Política
Expresidente Cristiani sigue en el cuadro de honor de ARENA
Alfredo Félix Cristiani Burkard, expresidente de la república por el partido ARENA y ahora prófugo de la justicia, continúa siendo militante y presidente de ese instituto político, confirmó ayer el presidente del tricolor, Carlos García Saade. «Sí, por supuesto [sigue siendo miembro del partido]. Es más, es presidente honorario del partido», dijo García Saade en una entrevista cuyo video fue publicado en la red social X.
García Saade también posteó en esa red, posterior a sus declaraciones en la entrevista, que Cristiani Burkard «no es prófugo [de la justicia], sino que es un perseguido político».
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó en junio pasado un dictamen de acusación contra el exmandatario arenero en el que se lo señala de haber autorizado la masacre de los seis sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras en noviembre de 1989, en medio de una ofensiva guerrillera.
«Se ha presentado el dictamen de acusación en contra de los imputados en el asesinato de los jesuitas. Consta en las investigaciones que el expresidente Alfredo Cristiani estuvo presente en la reunión donde se coordinó el crimen y autorizó su ejecución», informó el ministerio público.
Un tribunal de San Salvador ordenó a principios de 2022 la detención provisional contra Cristiani Burkard y otros cinco acusados, luego de celebrarse la audiencia inicial a raíz de la reapertura del caso por parte de la FGR.
El tribunal argumentó su decisión en que el exmandatario no se presentó ni envió representantes a la audiencia judicial donde sería juzgado por el delito de comisión por omisión del suceso, ocurrido el 16 de noviembre en las instalaciones de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
Las víctimas de esa masacre fueron los sacerdotes Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín Baró, Amando López, Juan Ramón Moreno, Joaquín López y sus colaboradoras Elba y Celina Ramos. La Fiscalía, por otra parte, intervino el pasado 1.º de junio varios bienes muebles e inmuebles que eran propiedad del expresidente Cristiani Burkard, como parte de la guerra contra la corrupción anunciada por el presidente Nayib Bukele en su mensaje a la nación del cuarto año de gestión.
El fiscal general, Rodolfo Delgado, explicó que al asumir el cargo se encontró «con una investigación que estaba tirada, archivada por otras administraciones [fiscales]. Esa investigación señalaba actos de corrupción y de enriquecimiento ilícito […]. Fue un presidente de los ladrones, que se enriquecieron del dinero público». Las incautaciones contra el expresidente prófugo suman $85 millones.
Como parte de los preparativos de cara a los comicios generales de 2027, la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) prevé desarrollar 66 misiones de verificación del proceso de emisión del Documento Único de Identidad (DUI) en el exterior.
El director propietario de la JVE por el Partido de Concertación Nacional (PCN), Alexis Zepeda, aseguró que el derecho al voto de la diáspora está garantizado para los comicios del 28 de febrero de 2027.
«Nosotros tenemos un presupuesto para hacer las misiones de fiscalización en el extranjero. Tenemos más de 66 misiones para el voto en el presupuesto extraordinario, divididas entre los 11 institutos políticos que conformamos la JVE», explicó Zepeda.
Señaló que este proceso de fiscalización iniciará en septiembre próximo, con base en las coordinaciones que se hagan con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Las oficinas del RNPN ubicadas en diferentes países y consulados de El Salvador serán visitadas por la JVE con el propósito de verificar el debido proceso de emisión del DUI.
Zepeda reiteró que en las misiones en el extranjero, así como en las previstas en territorio nacional, participan los directores que representan a los 13 institutos políticos.
A la vez, dijo que estas misiones permitirán hacer un diagnóstico de las ciudades donde hay más concentración de salvadoreños.
En el territorio nacional también se desarrollará el proceso de fiscalización de duicentros, identificando los que tiene mayor afluencia.
Asimismo, enfatizó que la renovación masiva del DUI es importante para que la población tenga actualizado su documento y pueda ejercer su voto.
«Es fundamental que la gente esté en orden para aparecer en los padrones electorales. Si alguien no aparece en el padrón electoral, no puede ejercer el sufragio. Hemos solicitado, como Junta de Vigilancia Electoral, una audiencia para reunirnos con la junta directiva del RNPN para ver el plan de acción [de duización masiva]», indicó Zepeda.
Por otra parte, señaló que como JVE están verificando que se cumplan los tiempos establecidos en el calendario electoral publicado por el TSE
Zepeda comentó que las coordinaciones con el organismo colegiado y la JVE «son excelentes», y permiten desarrollar un proceso de fiscalización apegado a la ley
«Por mandato de ley se establece que verificamos el calendario electoral. Vamos viendo por tiempos cómo se va realizando todo el proceso en que se está organizando una elección. La relación que tenemos con el actual Tribunal Supremo Electoral, para mí, es una de las mejores de la historia», aseveró.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, reiteró que participará en las elecciones legislativas del 28 de febrero de 2027 con el objetivo de buscar un tercer período como diputado del partido Nuevas Ideas.
Castro señaló que su decisión responde a que aún considera que hay muchas cosas por hacer en el país, aunque aclaró que primero deberán cumplirse los procesos correspondientes, como las elecciones internas del partido y el proceso electoral.
Indicó que mantendría su forma de trabajo con puertas abiertas a la población, comunicadores y creadores de contenido, y aseguró que no permitirá el regreso de prácticas del pasado, como la corrupción y el despilfarro.
Además, afirmó que la historia ha mostrado las razones por las que, según él, la población no apoya a la oposición en la Asamblea Legislativa.
La diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, cuestionó la operación militar para detener a Nicolás Maduro, acusado por Washington de dirigir un cartel de narcotráfico.
«El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su ac El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su actuación se dirige contra una organización criminal transnacional. Combatir el narcotráfico es una preocupación legítima y compartida por las democracias. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que cuando el poder se ejerce sin límites democráticos, incluso frente a enemigos reales, se corre el riesgo de reproducir aquello que se dice combatir», reaccionó en X.
La legisladora sostuvo que el desafío para la región no es solo combatir el crimen organizado, «sino hacerlo sin convertir la excepción en regla ni debilitar el Estado de derecho. Sin instituciones activas no hay democracia que resista».
Al respecto, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, reaccionó a la publicación de la legisla dora. «Entiendo, entonces, lo siguiente: Usted rechaza las acciones gracias a las cuales EE. UU. ha capturado a Nicolás Maduro. Además, condena el “poder sin límites” refiriéndose al presidente Trump».
«También deja claro que DESLEGITIMA todo lo que hará el presidente Trump en Venezuela», agregó Castro. Sin embargo, Maduro y sus aliados han convertido las instituciones venezolanas en un semillero de corrupción.
