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VIDEO | Salvadoreño habría muerto por Covid, pero al abrir el féretro, su familia descubrió signos de tortura
Desde el pasado 6 de mayo de 2020, la familia Mejía Beltrán ha venido viviendo un verdadero viacrucis para poder saber la verdad entorno al fallecimiento de de uno de sus integrantes, un joven de nombre Luis Iván, quien oficialmente murió por complicaciones derivadas del coronavirus aunque algunas pruebas dicen que fue víctima de tortura y maltrato.
Fue ese fatídico día cuando sus padres y hermanos recibieron la llamada de un hospital en La Paz, El Salvador, en donde se encontraba internado desde hacía varios días, con la cual les notificaron que Luis había muerto a causa de una hemorragia en el tuvo digestivo a consecuencia del Covid-19, que según contrajo semanas atrás.
Una de sus hermanas de nombre Lucía del Carmen Mejía fue quien se encargó de realizar el trámite para recuperar el cuerpo de este hombre. Sin embargo, al iniciar el trámite con los forenses del hospital, estos les indicaron que no podían abrir el ataúd o hacerle algún tipo de ceremonia fúnebre y que lo recomendable era enterrarlo lo más pronto posible porque había muerto a causa del Covid-19 y esto podría provocar un contagio.
“No quisimos exponernos al contagio del virus, así que siguiendo las instrucciones procedimos a enterrarlo rápido”, narró Lucía en entrevista para Univision.
Algunos familiares de Luis Iván comenzaron a tener sospechas sobre la causa de su muerte, sobre todo porque algunos tuvieron contacto con él una semana antes y lo vieron en excelente estado.
“Yo llegué al cementerio muy consternado por la noticia. Su familia me dijo que no se podía ver por indicaciones de algunos trabajadores del hospital, pero uno de los presentes me dijo que había algo raro con su cuerpo, así que insistí para que me dejaran verlo”, comentó en la misma entrevista Ronald Alirio Reyes, uno de sus amigos más cercanos.
“Al abrir el ataúd encontramos una imagen que no esperábamos. Luis estaba con golpes en su cara y de sus ojos salía sangre, al igual que de sus oídos. Además tenía su dentadura salida, como si hubieran intentado sacársela. También estaba esposado de manos”, señaló Reyes, asegurando que el cadáver tenía otras señas de tortura.
“Hay algo muy extraño en este caso. No entiendo la razón por la que las autoridades indicaron que no lo veláramos o destapáramos la caja fúnebre. ¿Qué están ocultando?”, indicó Reyes, agregando que le da miedo hacer estas denuncias por temor a represalias.
Además, el amigo indicó que otra cosa sospechosa es que al momento del sepelio de Luis, no había autoridades de salud en el cementerio como ocurre con aquellos entierros de personas que han sido víctimas del Covid-19.
Acusado de un crimen que no cometió
El caso ha sido retomado por periodistas locales, entre ellos Jorge Beltrán, quien trabaja para El Diario Hoy, el cual encontró que Luis había sido arrestado junto con otras 9 personas (una de ellas uno de sus hermanos) el pasado 28 de abril supuestamente por haber participado en el homicidio de un soldado en 2019
El Viceministerio de Transporte (VMT) multó con $750 al creador de contenido «Yeik» por varias infracciones a la Ley de Tránsito.
La institución sancionó al tiktoker luego de la circulación de un video en redes sociales donde el imputado ocasionó un siniestro vial donde colisionó contra otro motociclista.
Las multas fueron por conducir sin estar autorizado ($150); conducir haciendo uso del celular ($150); circular después de las 18 horas y antes de las 6 del día siguiente sin que el motociclista porte chaleco o implementos reflectivos ($150); circular sin placas ($150); conducir en zigzag ($100) y no portar tarjeta de circulación ($50).
Las autoridades también le decomisaron la motocicleta por circular sin placas ni tarjeta de circulación.
Tras conocer las sanciones, el titular del VMT, Nelson Reyes, reaccionó en su cuenta de la red X y escribió: «el respeto a la ley no es opcional. Quien ponga en riesgo la vida de los demás deberá responder por sus acciones. Seguiremos aplicando la normativa con firmeza para garantizar la seguridad vial de todos los salvadoreños».
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
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