Política
Seguros del Pacífico le da un plazo de 30 días al FMLN para cancelar el pago de la garantía total, tras pagarle su deuda política a Hacienda
La empresa, Seguros del Pacífico, S.A. hizo efectiva esta mañana de martes el pago de la deuda política que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), debía al Estado salvadoreño, y que el mismo presidente de la República, Nayib Bukele, denunció hace uno días atrás.
El pago se hizo efectivo por la aseguradora en mención, quien canceló un total de $2,671,945.26 este martes en el Ministerio de Hacienda, tal como lo había anunciado en un comunicado el pasado lunes.
El representante de la reconocida empresa aseguradora, Luis Rivas, fue quien se hizo presente al Ministerio de para cancelar la deuda política del partido de izquierda en las pasadas elecciones presidenciales.
Previo el pago, Luis Rivera advirtió al FMLN el pago de la garantía total cubierta esta mañana por la aseguradora que él representa.
Él fue enfático al señalar que el Frente ya no le debe $2.6 millones al Estado, sino que son $2.6 millones más intereses los que hoy le debe a Seguros del Pacífico.
Por tal razón, dicha empresa aseguradora le da un plazo de 30 días al FMLN para que entregue la contra garantía de lo contrario procederá al respectivo embargo de bienes.
El representante de la aseguradora dijo además que en un futuro los contratos adquiridos con partidos políticos serán “evaluados”, si requieren servicios de seguros por deuda.
De acuerdo con Rivas la garantía que habría sido presentada por el FMLN fue la empresa “Termopuerto”.
Esta empresa, vinculada con Alba Petróleos, trabaja en montar sistemas de tuberías de carga y descarga, con sus respectivos tanques de almacenamiento para fuel oil, para generar energía eléctrica en Acajutla, Sonsonate.
En la directiva de Termopuerto Limitada de Capital Variable aparece Hernández Ventura, el exalcalde de San Pedro Perulapán por el FMLN, quien también es directivo de Albatech Green Power.
Y junto al de Hernández Ventura, al revisar la directiva de Termopuerto, aparece también otro nombre ubicuo en los negocios Alba: Sigfredo Israel Merino Cabrera, el hermano de uno de los máximos dirigentes del FMLN, José Luis Merino. Mientras Merino Cabrera aparece en el Registro como primer director, Hernández Ventura aparece como segundo.
Luego de conocer el pago de la deuda, el presidente de la República, Nayib Bukele, reaccionó en su cuenta oficial de twitter, y dio la orden al titular de esa cartera de Estado que transfiera los fondos al Ministerio de Salud para la compra de camas y cunas que servirán para todos los hospitales del país.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
