«Al final solo quedará uno» y ese uno es Henry Cavill, quien ha mostrado este miércoles las primeras imágenes de cómo lucirá como protagonista de la próxima adaptación cinematográfica de «Highlander».

«¡Feliz primer vistazo para Highlander! Este ha sido todo el viaje para mí, del cual os contaré todo sobre cuando sea el momento adecuado, pero es un momento especial para poder compartir esto. Espero que disfrutes», publicó Cavill en sus redes sociales junto a dos postales.

En ambas imágenes se ve un Cavill con el icónico look de «El Inmortal»: chaqueta larga, colores oscuros, apariencia sobria y sombría y la espada con la que luchará por convertirse en «El Único de los Inmortales».

Por el momento, no se han confirmado mayores detalles sobre esta nueva puesta en escena de «Highlander». Únicamente se conoce que será dirigida por Chad Stahelski, director de la primera entrega de la franquicia de «John Wick».

Medios especializados en farándula han hecho eco de este dato, resaltando el parecido de las imágenes de Cavill como «Highlander» con la fotografía y cinematografía características de la saga de John Wick, lo que pueden dar luces del matiz que tendrá la historia.

El cast de esta nueva adaptación incluirá también a Karen Gillan, conocida por dar vida a Nébula en «Guardianes de la Galaxia»; Russel Crowne, por películas como «Gladiador» y «Una Mente Brillante»; y Dave Bautista, exluchador de la WWE y quien también compartió créditos con Gillan en «Guardianes de la Galaxia».

La primera vez que la historia de «Highlander» fue llevada al cine fue en 1986 y protagonizada por Christopher Lambert junto a Sean Connery. Lambert dio vida a Connor MacCleod, un escocés que descubre su inmortalidad e investiga todo sobre la leyenda de una raza de humanos de la cual se profetiza que solo quedará uno de ellos.

La película de 1986 tuvo un elemento adicional que incrementó su popularidad: la participación de la banda Queen en el soundtrack, con la canción «Princes of the Universe», uno de los grandes temas de la historia del rock.

Luego, en 1992 y tras una secuela cinematográfica fallida por su poca recepción y malas críticas, llegó una versión para TV con Adrian Paul como protagonista, dando vida a Duncan MacCleod, primo de Connor y quien también lucha por ser un inmortal en la época actual

La población salvadoreña expresó su opinión sobre el trabajo que realiza el presidente de la república, Nayib Bukele, otorgando una calificación de 8.39 a su desempeño durante 2025, según la última encuesta realizada a finales del año anterior por el Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

De acuerdo con el estudio, denominado «Estabilidad, la seguridad versus fragilidad en la economía», dicha calificación incrementó en 26 décimas con respecto a la otorgada al trabajo presidencial en 2024, cuando fue de 8.13.

«Este resultado refleja una recuperación en el examen anterior», detalla el informe del Iudop-UCA, cuyos resultados fueron dados a conocer ayer, agregando que la evaluación «positiva» se debe a la «percepción de un bajo nivel delincuencial y la alta confianza en el presidente, su Gobierno y las instituciones de seguridad».

El estudio también indagó sobre la percepción de la población respecto al trabajo que realiza el Gobierno central en su conjunto, obteniendo que la población otorga una nota de 8.33.

Dicha puntuación también tiene un incremento, de 63 décimas, respecto al resultado de otro estudio similar del Iudop-UCA denominado «Situación del país al cierre de 2024», en el que la nota que la población brindó al Gobierno fue de 7.7.

El sondeo realizado entre el 2 y el 13 de diciembre de 2025, con 1,268 personas, también recogió los diversos niveles de confianza que los salvadoreños tienen en las instituciones y diferentes actores sociales del país.

Bukele encabeza la lista, con 77 %, que corresponde al mayor nivel de confianza expresado por la población consultada. Después del mandatario, las instituciones que obtienen los mejores porcentajes son el Gobierno central con 69.6 %, la Fuerza Armada con 69.1 % y la Policía Nacional Civil (PNC) con 68.2 %.

La población ubicó en un nivel intermedio de confianza a actores como la Iglesia católica, con 58.4 %; e instituciones como la Fiscalía General de la República (FGR) con 56.9 %, y el sistema penitenciario, con 56.3 %.

Con los menores niveles de confianza expresados por los encuestados están el sector empresarial, con 42.6 %; partidos políticos, que obtuvieron un 31.4 %; y las alcaldías, con 40.6 %.

De acuerdo con la encuesta del Iudop-UCA, en el balance general la seguridad pesa más que las dificultades económicas; al cierre de 2025, el 61 % de la población opinó que la situación del país en ese año fue mejor que la del año anterior (2024).

También se consultó sobre lo mejor que está ocurriendo en el país, y la población destacó el ambiente de seguridad, con 62.7 % de respaldo.

Entre las medidas que el Gobierno implementa para garantizar el ambiente de paz y tranquilidad está el Plan Control Territorial (PCT), con la implementación de políticas de prevención y reconstrucción del tejido social, fortalecido con el régimen de excepción, logrando desarticular a las pandillas al capturar a más de 90,000 integrantes de estas estructuras.

De hecho, un 6.7 % señaló específicamente que el combate a las pandillas es lo mejor que ocurre en el país; el 2.5 % consideró que es el trabajo del Gobierno central; y un 2 % mencionó el programa presidencial Dos Escuelas por Día.

Respecto a los principales problemas al cierre del año pasado, el 44.9 % dijo que son los económicos; entre esos, 28.4 % mencionó la economía en términos generales, mientras que 8.4 % puntualizó que es el alto costo de la vida y un 8.1 % el desempleo.

El proceso que se sigue en instancias judiciales contra Norman Quijano, entregado el lunes anterior por Estados Unidos, demuestra que el partido ARENA actuó fuera de los marcos legales, consideró David Hernández, analista y máster en Ciencias Políticas.

Hernández explicó a «Diario El Salvador» que la reciente deportación de Quijano «implica un doble efecto legal», tanto en su actuar personal como por seguir lineamientos de su partido.

«Se trata de la captura de un prófugo de la justicia salvadoreña por hechos delictivos por los cuales fue desaforado, investigado y condenado a más de 13 años», señaló.

Agregó que la reunión, en marzo de 2014, de Quijano con integrantes de pandillas estuvo al margen de la ley, y que su participación queda «debidamente demostrada en negociaciones con grupos terroristas pandilleriles para socavar el orden constitucional del país, mediante el pago ilícito de grandes sumas de dinero, así como promesas de participación de las pandillas en un futuro gobierno presidido por ARENA y Norman Quijano».

Hernández afirmó que es evidente que el excandidato presidencial tricolor «actuó, al igual que el fallecido exalcalde de Ilopango Salvador Ruano y el exalcalde de San Salvador Ernesto Muyshondt, siguiendo instrucciones del Coena [Consejo Ejecutivo Nacional] de ARENA».

Reiteró que esto «demuestra la actuación fuera de todos los marcos legales de la república. Y abre la posibilidad de cancelación como partido político por el Tribunal Supremo Electoral».

Arturo Grandon, analista de inteligencia, seguridad y terrorismo, sostiene que no importa el grado de poder que alguien haya ostentado en el pasado, y que si transgredió la ley debe pagar.

«Puede ser presidente de la república, diputados, alcaldes, empresarios, jueces, fiscales, pero si transgredieron la ley y están en contra de lo establecido en la legislación salvadoreña, en la Constitución, van a ser perseguidos, encarcelados y van a pagar conforme a lo que dice la ley», señaló en la entrevista de Canal 10.

Grandon añadió que estas circunstancias se ajustan a lo que ocurre con el exdiputado de ARENA, por lo tanto, «a la gente no le debe de extrañar que Norman Quijano llevó siempre adelante un plan bastante maléfico para mantenerse en el poder, y eso debe tener claro la ciudadanía, que ya no se va a seguir aceptando».

Quijano fue condenado como reo ausente en abril de 2024 por la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador, que le impuso una pena de 13 años con cuatro meses de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude procesal.

Orlando Rivas, director fiscal contra la corrupción, expuso en esa ocasión que los magistrados validaron toda la evidencia presentada por la Fiscalía durante el juicio.