Política
Mauricio Funes crea nueva cuenta de Twitter para defenderse: afirma que no tiene dinero para pagar un abogado que lo defienda
El expresidente de la República, Mauricio Funes, asilado en Nicaragua desde hace más de dos años y acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de apropiarse de $351 millones del Estado, anunció desde su cuenta de Twitter que no puede pagar un abogado y por esa razón abrió una nueva cuenta bajo el nombre «@FunesInocente», desde la que dice se defenderá contra la persecución política.
«Les comunico que he decidido abrir una nueva cuenta en las redes sociales para exponer con amplitud mi posición frente al proceso judicial que sigue la FGR en mi contra y en contra de mis familiares. El título de la cuenta es: @FunesInocente Por el momento solo estaré en Twitter», escribió el exmandatario.
El propósito de la cuenta, según Funes, es para reaccionar a las «acusaciones arbitrarias de la FGR, de los medios de comunicación y de los voceros de la oligarquía» y sostiene lo que argumentó desde que la Fiscalía lo acusó por primera vez, que su caso es un juicio político en venganza por destapar los mecanismos corruptos de los gobiernos anteriores.
El exmandatario dice que decidió hacerlo a través de las redes sociales porque no puede pagar un abogado y porque «la mayor parte de los medios me tienen bloqueado» y señala que no confía en la independencia del Órgano Judicial. «El propósito de la derecha es verme en la cárcel… a la derecha no le importa si soy culpable o no», y asegura que el objetivo es «cazarlo».
Una fuente de El Salvador Times indicó que el expresidente aceptará un defensor público ya que no cuenta con recursos para pagar un defensor privado. De acuerdo a las leyes salvadoreñas en caso de que un acusado no cuente con los recursos, el Estado está obligado a proporcionarle uno.
De hecho, en un tuit posterior al anuncio, Funes aseguró que hasta el momento las propuestas que ha tenido para defenderlo no bajan de $400,000. La respuesta fue a un cuestionamiento si la consultoría que realiza para el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, no le pagaba lo suficiente. «No hay consultoría que pueda pagar la tarifa que suele cobrar un abogado cuando el imputado es un expresidente. Hasta ahora solo he recibido propuestas que no bajan de $400,000», señaló.
Para la cuenta que lleva por nombre «Mi lucha contra la persecusión política», Funes decidió utilizar una foto de la exprimera dama de la República como perfil y una foto de él y una bandera de El Salvador de fondo. (Según la Real Academia de la Lengua Española (RAE) la forma correcta es «persecución»).
Por: El Salvador Times
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
