La Iglesia católica española pidió perdón el martes a las víctimas de abusos sexuales cometidos por sacerdotes, pero cuestionó la veracidad de una nueva encuesta que sugería que tales abusos estaban mucho más extendidos por todo el país de lo que habían revelado investigaciones anteriores.

La encuesta, publicada el viernes en un informe del Defensor del Pueblo español, reveló que el 0,6 % de una muestra de poco más de 8.000 encuestados afirmó haber sufrido abusos, cifra que se eleva al 1,1% si se incluye a los profesores laicos de colegios católicos.

La Conferencia Episcopal Española, tras una reunión extraordinaria, expresó que los obispos presentes en la rueda de prensa manifiestan su «dolor por el daño causado por algunos miembros de la Iglesia con los abusos sexuales y reiteran su petición de perdón a las víctimas».

La Iglesia se ha enfrentado en las últimas décadas a escándalos de abusos sexuales en varios países, como Estados Unidos, Irlanda y Francia. Pero el asunto sólo salió a debate público en España, donde casi el 60 % de la población se declara católica, tras una investigación mediática que marcó un hito en 2021.

La Conferencia, a la que el Defensor del Pueblo criticó por no cooperar más plenamente con la investigación, dijo que no sabía cómo se llevó a cabo la encuesta, ni qué preguntas se hicieron.

«Es decir, hay una opacidad para llegar a una conclusión que no es lógica, no la vemos lógica», dijo a los periodistas el presidente de la Conferencia, el cardenal Juan José Omella.

Los resultados de la encuesta sugieren que más de uno de cada 200 españoles podría haber sufrido abusos.

El Defensor del Pueblo dijo que, aunque tal extrapolación podría no ser exacta, los porcentajes daban una idea de «la magnitud de lo que puede significar en términos de abusos en general».

Una investigación interna de la Iglesia publicada en junio identificó a 728 presuntos abusadores sexuales entre el clero español y a 927 víctimas desde la década de 1940. Esto siguió a un informe publicado en 2021 en el diario El País, que identificaba más de 1.200 presuntos casos.

El informe del Defensor del Pueblo también pedía la creación de un fondo estatal para compensar a las víctimas.

Francisco García, secretario general de la Conferencia, dijo que la Iglesia estaría dispuesta a contribuir a dicho fondo, pero que tendría que implicar a instituciones educativas generales, asociaciones deportivas y otras entidades, ya que los abusos no se limitaban a la Iglesia.