Política
Acción Ciudadana reafirmó que su labor como organización es en favor de la democracia y no para beneficiar a ninguna candidatura política
En un comunicado de Prensa, La Acción Ciudadana, ante las declaraciones brindadas por funcionarios públicos y
candidatos a la Presidencia de la República, expresó lo siguiente:
1) Negamos categóricamente que nuestra organización recibiera fondos de institutos
políticos o sectores afines para la elaboración del baremo con el cual evaluamos a los
30 candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La evaluación realizada
observó una rigurosa metodología, retomando datos de las hojas de vida de los
aspirantes y de los obtenidos de las entrevistas que la subcomisión legislativa les
efectuó. En esa medida, nuestra evaluación está desligada de intereses políticopartidarios,
pues solo fue un insumo objetivo útil para la decisión política que debe
adoptar la Asamblea Legislativa. Hacemos un llamado a los funcionarios a que se
abstengan de realizar señalamientos infundados en contra de nuestra organización.
2) Desde 2016, nuestra organización ha desarrollado un trabajo serio, riguroso,
sistemático, imparcial y honesto en materia de transparencia financiera de los partidos
políticos. Los informes y análisis que hemos publicado dan fe de lo anterior. El
monitoreo que hicimos público sobre el gasto de campaña que han efectuado los
partidos políticos en el mes de octubre de 2018 en el contexto de la elección
presidencial, tampoco escapa a la rigurosidad que acostumbra observar nuestra
organización. Los datos que hemos publicado fueron obtenidos por una empresa que
tiene la suficiente experiencia en la materia y que ha proporcionado datos a las
autoridades electores de Guatemala que han derivado en sanciones y cancelaciones de
partidos políticos por financiamiento ilegal. Rechazamos cualquier declaración que
afirme la existencia de una finalidad partidaria-electoral en la publicación de los datos
del monitoreo.
Reafirmamos a la ciudadanía que nuestra labor como organización es en favor de la
democracia y no para beneficiar a candidatura o partido alguno. Reiteramos que
continuaremos nuestra labor de contraloría social a los partidos y al sistema político tal
como lo hemos hecho desde 2016.
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El politólogo Óscar Martínez Peñate reiteró ayer que la población eliminará, a través de su voto en los comicios generales de 2027, al FMLN y ARENA como partidos políticos.
Inicialmente planteó que el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI, del cual es integrante, solicitaría al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la cancelación de ambos partidos, pues varios de sus dirigentes negociaron con las pandillas para tener respaldo en las urnas.
«Como Círculo de Reflexión Política Siglo XXI decidimos que no le vamos a quitar ese privilegio y derecho a la población, para que sea quien elimine a estos dos partidos, en las elecciones de 2027, por todo el daño que le han causado a El Salvador», reafirmó.
Ernesto Muyshondt, de ARENA, yasí como Benito Lara y Arístides Valencia, del FMLN, en su calidad de diputados se reunieron con pandilleros y negociaron el respaldo de las estructuras criminales para los comicios presidenciales de 2014, según investigación de la Fiscalía General de la República. Ya fueron dictadas sentencias por ese delito.
Los dos partidos gobernaron de 1989 a 2019, y ahora carecen de la preferencia ciudadana, según mostró la última encuesta de CID Gallup.
«No queremos quitarle la maravillosa oportunidad al pueblo salvadoreño de que vayan a las urnas y lo hagan de mano propia (eliminar a ARENA y FMLN)», declaró también el abogado Aldo Álvarez, integrante del Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
Opinión | Óscar Martínez Peñate
Politólogo
Este artículo fue publicado originalmente por Diario El Salvador.
La Asamblea Legislativa aprobó ayer la Ley de Fomento para el Uso de la Energía Renovable, propuesta por el Ejecutivo, para contribuir con la sostenibilidad de la matriz energética de El Salvador brindando alternativas innovadoras a los ciudadanos para la satisfacción de sus necesidades en cuanto al servicio básico de electricidad.
La normativa, que consta de 15 artículos y fue respaldada por los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, busca «el fomento en la instalación de sistemas o equipamientos de generación de energía eléctrica producida por fuentes renovables, ya sea convencionales o no, así como para su almacenamiento y posible reinyección a la red de distribución».
Incentiva actividades económicas como la importación, la venta o la comercialización de sistemas o equipamientos de generación de energía eléctrica producida por fuentes renovables convencionales o no, la adquisición y la instalación de los referidos equipos para autoconsumo de los usuarios finales y el servicio de mantenimientos de estos.
Los usuarios finales de este tipo de energía gozarán de incentivos fiscales durante un período de 10 años por la importación, la comercialización, la instalación y el mantenimiento de los sistemas de generación de energía con fuentes renovables, que quedarán eximidos de todo gravamen.
La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) regulará los requisitos y procedimientos que deberán cumplir tanto los proveedores como los usuarios. La Defensoría del Consumidor, por su parte, se encargará de velar porque los beneficios otorgados a las empresas se reflejen en los precios al usuario.
El Salvador tiene vigente la Ley de Incentivos Fiscales para el Fomento de las Energías Renovables en la generación de electricidad, pero la nueva normativa establece «beneficios fiscales claros, los derechos de los usuarios finales y las obligaciones de estos».
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
