El Consejo Superior Universitario de la Universidad de El Salvador (UES) acordó dejar sin efecto la aprobación de un bono de $400 para empleados con salarios superiores a $1,500, que no estaban incluidos en la Quincena 25, una iniciativa del Gobierno para beneficiar a trabajadores con salarios bajos.

La revocatoria quedó establecida en el Acuerdo No. 011–2025-2027 IX-1), tomado en sesión ordinaria el 12 de febrero, luego de que el jefe de la Unidad Financiera Institucional (UFI), Enrique Pérez, solicitara formalmente anular el acuerdo anterior (N.º 010-2025-2027 (V-1)), mediante el cual se había autorizado el beneficio económico.

Según el nuevo acuerdo, el bono carece de respaldo presupuestario y su aplicación pondría en riesgo la sostenibilidad financiera de la institución. La UFI argumentó que, tras un análisis financiero conjunto con las administraciones de las facultades, se determinó que la prestación no cuenta con asignación en el rubro 51 —correspondiente a remuneraciones— para el ejercicio fiscal 2026.

El informe técnico señala además que la universidad enfrenta un déficit superior a $875,000 como resultado del financiamiento de la Quincena 25, prestación que, según el Decreto Legislativo N.º 499, debía cubrirse con las asignaciones ordinarias del presupuesto institucional.

No obstante, la decisión ha generado cuestionamientos dentro de la comunidad universitaria. La aprobación inicial del bono fue difundida, pero después de varias críticas el Consejo dio marcha atrás, alegando que no existía disponibilidad financiera suficiente, lo cual deja en evidencia que el acuerdo original fue adoptado sin contar con un análisis presupuestario definitivo o sin haber incorporado todos los compromisos financieros vigentes.

El propio informe reconoce que, posterior a la aprobación del bono, se identificaron compromisos presupuestarios adicionales en varias facultades que no habían sido considerados en el estudio previo, lo que comprometería obligaciones ordinarias ya adquiridas. Esto plantea dudas sobre la rigurosidad de la evaluación financiera antes de autorizar la prestación.
La UFI advirtió que algunas facultades presentan históricamente déficit presupuestario y requieren apoyo financiero desde Rectoría, por lo que asumir una nueva carga económica podría profundizar los desequilibrios internos.

El informe recomienda que cualquier beneficio de esta naturaleza sea gestionado previamente ante el Ministerio de Hacienda para asegurar una asignación específica de recursos.
La revocatoria fue aprobada con 30 votos a favor y 4 abstenciones, y se instruyó a las unidades de Recursos Humanos suspender cualquier proceso relacionado con la elaboración de planillas.

Mario Vásquez, alcalde de San Salvador Sur, aseguró que sostuvo una reunión con la población indígena que reside en los cantones Azacualpa, San Isidro, Troncones y Crucitas, del distrito de Panchimalco.

El funcionario explicó que el objetivo de este encuentro es para conocer de primera mano las necesidades y retos que enfrenta este grupo poblacional.

«Realizamos una importante asamblea con la población indígena, un espacio de diálogo y participación para escuchar sus necesidades y fortalecer el trabajo conjunto», aseguró.

Vásquez detalló que durante la reunión con los pobladores también tuvieron la participación y el acompañamiento de Raquel Caballero de Guevara, titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), «con quien reafirmamos el compromiso de velar por el respeto y garantía de los derechos de nuestras comunidades».

El funcionario agregó que en el conversatorio se abordaron temas prioritarios como el acceso a los servicios de agua, educación y salud, entre otros.

Además, señaló que este encuentro sentó las bases para organizarse junto con las comunidades e «impulsar proyectos que contribuyan al desarrollo y bienestar de todas las familias».

La reunión también sirvió para que instituciones gubernamentales llevaran a cabo una jornada de salud a través de la cual se proporcionaron más de 500 atenciones en consulta general, pediatría, odontología y otros servicios.

El Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) de la Alcaldía de San Salvador Centro llevó a cabo una serie de intervenciones en diferentes puntos de la capital, donde aplicaron multas a personas sorprendidas consumiendo bebidas alcohólicas en espacios públicos, así como a individuos que realizaban cobros irregulares por estacionamiento sin autorización municipal.

Las operaciones formaron parte de los operativos permanentes de control en el distrito de San Salvador Centro, enmarcados en el Plan para mantener una ciudad ordenada y segura. El objetivo principal fue garantizar el estricto cumplimiento de las ordenanzas municipales, particularmente la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana, que prohíbe expresamente el consumo de alcohol en vías públicas, aceras, parques, plazas y otros espacios no autorizados.

Según las autoridades municipales, estas acciones responden a un trabajo constante en territorio para preservar el orden público, prevenir desórdenes, evitar altercados y proteger la seguridad de los ciudadanos que transitan por la zona. El consumo de bebidas alcohólicas en lugares prohibidos puede acarrear multas que oscilan entre $51 y $900, dependiendo de los agravantes y circunstancias específicas del caso.

De igual forma, se sancionó a personas que exigían pagos por el «cuidado» o estacionamiento de vehículos en la vía pública, una práctica ilegal contemplada en el artículo 75 de la misma ordenanza, con sanciones económicas en el mismo rango ($51 a $900). La alcaldía reitera que los espacios públicos son de libre uso y que nadie está autorizado a cobrar por parquear en calles o áreas comunales.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar este tipo de irregularidades a través de los canales oficiales, como el número de atención del CAM. Estas intervenciones forman parte de una estrategia continua para fortalecer la convivencia y el respeto a las normas en la capital salvadoreña.