Judicial
ÚLTIMA HORA: Corte Plena de la CSJ exonerada de enriquecimiento ilícito a Ana Vilma de Escobar
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) determinaron, este martes, que no existen indicios de enriquecimiento ilícito por parte de la exvicepresidenta de la República, Ana Vilma de Escobar.
Con nueve votos a favor, de Escobar fue exonerada de ser sometida a un juicio por enriquecimiento ilícito.
Los magistrados que habrían dado los votos a favor de Escobar serían: López Jerez, Sergio Avilés, Elsy Dueñas, Argueta Manzano, Carlos Sánchez, Pineda Navas, Carlos Avilés, Marina Torrento y Roberto Escobar.
La cantidad de dinero no desvanecida, se justifica por la disponibilidad de fondos de la ex diputada.
Días atrás, la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Doris Luz Rivas, afirmó que habían acelerado la investigación contra Vilma de Escobar debido a que su proceso estaba cerca de terminar en junio próximo, que es cuando se cumplen los 10 años que permite la ley para investigar este tipo de casos de supuesto enriquecimiento ilícito.
En julio de 2018, una publicación de la Revista FACTUM reveló que la exvicepresidenta de la República logró justificar alrededor de $11.6 millones que se le señalaban por enriquecimiento ilícito, gracias a tres empresas del Grupo Poma, donde trabaja su esposo, Carlos Patricio Escobar.
Según lo aseguró el matrimonio, los $11 millones fueron obtenidos de las ganancias que obtuvieron en un periodo de 12 años (2004-2016).
La decisión de Corte Plena se da luego de 15 meses de haber sido entregado el informe para que se debatiera si procedía a ordenar el proceso en una instancia judicial.
A finales de 2017, de Escobar anunció su retiro de la política, esto pese a que fue la parlamentaria que más votos obtuvo en las elecciones legislativas de 2015.
Noé David Meléndez fue detenido por la Policía, acusado de quitarle la vida a un hombre en Anamorós, La Unión. Según las investigaciones, tras una discusión, Meléndez golpeó a la víctima con un trozo de madera, provocándole la muerte.
El acusado enfrentó la audiencia inicial en el Juzgado de Paz de Anamorós, donde la jueza determinó que permanezca en prisión provisional mientras continúan las investigaciones.
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a Mauricio Edgardo Galán Martínez a 12 años de prisión por los delitos de uso y tenencia de documentación falsa, falsedad ideológica y estafa.
Además, el tribunal ordenó que Galán Martínez pague $35,000 en concepto de responsabilidad civil a la víctima del caso.
En el mismo proceso, Karla Elizabeth Erazo de Urrutia fue declarada culpable del delito de estafa y condenada a tres años de trabajos de utilidad pública, además de pagar $1,200 como reparación económica.
De acuerdo con la investigación, ambos implicados vendieron una propiedad ubicada en un condominio del lago de Coatepeque sin ser sus propietarios, utilizando documentos falsificados.
Los hechos ocurrieron en el año 2021, según informó la fuente judicial.
