculado con el narcotráfico, que tiene en las costas del país su puerta de salida de la droga hacia Estados Unidos y Europa.
Durante la mañana del domingo recién pasado, un trágico accidente tuvo lugar en la comunidad de Nizanda, Oaxa, México, cuando el Tren Interoceánico que transportaba a 250 personas se descarriló, dejando devastación a su paso.
Como resultado del accidente vial, al menos 13 personas perdieron la vida, 98 más heridos, y 36 personas hospitalizadas, entre ellas 5 de gravedad.
A pesar que las autoridades declararon que fue un accidente simple, diversas opiniones surgen al respecto, ya que desde su construcción en 2023 diversos expertos señalaron la baja calidad de los materiales y el mal estado de las vías.
Luego de las constantes e intensas lluvias registradas el fin de semana en Sudáfrica, se reortó el colapso del techo del centro comercial Northgate, en Randburg, Johannesburgo, destruyendo parte del inmueble con la inundación.
Este accidente provocó severos daños materiales en el inmueble, pero hasta el momento, no se reportan personas lesionadas o fallecidos, ya que el hecho ocurrió en horas de la noche.
Las personas que se encontraban aún en el establecimiento mostraron su pánico mediante gritos y muestras de preocupación ante lo que sus ojos presenciaban.
Por su parte, las autoridades evaluaban la seguridad de la estructura y el alcance de las afecciones en la zona afectada del centro comercial.
La Comunidad Chino Panameña exigió una investigación formal y la reconstrucción del Parque Mirador de Las Américas tras su desmantelamiento, ocurrido la noche del 27 de diciembre de 2025 en el distrito de Arraiján.
El hecho, atribuido a la alcaldía local, ha generado una ola de rechazo por la ausencia de notificación, consulta pública y diálogo previo con las organizaciones representativas del colectivo.
Según denunciaron, la intervención se realizó sin cumplir principios básicos de transparencia, legalidad y participación ciudadana, lo que impidió preservar elementos patrimoniales y resguardar el valor simbólico del espacio.
Para la comunidad, la decisión constituye una actuación arbitraria y carente de sensibilidad intercultural, incompatible con una gestión responsable del patrimonio conmemorativo.
El parque fue concebido como un lugar de memoria colectiva para honrar a los primeros inmigrantes chinos que contribuyeron de manera decisiva al desarrollo del país, particularmente en obras emblemáticas como el Ferrocarril de Panamá y el Canal de Panamá.
La obra fue impulsada y financiada con el esfuerzo directo de ciudadanos de la comunidad china panameña, en el marco de los 150 años de presencia de esta colectividad en Panamá, como símbolo de integración entre la herencia cultural china y la identidad nacional.
Desde junio de 2024, representantes comunitarios sostuvieron gestiones ante la alcaldía de Arraiján para abordar la situación del parque, sin obtener respuestas concretas, afirmó Alex Gao, presidente de la Asociación China de Panamá.
“Solicitamos una investigación sobre el procedimiento y la posibilidad de reconstruir el parque en su ubicación original”, reiteró.
La comunidad hizo un llamado a las autoridades nacionales y locales para respetar la memoria histórica, garantizar procesos participativos y asegurar que decisiones sobre espacios conmemorativos se adopten con diálogo, criterios técnicos y respeto cultural, evitando precedentes que vulneren la dignidad colectiva de las comunidades que forman parte del país.
