Política
Asignan más de $1,000 millones del presupuesto a programas sociales
El proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado 2026 conlleva una importante asignación de recursos para desarrollar programas sociales cuyos beneficios llegan a la población, a través de diferentes rubros.
«El fondo hacia programas sociales que incorpora el presupuesto es de $1,002.7 millones, que beneficiarán de forma directa a la población», indicó el ministro de Hacienda, Jerson Posada, durante la presentación que brindó a los integrantes de la comisión de hacienda y especial del presupuesto de la Asamblea Legislativa.
Algunos de los sectores que serán beneficiados con dichos programas son niños, adolescentes y jóvenes estudiantes; así como mujeres, población de la tercera edad, población en situación de pobreza, personas que han sido víctimas de graves violaciones, entre otros sectores vulnerables.
Para el desarrollo de programas sociales en el área de educación se asignan $717.8 millones, lo que equivale al 71.6 % del total contemplado.
«Dentro de estos programas sociales se incluye, por el lado de salud, el Programa Integrado de Salud, con $6.4 millones; todos los programas relacionados a Mi Nueva escuela por $591.5 millones; y acá se incluye el apoyo a la profesionalización docente ($7.5 millones); atención de la salud y nutrición escolar ($20.4 millones); atención a educación de la primera infancia y a Centros de Desarrollo Infantil ($261.6 millones); y proyectos de inversión por $301.1 millones», detalló Posada.
El Ejecutivo ha previsto para 2026 la necesidad de un presupuesto escolar de $21.7 millones; asimismo, $21.8 millones para continuar entregando el bono de gratuidad; y $5.6 millones para el programa de universidad virtual y jóvenes talentos.
Dentro de estos programas sociales también se incluyen aquellos que están enfocados en erradicar la pobreza y a favor del desarrollo económico local, para lo cual se dispone de una partida de $35.1 millones.
Entre los destinos hay $24.9 millones para la atención del adulto mayor y a personas con discapacidad; mientras que los $10.1 millones restantes serán para desarrollo productivo, apoyo a la prevención de violencia, el desarrollo de espacios seguros, para la convivencia de los jóvenes en El Salvador, y para el programa de indemnización de víctimas de graves violaciones.
El ministro de Hacienda mencionó que también se presupuestan $185.7 millones para la atención a veteranos y excombatientes.
Además, se prevé mantener el bono agrícola, para lo cual se considera la necesidad de un fondo por $5.9 millones.
Otros $5.9 millones estima el Ejecutivo necesario para desarrollar el programa Ciudad Mujer; mientras que $5.2 millones serán para realizar programas de desarrollo integral para los habitantes de El Mozote y sitios aledaños; para la atención integral del veterano de guerra y para el Programa Territorios de Progreso.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
