Política
Asignan más de $1,000 millones del presupuesto a programas sociales
El proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado 2026 conlleva una importante asignación de recursos para desarrollar programas sociales cuyos beneficios llegan a la población, a través de diferentes rubros.
«El fondo hacia programas sociales que incorpora el presupuesto es de $1,002.7 millones, que beneficiarán de forma directa a la población», indicó el ministro de Hacienda, Jerson Posada, durante la presentación que brindó a los integrantes de la comisión de hacienda y especial del presupuesto de la Asamblea Legislativa.
Algunos de los sectores que serán beneficiados con dichos programas son niños, adolescentes y jóvenes estudiantes; así como mujeres, población de la tercera edad, población en situación de pobreza, personas que han sido víctimas de graves violaciones, entre otros sectores vulnerables.
Para el desarrollo de programas sociales en el área de educación se asignan $717.8 millones, lo que equivale al 71.6 % del total contemplado.
«Dentro de estos programas sociales se incluye, por el lado de salud, el Programa Integrado de Salud, con $6.4 millones; todos los programas relacionados a Mi Nueva escuela por $591.5 millones; y acá se incluye el apoyo a la profesionalización docente ($7.5 millones); atención de la salud y nutrición escolar ($20.4 millones); atención a educación de la primera infancia y a Centros de Desarrollo Infantil ($261.6 millones); y proyectos de inversión por $301.1 millones», detalló Posada.
El Ejecutivo ha previsto para 2026 la necesidad de un presupuesto escolar de $21.7 millones; asimismo, $21.8 millones para continuar entregando el bono de gratuidad; y $5.6 millones para el programa de universidad virtual y jóvenes talentos.
Dentro de estos programas sociales también se incluyen aquellos que están enfocados en erradicar la pobreza y a favor del desarrollo económico local, para lo cual se dispone de una partida de $35.1 millones.
Entre los destinos hay $24.9 millones para la atención del adulto mayor y a personas con discapacidad; mientras que los $10.1 millones restantes serán para desarrollo productivo, apoyo a la prevención de violencia, el desarrollo de espacios seguros, para la convivencia de los jóvenes en El Salvador, y para el programa de indemnización de víctimas de graves violaciones.
El ministro de Hacienda mencionó que también se presupuestan $185.7 millones para la atención a veteranos y excombatientes.
Además, se prevé mantener el bono agrícola, para lo cual se considera la necesidad de un fondo por $5.9 millones.
Otros $5.9 millones estima el Ejecutivo necesario para desarrollar el programa Ciudad Mujer; mientras que $5.2 millones serán para realizar programas de desarrollo integral para los habitantes de El Mozote y sitios aledaños; para la atención integral del veterano de guerra y para el Programa Territorios de Progreso.
Como parte de los preparativos de cara a los comicios generales de 2027, la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) prevé desarrollar 66 misiones de verificación del proceso de emisión del Documento Único de Identidad (DUI) en el exterior.
El director propietario de la JVE por el Partido de Concertación Nacional (PCN), Alexis Zepeda, aseguró que el derecho al voto de la diáspora está garantizado para los comicios del 28 de febrero de 2027.
«Nosotros tenemos un presupuesto para hacer las misiones de fiscalización en el extranjero. Tenemos más de 66 misiones para el voto en el presupuesto extraordinario, divididas entre los 11 institutos políticos que conformamos la JVE», explicó Zepeda.
Señaló que este proceso de fiscalización iniciará en septiembre próximo, con base en las coordinaciones que se hagan con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Las oficinas del RNPN ubicadas en diferentes países y consulados de El Salvador serán visitadas por la JVE con el propósito de verificar el debido proceso de emisión del DUI.
Zepeda reiteró que en las misiones en el extranjero, así como en las previstas en territorio nacional, participan los directores que representan a los 13 institutos políticos.
A la vez, dijo que estas misiones permitirán hacer un diagnóstico de las ciudades donde hay más concentración de salvadoreños.
En el territorio nacional también se desarrollará el proceso de fiscalización de duicentros, identificando los que tiene mayor afluencia.
Asimismo, enfatizó que la renovación masiva del DUI es importante para que la población tenga actualizado su documento y pueda ejercer su voto.
«Es fundamental que la gente esté en orden para aparecer en los padrones electorales. Si alguien no aparece en el padrón electoral, no puede ejercer el sufragio. Hemos solicitado, como Junta de Vigilancia Electoral, una audiencia para reunirnos con la junta directiva del RNPN para ver el plan de acción [de duización masiva]», indicó Zepeda.
Por otra parte, señaló que como JVE están verificando que se cumplan los tiempos establecidos en el calendario electoral publicado por el TSE
Zepeda comentó que las coordinaciones con el organismo colegiado y la JVE «son excelentes», y permiten desarrollar un proceso de fiscalización apegado a la ley
«Por mandato de ley se establece que verificamos el calendario electoral. Vamos viendo por tiempos cómo se va realizando todo el proceso en que se está organizando una elección. La relación que tenemos con el actual Tribunal Supremo Electoral, para mí, es una de las mejores de la historia», aseveró.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, reiteró que participará en las elecciones legislativas del 28 de febrero de 2027 con el objetivo de buscar un tercer período como diputado del partido Nuevas Ideas.
Castro señaló que su decisión responde a que aún considera que hay muchas cosas por hacer en el país, aunque aclaró que primero deberán cumplirse los procesos correspondientes, como las elecciones internas del partido y el proceso electoral.
Indicó que mantendría su forma de trabajo con puertas abiertas a la población, comunicadores y creadores de contenido, y aseguró que no permitirá el regreso de prácticas del pasado, como la corrupción y el despilfarro.
Además, afirmó que la historia ha mostrado las razones por las que, según él, la población no apoya a la oposición en la Asamblea Legislativa.
La diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, cuestionó la operación militar para detener a Nicolás Maduro, acusado por Washington de dirigir un cartel de narcotráfico.
«El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su ac El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su actuación se dirige contra una organización criminal transnacional. Combatir el narcotráfico es una preocupación legítima y compartida por las democracias. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que cuando el poder se ejerce sin límites democráticos, incluso frente a enemigos reales, se corre el riesgo de reproducir aquello que se dice combatir», reaccionó en X.
La legisladora sostuvo que el desafío para la región no es solo combatir el crimen organizado, «sino hacerlo sin convertir la excepción en regla ni debilitar el Estado de derecho. Sin instituciones activas no hay democracia que resista».
Al respecto, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, reaccionó a la publicación de la legisla dora. «Entiendo, entonces, lo siguiente: Usted rechaza las acciones gracias a las cuales EE. UU. ha capturado a Nicolás Maduro. Además, condena el “poder sin límites” refiriéndose al presidente Trump».
«También deja claro que DESLEGITIMA todo lo que hará el presidente Trump en Venezuela», agregó Castro. Sin embargo, Maduro y sus aliados han convertido las instituciones venezolanas en un semillero de corrupción.
