Política
EE.UU. llama a los tres poderes del Estado a calmar las tensiones durante la emergencia nacional por COVID-19
La tensión generada entre el Presidente Nayib Bukele, la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia por la manera en que el Ejecutivo ha manejado la crisis por el Covid-19 y últimamente por un decreto para continuar el Estado de Emergencia por 30 días más hizo que el embajador de los Estados Unidos en El Salvador, Ronald Johnson, pidiera a los tres Órganos de Estado resolver las diferencias por la vía del dialogo.
“Llamamos a los líderes de los tres poderes a abrir canales de diálogo constructivo y a reducir la confrontación lo antes posible por el bien de la nación. Nos necesitamos los unos a los otros, hoy más que nunca”, expresó el diplomático.
“EE.UU. apoya a las tres ramas del gobierno, como siempre lo hemos hecho. Alentamos a cada uno de los tres a que trabajen en conjunto, para encontrar soluciones oportunas para esta crisis, sin poner en riesgo los logros democráticos de El Salvador o la salud y bienestar de su gente”, fue el llamado que hiciera desde sus redes sociales.
Johnson pidió también buscar en la unidad, en conjunto con el sector privado, la reactivación económica del país, para la cual ofreció ayuda.
“EE.UU. está ayudando a El Salvador ahora, y estaremos aquí trabajando junto a todas las ramas del gobierno, el sector privado y los salvadoreños para ayudar a enfrentar la reactivación económica del país que es tan necesaria ¡Nuestras oraciones y esperanzas están con todos ustedes!”, externó.
Embajador muy atento a lo que ocurre en El Salvador
Esta no es la primera vez que el diplomático norteamericano se pronuncia respecto a hechos que han generado tensión entre Órganos de Estado como sucedió el 9 de febrero cuando militares ingresaron a la Asamblea Legislativa del que dijo estar en desacuerdo.
“No apruebo la presencia de la Fuerza Armada en la Asamblea Legislativa, me sentí aliviado que esa tensa situación terminó sin violencia. Ahora reconozco los llamados a la paciencia y la prudencia. Me uno a todos los actores que están pidiendo un diálogo pacífico para avanzar”, expresó en esa ocasión.
“Insto a todas las partes involucradas a que rechacen cualquier otra forma de superar el desacuerdo actual”, fue su llamado.
Por: El Salvador Times.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
