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EEUU descarta amenazas creíbles por llamado a «día de la indignación» palestina

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Los funcionarios de Seguridad Nacional de Estados Unidos aún no han visto indicios de que los llamamientos a un “día de indignación” este viernes anunciados por un ex líder del grupo militante Hamás provoquen violencia en el país, aunque siguen preocupados de que un torrente de imágenes y propaganda pueda cambiar rápidamente la situación.

Las agencias policiales federales y estatales han estado aumentando la seguridad alrededor de los lugares de culto y otros lugares en respuesta a la petición del ex líder de Hamás Chalad Nasal para que los musulmanes «se unan a la lucha» y envíen un «mensaje de indignación» en apoyo a la lucha del grupo contra Israel.

Pero el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo el jueves por la noche que no hay nada que indique una violencia inminente.

«Nosotros, el DHS y nuestros socios de inteligencia no tenemos actualmente ninguna información de inteligencia específica y creíble que indique cualquier amenaza potencial a Estados Unidos derivada de los ataques terroristas de Hamás en Israel en este momento», dijo un funcionario a los periodistas bajo condición de anonimato.

«Si se desarrolla alguna información que requiera que ajustemos nuestra postura de seguridad para proteger el país, estamos, por supuesto, preparados para hacerlo», dijo el funcionario. «Pero, una vez más, quiero subrayar en este momento que no hay información de inteligencia creíble específica que indique alguna amenaza potencial en este momento».

A pesar de la falta de inteligencia, muchas agencias encargadas de hacer cumplir la ley, incluidas las que protegen el Capitolio de Estados Unidos, no se arriesgan.

«Habrá una mayor presencia y actividad de seguridad en los terrenos del Capitolio durante los próximos días», según un memorando del jueves del sargento de armas de la Cámara de Representantes, William Macfarlán, que fue obtenido por Axis.

«Durante este tiempo de mayor vigilancia, habrá mejoras de seguridad visibles e invisibles que incluirán restricciones a la Plaza del Capitolio», decía el memorando, citando los llamados en las redes sociales y otras plataformas para el «Día de la Indignación».

Los departamentos de policía de Nueva York y Los Ángeles también han ordenado que todo el personal esté uniformado y patrullando en caso de posibles incidentes.

El presidente estadounidense, Joe Biden, se reunió el jueves con el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, para hablar sobre el apoyo a las comunidades judía, árabe y musulmana que podrían estar en riesgo debido a los ataques terroristas de Hamás del sábado pasado.

Además, el DHS organizó una llamada con casi 4.000 funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y al mismo tiempo envió recursos adicionales a unas 2.000 agencias en todo Estados Unidos.

«Una de las cosas que dejamos en claro con nuestros socios estatales y locales… fue cuán volátil e impredecible podría ser el entorno de amenazas», dijo el funcionario del DHS. «Las formas en que el conflicto en el extranjero o el conflicto en Israel podrían escalar o expandirse más allá de su fase actual y las formas en que eso podría crear desafíos adicionales de seguridad nacional para nosotros aquí».

Un segundo funcionario, que también habló con los periodistas bajo condición de anonimato, dijo que el DHS está muy consciente de «los temores que vemos en las comunidades de todo el país».

«Hemos participado activamente bajo la dirección del secretario para trabajar directamente con las comunidades judía, musulmana y árabe, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y líderes estatales y locales para garantizar que las comunidades estén alerta contra cualquier amenaza potencial de violencia o perturbación durante este conflicto», añadió el segundo funcionario.

En repetidas evaluaciones de amenazas, los funcionarios de Seguridad Nacional han advertido que el mayor peligro está «marcado por casos solitarios o ataques de grupos pequeños que ocurren sin previo aviso».

La evaluación de amenazas más reciente, publicada en septiembre, advirtió además sobre «ideologías raciales, étnicas, religiosas y antigubernamentales duraderas» que podrían servir como motivación.

A la preocupación se suman los videos gráficos de los ataques de Hamás, la propaganda pro-Hamás, las imágenes de las secuelas de la respuesta militar israelí en Gaza y la desinformación que ha inundado las plataformas de redes sociales.

Los funcionarios estadounidenses advierten que es el tipo de material que podría llevar al límite a quienes son propensos a la violencia.

«El volumen y la velocidad del contenido que fluye, ligados a lo que está sucediendo, pueden servir como acelerador», dijo el primer funcionario del DHS en respuesta a una pregunta de la Voz de América.

«Es algo que nos preocupa», añadió el funcionario. «Lo que hace es ejercer aún más presión sobre nuestros colegas de las fuerzas del orden locales, quienes a menudo son los primeros en observar o estar en condiciones de observar o tomar conocimiento de los movimientos de alguien en esa dirección».

Las agencias policiales estadounidenses no son las únicas preocupadas por la posible violencia que se extiende desde Israel y Gaza hacia Estados Unidos.

El ejército estadounidense y sus aliados también han estado vigilando de cerca a Hezbolá y otros grupos vinculados a Irán que se sabe que operan en América Central y del Sur, cuyos miembros podrían simpatizar con la causa de Hamás.

Estados Unidos está «observando muy, muy de cerca», dijo el miércoles el comandante del Comando Sur de Estados Unidos durante un foro en Washington.

«Al trabajar con nuestros países socios, obviamente ellos también están preocupados», dijo la general Laura Richardson .

Los funcionarios del DHS, sin embargo, dijeron el jueves que el departamento no tenía conocimiento de ninguna información que sugiriera que individuos con algún tipo de conexión con los ataques terroristas en Israel o que estén motivados por los ataques estén actualmente tratando de utilizar patrones migratorios para cruzar a EEUU por la frontera sur.

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Nueva Masacre: Tres hombres son asesinados a balazos dentro de una vivienda en Honduras

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La violencia sigue dejando su marca en Honduras. La noche del domingo, tres hombres fueron asesinados a balazos dentro de una vivienda en el sector Las Selvas, comunidad de El Guano, en Danlí, departamento de El Paraíso.

Las víctimas fueron identificadas como Noel Adolfo Elvir, Edil Cruz y David Canales, cuyos nombres ahora se suman a la larga lista de homicidios registrados en el país durante los primeros meses de este año.

Según información preliminar proporcionada por autoridades policiales, cuatro sujetos armados llegaron al lugar en dos motocicletas y, sin mediar palabra, ingresaron a la vivienda de Canales, abriendo fuego contra los presentes.

El comisionado Wilber Reyes, director de comunicación estratégica de la Policía Nacional, confirmó que las víctimas tenían antecedentes penales.

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La presencia de antecedentes criminales en dos de las víctimas ha llevado a las autoridades a considerar como principal hipótesis del ataque una disputa por el control de territorios vinculados al narcotráfico.

Por su parte, la Policía Nacional mantiene abiertas todas las líneas de investigación y no descarta ninguna hipótesis. Hasta el momento, no se reportan capturas, y se continúa trabajando para dar con el paradero de los responsables.

La escena fue acordonada por los agentes que iniciaron la recopilación de pruebas, mientras los vecinos del sector permanecen consternados por la violencia que irrumpió en su comunidad en plena noche.

La masacre de Danlí se suma a un preocupante patrón de violencia en Honduras. De acuerdo con el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en lo que va del año se han registrado seis masacres en distintas localidades del país.

Cada una de estas tragedias ha cobrado la vida de varias personas, evidenciando la persistencia de la violencia letal y la vulnerabilidad de las comunidades hondureñas. Entre estas masacres se incluyen:

Olanchito, Yoro, el 10 de enero, con 3 muertos.
La Masica, Atlántida, el 17 de febrero, con 5 muertos.
San Andrés, Lempira, el 9 de marzo, con 3 muertos.
El Progreso, Yoro, el 12 de marzo, con 4 muertos.
Sulaco, Yoro, el 13 de marzo, con 5 muertos.
Danlí, El Paraíso, el 5 de abril, con 3 muertos.
Estos hechos reflejan un promedio de seis homicidios diarios en el país, según datos del OV-UNAH, y muestran cómo la criminalidad organizada y las disputas por control territorial continúan afectando la vida cotidiana de los hondureños.

Vecinos del sector Las Selvas describieron la noche del domingo como un momento de pánico y desesperación. “Fue un momento muy fuerte, nunca habíamos visto algo así en nuestra comunidad. Escuchamos los disparos y todo quedó en silencio después de que huyeron los atacantes”, relató un habitante del sector, quien prefirió mantener su nombre en reserva. La violencia irrumpió en la tranquilidad de la comunidad, dejando un impacto profundo tanto emocional como social.

Las autoridades han llamado a la población a colaborar con cualquier información que pueda ayudar a identificar y capturar a los responsables. “Estamos haciendo todo lo posible para dar con estos criminales y llevarlos ante la justicia. No descartamos ninguna hipótesis y seguimos recolectando evidencia en la escena del crimen”, indicó Wilber Reyes, subrayando la importancia de la cooperación ciudadana.

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Tragedia en Honduras: familias enteras que regresaban de un retiro espiritual quedaron marcadas por la muerte en un fatal accidente en Santa Barbara

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El siniestro, que tuvo lugar durante el retorno de un grupo de vecinos de Tegucigalpa tras un retiro religioso en Guatemala, una tragedia que ha marcado a una colectividad entera y pone en cuestión los controles de seguridad en el transporte de carga peligrosa.

El hecho, reportado por diversas fuentes locales, involucró un microbús tipo coaster, conducido por Javier Deras, de 48 años, quien viajaba junto a su esposa, su madre y otros familiares y vecinos. La familia, residente en la colonia La Torocagua de Tegucigalpa, compartía el viaje junto con otros miembros de la comunidad, en su mayoría habitantes de la misma cuadra o incluso de casas contiguas.

Entre las personas a bordo se contaban mujeres reconocidas en el sector, como doña Lila, cuya participación intensifica el carácter colectivo del duelo. Los lazos comunitarios han convertido la tragedia en un dolor compartido y la han dotado de un significado que supera la suma individual de las vidas perdidas.

La tragedia dejó al menos diez víctimas fatales y otras siete personas heridas, algunas en estado grave, según información recabada en el lugar. La cifra, validada por las autoridades, amplifica el impacto de un hecho con consecuencias físicas y emocionales de largo alcance. Entre las personas lesionadas se confirman menores de edad, incluido un niño de nueve años y una adolescente de diecisiete, testigos directos del accidente y portadores ahora de secuelas físicas y trauma emocional.

El accidente también destaca por la composición de sus víctimas: muchas de ellas eran familia, vecinos o amigos de toda la vida. Lidia Elena Cubas Murillo y su hija Lidia Abelina Zelaya Cubas murieron juntas en el trayecto, reflejo de la pérdida simultánea de dos generaciones.

Se identificaron, además, a Orestila Castellano, de 64 años, y María Cupertina Ortiz, de 61, cuyo hijo Manuel Amaya compartió la dificultad adicional que enfrentan los deudos para celebrar honras fúnebres debido a la presencia de cianuro en el lugar del siniestro y las restricciones impuestas por la magnitud del impacto.

La madre de Javier Deras, Francisca Zelaya, también figura entre los nombres de fallecidos. Según allegados, sufrió un infarto tras enterarse de la muerte de su hijo y falleció en un centro asistencial, un dolor que se suma a la cadena de pérdidas. La lista se completa con Mirna Álvarez, de 63 años, y Yarely Rodríguez, de 40, esposa de Deras, ampliando la tragedia a diferentes generaciones y reforzando el carácter luctuoso de este evento.

Las circunstancias del accidente abrieron una línea de indignación particularmente sensible. De acuerdo con las autoridades, el conductor de la rastra que transportaba cianuro no contaba con la licencia correspondiente para manejar carga pesada. Este dato relevante plantea dudas sobre el rigor de los controles vehiculares y la normativa de transporte, especialmente en relación con sustancias peligrosas como el cianuro.

El hijo de una de las víctimas detalló el desafío que ha supuesto para las familias la manipulación de los cuerpos y la organización de los sepelios: “Ella venía de Antigua Guatemala. Ya me decía que nunca iba a viajes, es la primera vez que salía así con personas particulares”, Según declaraciones de Manuel Amaya al referirse a la experiencia de su madre María Cupertina Ortiz.

Los relatos indican que un microbús con al menos 17 pasajeros proveniente de un retiro religioso en Guatemala fue embestido por una rastra que transportaba cianuro en Quimistán, Santa Bárbara; el saldo es de al menos diez personas fallecidas y siete heridas, incluyendo menores de edad y varios miembros de la misma familia y comunidad, según confirmaron las autoridades locales y testimonios de vecinos.

La colonia La Torocagua, en Tegucigalpa, se ha convertido en un epicentro del dolor colectivo: buena parte de sus habitantes viajaba junta en el microbús y, ahora, comparte el luto en una cotidianidad marcada por la ausencia. Los vecinos se reconocen en las historias personales: viviendas vacías, sillas sin ocupar, y recuerdos de días recientes en que la comunidad preparaba con entusiasmo el viaje espiritual a Guatemala.

El testimonio recogido entre la población local revela el grado de cohesión social previo al incidente. La tragedia no ha dejado únicamente víctimas individuales, sino que ha fracturado relaciones cotidianas y un entramado de solidaridad.

En la evaluación de los hechos, la suma de factores humanos, la posible negligencia y las deficiencias en el control del transporte de materiales peligrosos han potenciado el impacto de este accidente. Sin embargo, para las familias y sobrevivientes, el dolor trasciende cualquier balance institucional: cada nombre perdido es una vida, una biografía interrumpida y un legado que permanece en la memoria de la comunidad

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¡Indignación en México! Asesinada por celos: dos “amigas” estrangularon a Leyla Monserrat y la justicia les cobra solo 5 mil pesos

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Un triángulo amoroso entre adolescentes terminó en uno de los crímenes más salvajes de los últimos meses en Sonora. Leyla Monserrat Lares Becerra, de solo 15 años, fue brutalmente asesinada el 25 de septiembre de 2025 en el ejido El Desierto, municipio de General Plutarco Elías Calles.Sus dos supuestas “mejores amigas”, de 13 y 15 años, la citaron con el engañoso pretexto de “darle una sorpresa”.

Una vez allí, la ataron, le vendaron los ojos y la estrangularon hasta quitarle la vida. No conformes con eso, grabaron el asesinato con un celular y luego enterraron su cuerpo en el patio de una vivienda, cubriéndolo con cal para acelerar la descomposición y borrar las evidencias.

El móvil del crimen, según confesaron las propias agresoras, fueron celos sentimentales: una de ellas estaba enamorada del mismo joven con quien Leyla mantenía una relación y no soportó la competencia.La investigación dio un giro clave cuando un video del crimen fue enviado anónimamente a la madre de la víctima, Carmen Becerra. Tras la detención y confesión de las menores, un juez del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes dictó sentencia en marzo de 2026.

La joven de 15 años fue condenada a dos años y diez meses de internamiento, mientras que la de 13 años recibió once meses de libertad asistida. Ambas deberán pagar, de manera mancomunada, apenas 5 mil 657 pesos como reparación del daño moral.

La cifra ha provocado una enorme indignación en todo el país. Carmen Becerra denunció que ni siquiera pudo despedirse dignamente de su hija: el ataúd llegó cerrado debido al terrible estado en que fue encontrado el cuerpo. Los gastos del funeral superaron los 30 mil pesos, y la familia aún no ha recibido ni un peso de la reparación económica, que considera una verdadera burla a su dolor.

El caso ha reabierto el debate sobre la legislación de justicia juvenil en México. Colectivos feministas y miles de usuarios en redes sociales exigen reformas urgentes para que crímenes de esta brutalidad no queden prácticamente impunes bajo el argumento de la minoría de edad de las responsables. Muchos consideran que se trató de un feminicidio y cuestionan que el sistema parezca proteger más a las victimarias que a las víctimas.

Mientras las dos adolescentes cumplen penas cortas y podrían pronto retomar sus vidas normales, la madre de Leyla Monserrat sigue sin poder cerrar su duelo y se pregunta cómo es posible que en México el valor de la vida de una niña de 15 años se mida en apenas cinco mil pesos.

 

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