Internacionales
EEUU descarta amenazas creíbles por llamado a «día de la indignación» palestina
Los funcionarios de Seguridad Nacional de Estados Unidos aún no han visto indicios de que los llamamientos a un “día de indignación” este viernes anunciados por un ex líder del grupo militante Hamás provoquen violencia en el país, aunque siguen preocupados de que un torrente de imágenes y propaganda pueda cambiar rápidamente la situación.
Las agencias policiales federales y estatales han estado aumentando la seguridad alrededor de los lugares de culto y otros lugares en respuesta a la petición del ex líder de Hamás Chalad Nasal para que los musulmanes «se unan a la lucha» y envíen un «mensaje de indignación» en apoyo a la lucha del grupo contra Israel.
Pero el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo el jueves por la noche que no hay nada que indique una violencia inminente.
«Nosotros, el DHS y nuestros socios de inteligencia no tenemos actualmente ninguna información de inteligencia específica y creíble que indique cualquier amenaza potencial a Estados Unidos derivada de los ataques terroristas de Hamás en Israel en este momento», dijo un funcionario a los periodistas bajo condición de anonimato.
«Si se desarrolla alguna información que requiera que ajustemos nuestra postura de seguridad para proteger el país, estamos, por supuesto, preparados para hacerlo», dijo el funcionario. «Pero, una vez más, quiero subrayar en este momento que no hay información de inteligencia creíble específica que indique alguna amenaza potencial en este momento».
A pesar de la falta de inteligencia, muchas agencias encargadas de hacer cumplir la ley, incluidas las que protegen el Capitolio de Estados Unidos, no se arriesgan.
«Habrá una mayor presencia y actividad de seguridad en los terrenos del Capitolio durante los próximos días», según un memorando del jueves del sargento de armas de la Cámara de Representantes, William Macfarlán, que fue obtenido por Axis.
«Durante este tiempo de mayor vigilancia, habrá mejoras de seguridad visibles e invisibles que incluirán restricciones a la Plaza del Capitolio», decía el memorando, citando los llamados en las redes sociales y otras plataformas para el «Día de la Indignación».
Los departamentos de policía de Nueva York y Los Ángeles también han ordenado que todo el personal esté uniformado y patrullando en caso de posibles incidentes.
El presidente estadounidense, Joe Biden, se reunió el jueves con el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, para hablar sobre el apoyo a las comunidades judía, árabe y musulmana que podrían estar en riesgo debido a los ataques terroristas de Hamás del sábado pasado.
Además, el DHS organizó una llamada con casi 4.000 funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y al mismo tiempo envió recursos adicionales a unas 2.000 agencias en todo Estados Unidos.
«Una de las cosas que dejamos en claro con nuestros socios estatales y locales… fue cuán volátil e impredecible podría ser el entorno de amenazas», dijo el funcionario del DHS. «Las formas en que el conflicto en el extranjero o el conflicto en Israel podrían escalar o expandirse más allá de su fase actual y las formas en que eso podría crear desafíos adicionales de seguridad nacional para nosotros aquí».
Un segundo funcionario, que también habló con los periodistas bajo condición de anonimato, dijo que el DHS está muy consciente de «los temores que vemos en las comunidades de todo el país».
«Hemos participado activamente bajo la dirección del secretario para trabajar directamente con las comunidades judía, musulmana y árabe, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y líderes estatales y locales para garantizar que las comunidades estén alerta contra cualquier amenaza potencial de violencia o perturbación durante este conflicto», añadió el segundo funcionario.
En repetidas evaluaciones de amenazas, los funcionarios de Seguridad Nacional han advertido que el mayor peligro está «marcado por casos solitarios o ataques de grupos pequeños que ocurren sin previo aviso».
La evaluación de amenazas más reciente, publicada en septiembre, advirtió además sobre «ideologías raciales, étnicas, religiosas y antigubernamentales duraderas» que podrían servir como motivación.
A la preocupación se suman los videos gráficos de los ataques de Hamás, la propaganda pro-Hamás, las imágenes de las secuelas de la respuesta militar israelí en Gaza y la desinformación que ha inundado las plataformas de redes sociales.
Los funcionarios estadounidenses advierten que es el tipo de material que podría llevar al límite a quienes son propensos a la violencia.
«El volumen y la velocidad del contenido que fluye, ligados a lo que está sucediendo, pueden servir como acelerador», dijo el primer funcionario del DHS en respuesta a una pregunta de la Voz de América.
«Es algo que nos preocupa», añadió el funcionario. «Lo que hace es ejercer aún más presión sobre nuestros colegas de las fuerzas del orden locales, quienes a menudo son los primeros en observar o estar en condiciones de observar o tomar conocimiento de los movimientos de alguien en esa dirección».
Las agencias policiales estadounidenses no son las únicas preocupadas por la posible violencia que se extiende desde Israel y Gaza hacia Estados Unidos.
El ejército estadounidense y sus aliados también han estado vigilando de cerca a Hezbolá y otros grupos vinculados a Irán que se sabe que operan en América Central y del Sur, cuyos miembros podrían simpatizar con la causa de Hamás.
Estados Unidos está «observando muy, muy de cerca», dijo el miércoles el comandante del Comando Sur de Estados Unidos durante un foro en Washington.
«Al trabajar con nuestros países socios, obviamente ellos también están preocupados», dijo la general Laura Richardson .
Los funcionarios del DHS, sin embargo, dijeron el jueves que el departamento no tenía conocimiento de ninguna información que sugiriera que individuos con algún tipo de conexión con los ataques terroristas en Israel o que estén motivados por los ataques estén actualmente tratando de utilizar patrones migratorios para cruzar a EEUU por la frontera sur.
Internacionales
Diputados aprueban tratado entre Costa Rica y El Salvador que permitirá a los condenados cumplir sus penas en el país de origen
Un total de 37 diputados de la Asamblea Legislativa costarricense aprobaron en segundo debate el Proyecto de Ley 24.857, que ratifica un tratado bilateral entre Costa Rica y El Salvador para el cumplimiento de condenas penales en el extranjero.
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La iniciativa establece el marco legal que permitirá a personas privadas de libertad de ambas nacionalidades cumplir el resto de su sentencia en su país de origen, siempre que se cumplan una serie de requisitos previamente definidos.
El tratado tiene como principal objetivo facilitar los procesos de reinserción social de las personas condenadas, al permitirles finalizar su pena en un entorno cultural, social y familiar más cercano.
Además, el acuerdo busca fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad y justicia penal, en un contexto en el que ambos países enfrentan retos importantes relacionados con el sistema penitenciario y el hacinamiento carcelario.
Según lo aprobado, el traslado solo será posible para personas con sentencia firme y con el consentimiento expreso del condenado. Asimismo, se establece como requisito que al momento del traslado resten al menos seis meses de condena por cumplir.
El tratado excluye a quienes hayan sido condenados por delitos políticos, militares o contra la seguridad del Estado, limitando su aplicación a delitos de carácter común.
El acuerdo fue ratificado por El Salvador en octubre de 2023, mientras que en Costa Rica fue aprobado por el Plenario Legislativo en febrero de 2026, tras completar su trámite legislativo ordinario.
¿Quiénes votaron por el proyecto 24,857?
Pese a que durante la votación hubo 15 diputados ausentes, el proyecto logró reunir los 37 votos necesarios para su aprobación definitiva. El respaldo provino de seis de las siete bancadas representadas en la Asamblea Legislativa, evidenciando un amplio apoyo político, con la única excepción del Frente Amplio.
En el caso del Partido Liberación Nacional (PLN), 14 diputados votaron a favor, uno lo hizo en contra y tres se ausentaron. El Partido Progreso Social Democrático (PPSD) aportó ocho votos afirmativos, con un legislador ausente. Por su parte, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) registró seis votos a favor y dos ausencias.
La bancada de Nueva República apoyó el proyecto con tres votos afirmativos, mientras que otros tres diputados estuvieron ausentes. En contraste, el Frente Amplio se manifestó en contra de la iniciativa, con tres votos negativos y tres ausencias. Finalmente, el Partido Liberal Progresista registró un voto a favor y una ausencia.
En cuanto a los diputados independientes, cinco votaron a favor del tratado, uno en contra y dos estuvieron ausentes. La distribución de los votos reflejó un consenso mayoritario en torno a la cooperación internacional en materia penitenciaria, aunque también dejó en evidencia diferencias ideológicas sobre el alcance y las implicaciones del acuerdo.
En Costa Rica, la entidad responsable de velar por el cumplimiento del tratado será la Dirección de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y Paz. Esta institución tendrá a su cargo la coordinación de los traslados, la verificación de los requisitos legales y el seguimiento de las personas condenadas que sean repatriadas o enviadas al extranjero.
En el caso de El Salvador, la responsabilidad recaerá en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, específicamente en la Dirección General de Centros Penales. Para que el traslado de una persona condenada pueda concretarse, será indispensable el consentimiento de ambos Estados, así como el cumplimiento estricto de los procedimientos administrativos y de seguridad establecidos en el tratado.
Uno de los compromisos clave dentro del mecanismo de traslado de personas privadas de libertad es el intercambio oportuno y transparente de información entre las autoridades de ambos países. El trámite podrá ser solicitado tanto por los Estados como por los propios reos, sus familiares o representantes legales, aunque la decisión final siempre quedará en manos de las autoridades competentes.
El acuerdo también establece que los países definirán de manera conjunta los mecanismos de seguridad que se utilizarán durante los traslados.
Además, se garantiza que los condenados no podrán ser juzgados nuevamente por el mismo delito y que deberán respetarse los plazos y condiciones de la sentencia original. En los casos en que el reo padezca una enfermedad crónica o degenerativa, las autoridades deberán agilizar el análisis y resolución de las solicitudes de traslado.
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La fiscalía francesa cita a declarar a Elon Musk en el marco de una investigación sobre X
La fiscalía de París indicó este martes que citó a declarar en abril al propietario de la plataforma X, Elon Musk, y a su ex directora general Linda Yaccarino, en el marco de una investigación sobre esta red social.
«Se han enviado citaciones para audiciones voluntarias el 20 de abril de 2026, en París, al señor Elon Musk y a la señora Linda Yaccarino», señaló el ministerio público en un comunicado.
La justicia francesa abrió una investigación en 2025 a raíz de denuncias de diputados sobre el presunto sesgo en los algoritmos de X, que podría haber alterado su funcionamiento.
Las pesquisas se ampliaron a otros delitos como complicidad en la difusión de imágenes de pornografía infantil, y al rol de Grok, su IA, en la difusión de contenidos negacionistas e imágenes falsas de carácter sexual.
Esta citación a declarar debe «permitirles exponer su posición sobre los hechos y, en su caso, las medidas para cumplir [con la legislación] previstas», apuntó la fiscal de París, Laure Beccuau.
La fiscalía también anunció el allanamiento este martes de los locales en Francia de la plataforma X y el llamado a declarar de sus trabajadores, en calidad de testigos, entre el 20 y el 24 de abril de 2026.
A diferencia de la investigación sobre la plataforma australiana Kick, la justicia optó por llamar a declarar voluntariamente a Musk y Yaccarino con un «enfoque constructivo», según el comunicado.
A finales de enero, la justicia emitió órdenes de detención contra tres gerentes de Kick, en el marco de la investigación por la muerte en directo del «streamer» Jean Pormanove, al no presentarse a las primeras citaciones.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó el domingo que su país ha exportado, por primera vez en su historia, un primer cargamento de Gas Licuado de Petróleo (GLP).
A través de la aplicación Telegram, Rodríguez se manifestó orgullosa de compartir el momento en que zarpó desde Venezuela el buque Chrysopigi Lady, sin especificar el destino, con el primer cargamento de Gas Licuado de Petróleo.
«Junto a la clase trabajadora marcamos este hito histórico al exportar la primera molécula de gas del país, un logro para el bienestar del pueblo venezolano», manifestó Rodríguez.
La histórica exportación forma parte de una serie de esfuerzos del Gobierno venezolano por incrementar su producción energética, en medio de restricciones internacionales.
El pasado 16 de enero y sin especificar detalles del negocio, la presidenta encargada anunció que Venezuela había firmado un contrato internacional de comercialización de GLP. Rodríguez integró ayer en su gabinete a la hija del poderoso ministro de Interior de Venezuela, en un nuevo cambio ministerial al cumplirse casi un mes de la captura de Nicolás Maduro.
Daniella Cabello -sancionada por Estados Unidos- fue designada ministra de Turismo. Es hija del ministro Diosdado Cabello, por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de 25 millones de dólares por su captura.
Rodríguez asumió la presidencia tras el derrocamiento de Maduro en una incursión militar de Estados Unidos, que incluyó bombardeos a Caracas y varias regiones vecinas.
Al frente de la presidencia, ha cambiado varios ministros y a altos cargos militares.
Daniella Cabello asumirá la responsabilidad de impulsar el desarrollo y la promoción del Sistema Turístico Nacional, publicó la presidenta interina en Telegram.
