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Un total de 48,764 pandilleros han sido capturados hasta la fecha bajo el Régimen de Excepción
Las capturas de mareros bajo el régimen de excepción ya suman 48,764, según datos publicados el jueves 4 de agosto por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Entre las últimas detenciones reportadas por la Policía Nacional Civil (PNC) está la de tres mujeres señaladas de tener vínculos con los mareros. Los arrestos se llevaron a cabo en operativos realizados en los municipios de Soyapango, al oriente de San Salvador, y Santa Tecla, La Libertad.
Una de las señaladas es Marlene Bellyni Vides, alias Ruca, quien se encargaba de recoger el dinero la extorsión que exige la pandilla 18.
Las investigaciones policiales han determinado que Vides también se encargaba de movilizar para los criminales todo tipo de objetos ilícitos. La mujer fue interceptada en Soyapango por agrupaciones ilícitas; sin embargo, podría sumar otros delitos según se establezcan en las investigaciones.
Dos mujeres más fueron ubicadas por la PNC en Santa Tecla, ellas son Fátima González Panameño, (a) Bruja; y Silvia Guadalupe Pereira, (a) Pacaya, perfiladas como colaboradoras de una estructura de la MS que delinque en diferentes puntos de la ciudad.
«Serán procesadas por agrupaciones ilícitas y enfrentarán décadas de cárcel. Les incautamos dos celulares, con los que mantenían comunicación con otros terroristas», detalló la PNC.
Dos pandilleros que presumían serlo en fotos que compartían en las redes sociales fueron arrestados ayer por la Policía en Soyapango.
Los delincuentes son Adonay Argueta Pineda, (a) Chino; y Héctor Iván Catalán, (a) Dunga, integrantes de la pandilla 18 que opera al norte y el oriente del municipio.
Los criminales serán puestos a la orden de la Fiscalía por el delito de agrupaciones ilícitas, por el cual podrían pasar más de 20 años de cárcel. En dicho municipio, también fue arrestado un cabecilla de grupos terroristas identificado como Mario Edenilson Alvarado, (a) Mal Aspecto, quien según la Policía era el encargado de ordenar crímenes en contra de la población.
Por tratarse de un cabecilla, el delincuente podría pasar más de 40 años preso solo por el delito de agrupaciones ilícitas, pero la condena podría aumentar si se le comprueban más señalamientos.
En Chalatenango, personal del Distrito Militar I intervino a cuatro mareros en la colonia Reubicación II. A uno de ellos le descubrieron que intentó modificar sus tatuajes de pandillero por otros para pasar inadvertido de los patrullajes policiales.
En sus redes sociales, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, expresó: «Estamos haciendo lo que el pueblo demanda, trabajando por los salvadoreños honrados y es así como estamos logrando lo que parecía imposible, tener un El Salvador más seguro y justo».
El español Daniel Arnavat Carbajallido y la salvadoreñas Patricia Elizabeth Cruz Andrade, fueron condenados a tres años y seis meses de prisión por el delito de administración fraudulenta.
Los dos fueron condenados en calidad de ausentes ya que luego de desfalcar a la empresa Livisto S.A de C.V., huyeron para evadir la justicia.
En el fallo emitido por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, se les declaró rebeldes y se les girará nueva orden de captura para que al ser localizados sean enviados a un centro penal a cumplir la condena.
Según la acusación que la Fiscalía General de la República presentó, la administración fraudulenta la cometieron entre el 2016 y 2018, cuando se aprovecharon de sus funciones gerenciales y de dirección en la empresa Livisto S.A de C.V., una sociedad ubicada en Zaragoza, La Libertad.
Las indagaciones realizadas por el ministerio público evidenciaron que los imputados incurrieron en anomalías contables para desfalcar a la empresa por un monto de $3 millones. La entidad afectada se dedica a fabricar y vender productos veterinarios.
Para ejecutar el desfalco constituyeron tres empresas las cuales las convirtieron en proveedores exclusivos de la sociedad afectada y le vendieron con sobreprecio, para así obtener un provecho personal, según la investigación que realizó el ministerio público y que fue judicializada en los tribunales del departamento de La Libertad.
En el caso de Claudia Rebeca Suárez Girón, el tribunal dictó un sobreseimiento, es decir que la pena se extingue por su fallecimiento, la mujer era la única que fue detenida por la Policía Nacional Civil (PNC), en septiembre de 2020.
El trabajo de la Fuerza Armada ha sido clave para la reducción de hechos delictivos. Foto Ministerio de Defensa.
El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, aseguró que el apoyo de la Fuerza Armada en acciones de seguridad pública permite que la Policía se dedique a la investigación y desarticulación de bandas organizadas que pretenden surgir para dedicarse al hurto y robo.
«Las operaciones que se realizan con la Policía Nacional Civil van mucho más allá de perseguir pandilleros, de evitar que se cometan homicidios. También abarcan el área del respeto a la propiedad privada y evitar que se vayan formando bandas delincuenciales que afecten la paz y tranquilidad del pueblo salvadoreño», indicó el funcionario.
Agregó «la Fuerza Armada tiene una de las misiones, que es nuestro despliegue en todo el territorio nacional, de tal manera que con ese despliegue nosotros logramos mantener el control del territorio junto con la Policía, obviamente, pero le permite también a la Policía Nacional Civil dedicarle tiempo, el tiempo que se requiere a la investigación de este tipo de delitos [robo y hurto] que de igual manera afectan a la población».
Merino Monroy señaló que los grandes resultados, obtenidos en este sentido, se deben a la integración de la Policía, Fuerza Armada y la Fiscalía, impulsada desde el Gobierno.
«Este tipo de operaciones es un reflejo de esa política de seguridad del señor presidente de la república, la cual ha logrado, entre otras cosas, integrar dos instituciones vitales para la paz y tranquilidad de los salvadoreños, como son la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada y, por supuesto, el área que le corresponde a la Fiscalía General de la República», expresó el ministro.
Merino Monroy afirmó que la institución castrense continuará apoyando la Policía para llevar paz y tranquilidad a la población. «Cuando nosotros decimos que El Salvador es el país más seguro, a todos nos viene a la mente un país tranquilo, un país donde no nos tengamos que preocupar por ningún problema y no solamente, como repito, es la reducción de los homicidios, sino aquella tranquilidad que cualquier salvadoreño pueda dejar sus pertenencias en cualquier lugar y nadie debería de hurtársela o robársela», dijo Merino.
La Dirección de Obras Municipales (DOM) informó que llevan un 90 % de avance en la construcción del puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, municipio de La Libertad Este.
«Con la colocación de 67 metros cúbicos de concreto hidráulico en la losa de un puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, La Libertad Este, la DOM registra un 90% de avance de obra», señaló la institución.
El puente en construcción beneficiará a más de 2,000 habitantes de la zona, indicó la DOM.
Esta obra será de 26.80 metros lineales de longitud, 8.10 de ancho y 7 metros de altura; además contará con acera peatonal y se unirá a otros proyectos que ha hecho la DOM que consisten en el mejoramiento de más de 2.5 kilómetros de calles rurales.
También unirá la hacienda Corinto del distrito Zaragoza con la carretera al Puerto de La Libertad.
La DOM detalló que como parte del proceso de construcción se han colocado 30 centímetros de espesor de concreto y para ello han trabajado 35 miembros de las cuadrillas de la institución.
Además de la edificación del puente, las obras en la zona incluyen el mejoramiento vial de 120 metros con capa de suelo cemento de 20 centímetros, un espesor de concreto hidráulico de 15 centímetros y se ha dividido en 60 metros a cada costado.
