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Representante de SIMEDUCO asegura que decreto de retiro voluntario beneficiaría a muchos docentes del país
Daniel Rodríguez, Secretario General de SIMEDUCO, habló en la entrevista de El Salvador Today sobre el decreto de retiro voluntario, mismo que podría ser aprobado este día por la asamblea legislativa, la situación laboral de los maestros y las políticas educativas en el país.
Al menos cinco mil trabajadores, entre estos órgano legislativo, entidades descentralizadas como autónomas podrían estarse apegando al decreto de retiro voluntario una vez aprobado por el parlamento salvadoreño.
En relación a este decreto acordado el lunes por la comisión de hacienda de la asamblea legislativa, el representante de SIMEDUCO brindó su postura.
“Se está dando la oportunidad a los trabajadores del órgano legislativo de retirarse, de aceptar este retiro voluntario para aquellas personas que ya están pensionados, tiene esa singularidad este decreto transitorio. No es para todas las personas que se quieran retirar”, destacó Rodríguez.
De aprobarse dicho decreto este estaría vigente hasta el mes de octubre 2023 y personas adheridas otros decretos de retiro voluntario no gozarían del mismo sólo aquellas que ya están pensionadas y que aún siguen laborando.
“Nosotros vemos que la compensación salarial es bastante aceptable ya que es un salario por año trabajado y no puede pasar de un techo de $25,000”, dijo el invitado al periodista Edwin Góngora.
Rodríguez señaló que en el magisterio nacional “hay unos 2,000 maestros que están en esa situación y podrían aprovechar a este decreto de retiro voluntario”.
El representante de SIMEDUCO también se refirió a las diferencia de salarial entre un empleado de gobierno y un empleado magisterial.
“Muchos trabajadores del órgano ejecutivo tiene en su mayoría una pensión bastante aceptable no aquellos trabajadores que recientemente se han retirado. En el magisterio son muy pocos que no se han apagado a la compensación salarial que nosotros tenemos y este retiro voluntario podría beneficiarlos”, detalló Rodríguez.
La Santa Sede anunció este jueves el nombramiento de monseñor Luigi Roberto Cona como nuevo nuncio apostólico en Siria, trasladándolo desde su actual misión en El Salvador.
De acuerdo con la información oficial publicada por la Oficina de Prensa del Vaticano, «el Santo Padre ha nombrado nuncio apostólico en Siria a Su Excelencia Reverendísima monseñor Luigi Roberto Cona, arzobispo titular de Sala Consilina, hasta ahora nuncio apostólico en El Salvador».
La información fue retomada directamente del boletín oficial de la Santa Sede, en el que también se detalla el cambio de representación diplomática del Vaticano en la región.
El cargo de nuncio apostólico corresponde al representante diplomático del Papa ante los Estados y la Iglesia local, con funciones equivalentes a las de un embajador.
Con este nombramiento, monseñor Cona concluye su misión en El Salvador, la cual desempeñaba desde 2022. No obstante, estos traslados suelen implicar un período de transición, por lo que su salida del país no necesariamente es inmediata.
En Siria, el nuevo nuncio sustituirá al representante anterior de la Santa Sede, en una sede diplomática considerada de alta relevancia debido al contexto social y político del país.
Hasta el momento, la Santa Sede no ha informado sobre el nombramiento del próximo nuncio apostólico en El Salvador.
El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla condenó a ocho años de cárcel a Luis Enrique Chávez Barbero por estafa agravada en perjuicio de tres personas a quienes engañó con la supuesta venta de casas.
Las investigaciones determinaron que, en octubre de 2017, Chávez Barbero se hizo pasar por empleado de una empresa de bienes raíces para ofrecer viviendas en la residencial Ciudad Versalles, en el distrito de San Juan Opico, La Libertad Centro, las cuales en ese momento estaban en proceso de construcción.
Las víctimas, confiando en la aparente legalidad del negocio, entregaron $14,000 en concepto de reservas y primas por inmuebles que el imputado no poseía ni tenía facultad para vender.
El proceso penal revela que, en agosto de 2025, el tribunal autorizó un acuerdo conciliatorio entre las partes, que consistía en un pago inicial de $350 y 48 cuotas de $300. No obstante, ante el incumplimiento de lo pactado, el acuerdo fue revocado.
«Tras valorar la prueba documental y testimonial que confirmó la existencia del delito, el juzgador emitió la sentencia condenatoria de ocho años y ordenó su detención inmediata, a fin de garantizar el cumplimiento de la pena en un centro penitenciario», comunicó la Fiscalía.
En enero de este año, la Fiscalía ordenó más de 30 capturas contra acusados de estafa y uso de documentos falsos.
Las investigaciones revelaron distintos tipos de estafa, como la venta de vehículos con papeles falsos, el traspaso ilegal de inmuebles mediante escrituras falsas y situaciones en las que familiares engañaron a otros miembros de su propia familia para quedarse con propiedades.
Adalberto Antonio Miranda enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de estafa agravada en perjuicio de una víctima.
La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa haber cometido ilegalidades en su calidad de representante de la cooperativa de transporte público Acostes de El Salvador, S.A. de C.V. y de la Asociación Cooperativa de Transporte de R.L. en 2019.
El imputado, quien es hijo del busero fallecido Catalino Miranda, realizó un préstamo por un monto de $1,800.000; el cual dejó de pagar al falsificar la cancelación de la hipoteca de dos inmuebles a través de documentación falsa y de forma fraudulenta logró la liberación de los registros del Centro Nacional de Registros (CNR) y el Viceministerio de Transporte (VMT) de las 78 unidades de transporte que en su momento ofrecieron en calidad de garantía.
Miranda estafó a la víctima con $1,300.000, que fue la cantidad restante de la deuda tramitada como cancelada de forma fraudulenta. La Fiscalía detalló que con abundantes elementos probatorios solicitó una condena de carácter condenatorio en contra el procesado.
El ministerio público informó que se prevé que el fallo se dé el 27 de marzo.
En febrero de este año, René Ventura Alvarado fue condenado a cinco años de prisión y a pagar $375,360.04 en concepto de responsabilidad civil a favor de una víctima de estafa.
La investigación fiscal estableció que a finales de 2018 y a inicio de 2019, el imputado se reunió con la víctima y le dijo que necesitaba surtir con llantas su negocio de talleres y venta de accesorios para autos. La víctima le ofreció seis contenedores con llantas con valor de $375,360.04.
El afectado entregó en cuatro pedidos lo solicitado y al vencer el plazo establecido para cancelar la deuda, Ventura Alvarado no realizó ni un abono, ni pagó y ponía excusas, por lo que la víctima decidió denunciarlo ante la FGR.
