Política
Benito Lara es el nuevo asesor del FMLN en la Asamblea
Luego de su sustitución como ministro de Seguridad, Benito Lara intentó volver a la Asamblea Legislativa y corrió buscando un curul en las elecciones legislativas y municipales del 2018, pero la población no lo eligió. De todas formas, Lara consiguió llegar de nuevo al Órgano Legislativo, pero esta vez no como diputado, sino como asesor de la fracción.
Llevar a excandidatos a cargos públicos a la Asamblea es una medida común entre los partidos y aún más en el FMLN, que tiene trabajando a varios de los que un día fueron diputados y que no consiguieron reengancharse con otro período. Lara se une a esta lista.
Lorena Peña, Blandino Nerio, Rolando Mata, Misael Mejía, Zoila Quijada son algunos de los excandidatos que el Frente tiene en la Asamblea, todos con algo en común, buscaron un curul en el 2018 pero no lo lograron (salvo Lorena Pena, que no compitió).
Una fuente de la Asamblea advirtió de un movimiento de plazas en el FMLN, por lo que El Salvador Times, vía solicitud de acceso a la información, pudo corroborar dicho hecho. El FMLN hizo algunas contrataciones, con Benito Lara a la cabeza.
Según se detalla en el listado en poder de este medio, a partir del 3 de junio, dos días después del traspaso de mando presidencial, Benito Lara se convirtió en nuevo “asesor” del partido en la Asamblea, con un sueldo de $2,000 mensuales.
El FMLN es el partido que mejor paga salarios en el Órgano Legislativo, especialmente con las personas que se convierten en sus asesores. Hasta enero de 2019, el promedio que recibían sus 16 asesores era de $2,629, Lara recibirá una cifra un poco menor.
Una fuente del partido efemelenista dijo que Lara verá, junto con Misael Mejía, los temas referentes a la seguridad pública.
Dentro de las nuevas contrataciones que hizo el FMLN en la institución, destaca otra cara conocida, que estaba trabajando con el ejecutivo liderado por Salvador Sánchez Cerén, pero luego de la llegada de Nayib Bukele dejó su puesto.
Marta Lorena Araujo, quien hasta el 31 de mayo laboró como gobernadora del departamento de La Libertad, se convirtió a partir del 13 de junio, en una de las “colaboradoras administrativas” del partido en dicha institución.
El partido también llamó Elías Romero Gómez, uno de los exintegrantes del Consejo Nacional, para que se desempeñe como “analista de fracción”, cargo que ostenta desde el 1 de julio de 2019.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
