Judicial
ÚLTIMA HORA: Corte Plena de la CSJ exonerada de enriquecimiento ilícito a Ana Vilma de Escobar
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) determinaron, este martes, que no existen indicios de enriquecimiento ilícito por parte de la exvicepresidenta de la República, Ana Vilma de Escobar.
Con nueve votos a favor, de Escobar fue exonerada de ser sometida a un juicio por enriquecimiento ilícito.
Los magistrados que habrían dado los votos a favor de Escobar serían: López Jerez, Sergio Avilés, Elsy Dueñas, Argueta Manzano, Carlos Sánchez, Pineda Navas, Carlos Avilés, Marina Torrento y Roberto Escobar.
La cantidad de dinero no desvanecida, se justifica por la disponibilidad de fondos de la ex diputada.
Días atrás, la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Doris Luz Rivas, afirmó que habían acelerado la investigación contra Vilma de Escobar debido a que su proceso estaba cerca de terminar en junio próximo, que es cuando se cumplen los 10 años que permite la ley para investigar este tipo de casos de supuesto enriquecimiento ilícito.
En julio de 2018, una publicación de la Revista FACTUM reveló que la exvicepresidenta de la República logró justificar alrededor de $11.6 millones que se le señalaban por enriquecimiento ilícito, gracias a tres empresas del Grupo Poma, donde trabaja su esposo, Carlos Patricio Escobar.
Según lo aseguró el matrimonio, los $11 millones fueron obtenidos de las ganancias que obtuvieron en un periodo de 12 años (2004-2016).
La decisión de Corte Plena se da luego de 15 meses de haber sido entregado el informe para que se debatiera si procedía a ordenar el proceso en una instancia judicial.
A finales de 2017, de Escobar anunció su retiro de la política, esto pese a que fue la parlamentaria que más votos obtuvo en las elecciones legislativas de 2015.
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de prisión a Silvia Guadalupe Barahona Ramos, miembro de la pandilla Barrio 18, por el delito de extorsión agravada.
Según el informe judicial, Barahona llegó al negocio de la víctima exigiendo dinero bajo amenazas de atentar contra su vida o la de su familia. La persona entregó el dinero, pero de inmediato interpuso la denuncia.
La detenida fue capturada en el marco del Régimen de Excepción y actualmente enfrenta procesos por otros delitos.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
