Política
Pueblo dictador y el efecto Streisand
Los bukelefóbicos, tanto nacionales como los que hacen coro desde otros países, se llamen tanques de pensamiento, medios de comunicación, periodistas o analistas, siguen negando la realidad salvadoreña. No les basta lo alto y claro que se expresó nuestro pueblo en su conjunto, y particularmente la ciudadanía que reside dentro y fuera del país, que abrumadoramente (85 % y 98 %, respectivamente) le dio su respaldo y apoyo al presidente Bukele. Siguen llamándole dictador, autoritario y demás epítetos que solo confirman su odio visceral al líder que nuestro pueblo eligió libre y soberanamente en 2019 y reeligió democráticamente este 4 de febrero de 2024.
Nayib Bukele es el presidente más votado en toda la historia democrática de nuestro país, su mandato se ratificó en las urnas, su candidatura fue totalmente constitucional, porque así lo establece nuestra Constitución en el artículo 152, N.º 1, el mismo que nadie cita y al cual nunca se refieren:
«Art. 152.- No podrán ser candidatos a presidente de la República:
1º- El que haya desempeñado la presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del período presidencial».
Nayib no desempeñó la presidencia ni un día en el período inmediato anterior (2014-2019) porque el presidente era Salvador Sánchez Cerén del FMLN, y tampoco en los últimos seis meses anteriores al inicio del próximo período presidencial (1.º de junio de 2024), porque está en licencia desde el 1.º de diciembre de 2023. Por lo tanto, según el texto de esa norma constitucional, estaba habilitado para presentarse como candidato a un segundo mandato.
A ver si de una vez por todas dejan de repetir que la Constitución salvadoreña no permitía su candidatura para ese segundo período.
De otro lado, su partido Nuevas Ideas gana la mayoría de los escaños en la Asamblea Legislativa, suficiente para tomar decisiones de mayoría simple y mayoría calificada, porque así lo decidió el soberano pueblo salvadoreño por segunda vez. La primera fue en las elecciones del 28 de febrero de 2021, es decir, en estas elecciones el pueblo también ratificó su mandato mayoritario a la fracción legislativa de Nuevas Ideas.
Si en efecto se estuviera viviendo o perfilando una dictadura en nuestro país, no es Nayib quien la está construyendo, es el pueblo salvadoreño, los que vivimos en el territorio nacional y los que viven fuera, sus autores. Así que, si estos corifeos del «ancien régime» que vivían de los usufructos del antiguo «statu quo», el cual agoniza históricamente; si ellos, que son cada vez menos relevantes en la vida nacional, quieren buscar un dictador para lanzar sus dardos llenos de odio, ahí está el pueblo dictador.
Y por si fueran pocas las lecciones que les da la realidad, la cual no pueden entender porque están obnubilados, su estrategia de descalificación y ataques concertados contra el presidente Bukele y su gobierno, lanzados arteramente desde distintos foros, periódicos, noticieros, programas de opinión, etcétera, la semana previa a las elecciones, se les revirtió como un boomerang generando el efecto Streisand. Y en lugar de afectar la imagen y popularidad del presidente Bukele, lo catapultó para capitalizar el rechazo de nuestra población a las «fake news» en las redes, a los comentarios y noticias en la prensa facciosa, hasta darle ese triunfo apoteósico.
¿Habrá lecciones aprendidas que lleven a la languideciente oposición política a corregir su rumbo? Lo dudo, mientras sigan sus ideólogos nacionales y extranjeros obsesionados en atacar al presidente Bukele.
Si quieren ser tomados en serio y sobrevivir en el espectro político nacional, deberán aprender a aceptar la derrota, realizar un profundo análisis introspectivo para corregir sus errores y dejar de escuchar a quienes, desde posiciones de confort, siguen generando la confrontación con el presidente Bukele con lenguaje inflamatorio e infundadas acusaciones que solo ellos se creen.
El costo político no lo pagan esas ONG, esos periodistas que buscan fama atacando a Bukele, ni los medios amarillistas o los analistas prepago. Los medios venden, hacen negocio, ganan dinero, las ONG cobran y elevan sus tarifas cada vez que se vuelven más furibundas, y los analistas se cambian de bando, pero los que están condenados a desaparecer son los partidos políticos que siguen su script. Los salvadoreños son nobles e inteligentes, así que no ofendan su inteligencia, porque, si insisten en estas estrategias, seguirán recibiendo el rechazo de nuestro pueblo.
Como parte del balance del primer año de gestión, el presidente de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Wálter Sosa, informó que concluyeron las auditorías de todos los ministerios del Gobierno central, y están al día los procesos en cada institución.
El funcionario señaló que es la primera vez en el ente contralor estatal que se alcanza dicho resultado. Destacó que se ha procurado fortalecer la eficiencia de las acciones para transparentar el uso de los fondos públicos.
«Quiero resaltar que, por primera vez, la Corte de Cuentas de la República realizó auditorías financieras a la totalidad de los ministerios del Gobierno central, dejándolos auditados hasta el año 2024. Para lograrlo, nuestros equipos de auditoría ejecutaron más de 100 acciones de control», explicó Sosa en entrevista con «Diario El Salvador».
Agregó que, desde el 7 de febrero de 2025, el trabajo institucional se ha enfocado en tres líneas estratégicas: garantizar la independencia de las auditorías y juicios de cuentas, modernizar los procesos de fiscalización y fortalecer las alianzas para la prevención de la corrupción.
«Este esfuerzo marca un antes y un después en la fiscalización del país, ya que la CCR tendrá una presencia concurrente en estas entidades para asegurar la transparencia y el uso adecuado de los fondos públicos», dijo el presidente de la CCR.
También manifestó que consolidan los datos para presentar la estadística recabada en la próxima entrega del informe de labores.
Recordó que durante su primer año al frente de la institución concluyeron el Plan Masivo de Fiscalización Municipal, y confirmó que están 100 % auditadas hasta 2024.
Por otra parte, dijo que otro de los logros de la actual gestión contralora es que, de manera transversal, se fortaleció la gestión administrativa con la creación de la Dirección Anticorrupción y el trabajo articulado con instituciones como la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República, el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría, entre otras entidades.
Enfatizó que continuarán el trabajo para reforzar la independencia y asegurar el cumplimiento legal y técnico en todos los procesos de auditorías financieras y de gestión, exámenes especiales y juicios de cuentas.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentó ayer su Memoria de Labores 2024–2025, como parte del ejercicio de rendición de cuentas y reflexión sobre el trabajo durante el período electoral. La actividad estuvo encabezada por la presidenta del TSE, Roxana Soriano.
Entre los avances destacados por la titular están la modernización tecnológica de los procesos institucionales, la creación del Ciclo Electoral Salvadoreño y la implementación de la Política Antisoborno y del Sistema de Gestión Antisoborno.
Asimismo, Soriano informó sobre los avances en la planificación del proceso electoral 2027, incluyendo la aprobación del Calendario Electoral, el Plan General de Elecciones, el Presupuesto Extraordinario y el fortalecimiento de la planificación del voto en el extranjero.
«En cada proceso ejecutado con rigor, en cada decisión responsable y en cada garantía brindada al ejercicio democrático se construye confianza pública y se fortalece el futuro de El Salvador», consideró la presidenta del organismo electoral.
Como parte de los preparativos de cara a los comicios generales de 2027, la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) prevé desarrollar 66 misiones de verificación del proceso de emisión del Documento Único de Identidad (DUI) en el exterior.
El director propietario de la JVE por el Partido de Concertación Nacional (PCN), Alexis Zepeda, aseguró que el derecho al voto de la diáspora está garantizado para los comicios del 28 de febrero de 2027.
«Nosotros tenemos un presupuesto para hacer las misiones de fiscalización en el extranjero. Tenemos más de 66 misiones para el voto en el presupuesto extraordinario, divididas entre los 11 institutos políticos que conformamos la JVE», explicó Zepeda.
Señaló que este proceso de fiscalización iniciará en septiembre próximo, con base en las coordinaciones que se hagan con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Las oficinas del RNPN ubicadas en diferentes países y consulados de El Salvador serán visitadas por la JVE con el propósito de verificar el debido proceso de emisión del DUI.
Zepeda reiteró que en las misiones en el extranjero, así como en las previstas en territorio nacional, participan los directores que representan a los 13 institutos políticos.
A la vez, dijo que estas misiones permitirán hacer un diagnóstico de las ciudades donde hay más concentración de salvadoreños.
En el territorio nacional también se desarrollará el proceso de fiscalización de duicentros, identificando los que tiene mayor afluencia.
Asimismo, enfatizó que la renovación masiva del DUI es importante para que la población tenga actualizado su documento y pueda ejercer su voto.
«Es fundamental que la gente esté en orden para aparecer en los padrones electorales. Si alguien no aparece en el padrón electoral, no puede ejercer el sufragio. Hemos solicitado, como Junta de Vigilancia Electoral, una audiencia para reunirnos con la junta directiva del RNPN para ver el plan de acción [de duización masiva]», indicó Zepeda.
Por otra parte, señaló que como JVE están verificando que se cumplan los tiempos establecidos en el calendario electoral publicado por el TSE
Zepeda comentó que las coordinaciones con el organismo colegiado y la JVE «son excelentes», y permiten desarrollar un proceso de fiscalización apegado a la ley
«Por mandato de ley se establece que verificamos el calendario electoral. Vamos viendo por tiempos cómo se va realizando todo el proceso en que se está organizando una elección. La relación que tenemos con el actual Tribunal Supremo Electoral, para mí, es una de las mejores de la historia», aseveró.
