Política
Pueblo dictador y el efecto Streisand
Los bukelefóbicos, tanto nacionales como los que hacen coro desde otros países, se llamen tanques de pensamiento, medios de comunicación, periodistas o analistas, siguen negando la realidad salvadoreña. No les basta lo alto y claro que se expresó nuestro pueblo en su conjunto, y particularmente la ciudadanía que reside dentro y fuera del país, que abrumadoramente (85 % y 98 %, respectivamente) le dio su respaldo y apoyo al presidente Bukele. Siguen llamándole dictador, autoritario y demás epítetos que solo confirman su odio visceral al líder que nuestro pueblo eligió libre y soberanamente en 2019 y reeligió democráticamente este 4 de febrero de 2024.
Nayib Bukele es el presidente más votado en toda la historia democrática de nuestro país, su mandato se ratificó en las urnas, su candidatura fue totalmente constitucional, porque así lo establece nuestra Constitución en el artículo 152, N.º 1, el mismo que nadie cita y al cual nunca se refieren:
«Art. 152.- No podrán ser candidatos a presidente de la República:
1º- El que haya desempeñado la presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del período presidencial».
Nayib no desempeñó la presidencia ni un día en el período inmediato anterior (2014-2019) porque el presidente era Salvador Sánchez Cerén del FMLN, y tampoco en los últimos seis meses anteriores al inicio del próximo período presidencial (1.º de junio de 2024), porque está en licencia desde el 1.º de diciembre de 2023. Por lo tanto, según el texto de esa norma constitucional, estaba habilitado para presentarse como candidato a un segundo mandato.
A ver si de una vez por todas dejan de repetir que la Constitución salvadoreña no permitía su candidatura para ese segundo período.
De otro lado, su partido Nuevas Ideas gana la mayoría de los escaños en la Asamblea Legislativa, suficiente para tomar decisiones de mayoría simple y mayoría calificada, porque así lo decidió el soberano pueblo salvadoreño por segunda vez. La primera fue en las elecciones del 28 de febrero de 2021, es decir, en estas elecciones el pueblo también ratificó su mandato mayoritario a la fracción legislativa de Nuevas Ideas.
Si en efecto se estuviera viviendo o perfilando una dictadura en nuestro país, no es Nayib quien la está construyendo, es el pueblo salvadoreño, los que vivimos en el territorio nacional y los que viven fuera, sus autores. Así que, si estos corifeos del «ancien régime» que vivían de los usufructos del antiguo «statu quo», el cual agoniza históricamente; si ellos, que son cada vez menos relevantes en la vida nacional, quieren buscar un dictador para lanzar sus dardos llenos de odio, ahí está el pueblo dictador.
Y por si fueran pocas las lecciones que les da la realidad, la cual no pueden entender porque están obnubilados, su estrategia de descalificación y ataques concertados contra el presidente Bukele y su gobierno, lanzados arteramente desde distintos foros, periódicos, noticieros, programas de opinión, etcétera, la semana previa a las elecciones, se les revirtió como un boomerang generando el efecto Streisand. Y en lugar de afectar la imagen y popularidad del presidente Bukele, lo catapultó para capitalizar el rechazo de nuestra población a las «fake news» en las redes, a los comentarios y noticias en la prensa facciosa, hasta darle ese triunfo apoteósico.
¿Habrá lecciones aprendidas que lleven a la languideciente oposición política a corregir su rumbo? Lo dudo, mientras sigan sus ideólogos nacionales y extranjeros obsesionados en atacar al presidente Bukele.
Si quieren ser tomados en serio y sobrevivir en el espectro político nacional, deberán aprender a aceptar la derrota, realizar un profundo análisis introspectivo para corregir sus errores y dejar de escuchar a quienes, desde posiciones de confort, siguen generando la confrontación con el presidente Bukele con lenguaje inflamatorio e infundadas acusaciones que solo ellos se creen.
El costo político no lo pagan esas ONG, esos periodistas que buscan fama atacando a Bukele, ni los medios amarillistas o los analistas prepago. Los medios venden, hacen negocio, ganan dinero, las ONG cobran y elevan sus tarifas cada vez que se vuelven más furibundas, y los analistas se cambian de bando, pero los que están condenados a desaparecer son los partidos políticos que siguen su script. Los salvadoreños son nobles e inteligentes, así que no ofendan su inteligencia, porque, si insisten en estas estrategias, seguirán recibiendo el rechazo de nuestro pueblo.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
