Política
Legalización de armas ayudará a prevenir delitos y a garantizar seguridad ciudadana
La Asamblea Legislativa emitió, con 57 votos, disposiciones transitorias para que los ciudadanos que tienen armas de fuego sin registrar se sometan al proceso de legalización en el Ministerio de Defensa Nacional y se les extienda la matrícula para tenencia y conducción; portación y colección de armas de fuego.
Esta medida que tendrá 90 días de vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial— le brindará seguridad jurídica a los interesados. Además, contribuirá a que las autoridades tengan un control real de las armas que están en manos de la población; ayudará a prevenir el cometimiento de delitos y reforzará las estrategias de seguridad, como el Plan Control Territorial, que han permitido generar un clima de paz en El Salvador.
Los diputados Caleb Navarro y Alexia Rivas, de la bancada de Nuevas Ideas, aclararon que con las disposiciones transitorias no se está fomentando la compra o utilización de armas, sino que se pretende que quienes las poseen de forma ilegal puedan regularizarlas.
Otro de los objetivos es facultar a las autoridades para que puedan captar y destruir las armas de fabricación artesanal o hechiza que se obtengan durante la vigencia del decreto.
Navarro recordó que, en el pasado, debido a la violencia ejercida por las pandillas, muchas personas se vieron obligadas a adquirir armas de fuego para defender su vida y sus bienes.
“Esta propuesta es un compromiso firme con la legalidad y el control efectivo del armamento que hay en nuestro país. La legalización es fundamental, ya que la tenencia de arma sin control no solo amenaza la paz pública, sino que fomenta un entorno propicio para la delincuencia”, afirmó el legislador.
Las personas que estén siendo procesadas o se encuentren cumpliendo condenas por cualquiera de los delitos previstos y sancionados en el Código Penal que hayan sido cometidos utilizando armas de fuego y los que hayan sido cometidos por agrupaciones ilícitas, actos de terrorismo y crimen organizado no podrán legalizar sus armas. Tampoco se inscribirán las que hayan sido vinculadas a hechos delictivos, explicó la diputada Rivas.
Requisitos para registrar un arma
Para legaliza un arma de fuego los interesados deberán cumplir estos requisitos:
Presentar ante el Ministerio de la Defensa Nacional la solicitud con datos personales e información del arma a registrar. (El formulario va a ser entregado por las Oficinas de Registro y Control de Armas de Fuego).
Presentar el arma sin registrar en las Oficinas de Registro y Control de Armas de Fuego, en donde quedará en depósito para efectos de control, cuando no se haya adquirido en establecimientos nacionales autorizados para la venta.
Entregar cuatro municiones para que se puedan tomar las huellas balísticas del arma.
Adjuntar solicitud, facturas del arma ya sea que se haya adquirido en establecimientos nacionales o del extranjero, o un documento que compruebe la compra. Además, se debe adjuntar fotocopia de la licencia para el uso de arma.
Ser mayor de 21 años para obtener las matrículas de tenencia y conducción y mayor de 24 para la matrícula de portación.
Presentar constancia de antecedentes penales y solvencia de la Policía Nacional Civil.
Nacionales
Fiscal General presenta opinión técnica sobre reformas a la Ley contra el Crimen Organizado
El Fiscal General, Rodolfo Delgado, participó este día en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa para brindar su opinión técnica sobre las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, propuestas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Delgado destacó que estas modificaciones representan la mayor reforma en materia procesal penal desde 1998, y permitirán iniciar juicios contra personas detenidas en el marco del Régimen de Excepción. “Estas reformas son importantes porque priorizan el combate a las organizaciones criminales con estructuras jerárquicas y permiten la persecución de grupos transnacionales que operan de manera sistemática en el país”, señaló.
Asimismo, el Fiscal General resaltó la inclusión de un rol definido para el juez de menores dentro del proceso penal, asegurando que se respeten los derechos de adolescentes detenidos vinculados a pandillas. “El juez de menores garantiza los derechos previstos en tratados y convenciones internacionales, mientras que el juez de crimen organizado dirige el proceso y analiza la evidencia”, explicó Delgado.
El Fiscal General consideró que las reformas fortalecerán la labor de los fiscales y mantendrán el equilibrio de las garantías procesales para los detenidos, además de facilitar el manejo de los más de 600 procesos judiciales relacionados con las 88,750 personas capturadas hasta la fecha.
Política
Diputada propone reforma constitucional para ampliar período presidencial y eliminar segunda vuelta
La diputada Ana Figueroa, del partido Nuevas Ideas, presentó este jueves una propuesta para reformar seis artículos de la Constitución de la República, con el fin de introducir cambios profundos en el sistema presidencial de El Salvador. La iniciativa contempla modificar los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 del texto constitucional.
Entre los cambios más relevantes se encuentra la ampliación del período presidencial de cinco a seis años, así como la eliminación de la segunda vuelta electoral. Según la legisladora, estas reformas permitirían reducir costos electorales, fortalecer la seguridad jurídica y atraer inversión extranjera, al dar mayor estabilidad al país.
Otro de los ejes principales de la propuesta es permitir la reelección presidencial indefinida, dejando en manos del electorado la decisión sobre la continuidad de un mandatario. “Queremos que sea el pueblo quien decida hasta cuándo apoyar a un presidente”, afirmó Figueroa durante la presentación del documento.
Asimismo, la propuesta contempla una disposición transitoria para acortar el actual período presidencial en dos años, de modo que finalice en 2027. Con esto, se pretende unificar en una sola fecha las elecciones presidenciales, legislativas y municipales, buscando así mayor eficiencia en el calendario electoral.
La eliminación de la segunda vuelta presidencial también forma parte del planteamiento, estableciendo que será elegido presidente el candidato que obtenga la mayoría simple de votos, sin necesidad de alcanzar el 50 %.
La iniciativa cuenta con el respaldo de 57 diputados y fue presentada con dispensa de trámite, lo que permitirá su pronta discusión en el pleno legislativo. De ser aprobadas, estas reformas marcarían una reconfiguración del sistema democrático salvadoreño.
Con 57 votos a favor, diputados de Nuevas Ideas y sus aliados respaldaron este jueves una solicitud de reforma constitucional para que El Salvador se retire del Parlamento Centroamericano (PARLACEN). La iniciativa fue presentada por el legislador Giovanny Zaldaña con dispensa de trámite, y busca modificar los artículos 80 y 133 de la Constitución de la República.
Zaldaña argumentó que la participación del país en el organismo regional “no está generando beneficios concretos para el pueblo salvadoreño” y aseguró que su propuesta responde a la “voluntad del pueblo” y de la mayoría legislativa. Los partidos ARENA y Vamos no firmaron la propuesta.
Desde el partido Vamos, la diputada Claudia Ortiz expresó su respaldo al debate sobre la continuidad de El Salvador en el PARLACEN, aunque criticó la forma en que se impulsa la reforma. “Estoy de acuerdo con que se inicie la discusión, pero no con que se haga por dispensa de trámite. La Constitución de la República no es cualquier ley”, subrayó.
Ortiz también señaló que el PARLACEN no ha mostrado avances en el proceso de integración regional ni mantiene una comunicación efectiva entre los parlamentarios y la ciudadanía. “No ha dado resultados y no es representativo de la gente”, declaró.
El Parlamento Centroamericano es el órgano político y democrático del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Sus diputados son electos por voto popular y representan a más de 50 partidos políticos de distintas ideologías, en países como Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y El Salvador.
Entre sus principales funciones están la promoción de la integración regional, el fortalecimiento de la democracia, la paz y la protección de los derechos humanos en la región.
La propuesta de reforma constitucional deberá seguir su curso legislativo, lo que podría abrir un debate más amplio sobre el papel de El Salvador en los organismos de integración regional.
