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Ministro de Trabajo: «Nadie, absolutamente nadie, puede decir cuándo van a empezar a trabajar normalmente»
Trabajo, Rolando Castro, advirtió que “ningún empresario y ninguna persona” puede decidir la reanudación de la actividad comercial suspendida a la fecha por la alerta del coronavirus o covid-19.
“Nadie, absolutamente nadie, puede decir cuándo van a empezar a trabajar normalmente. Esto lo define el presidente de la República con todo el Gabinete de Salud y en Consejo de Ministros”, declaró.
El funcionario reiteró, que “ningún empresario, ninguna persona, puede decir cuándo va a trabajar de forma normal”, por lo que les exhortó a “ser solidarios pagándoles sus salarios” a los empleados, como parte del cumplimiento de las medidas decretadas por el Gobierno y tras un acuerdo con las gremiales empresariales del país.
El ministro destacó, que desde que el presidente Bukele decretó la emergencia para contener el coronavirus, se ha “tenido bastante acompañamiento de la empresa privada de acatar las medidas instruidas por parte del Ejecutivo”.
Sin embargo, aclaró que a la fecha el Ministerio de Trabajo ha recibido 9,500 denuncias de violaciones en contra de la clase trabajadora, que proviene de “lo que andamos supervisando y verificando para garantizar que se cumpla la ley”.
“Las estamos tipificando y segmentando entre denuncias leves, graves y muy graves. Estamos fundamentalmente enfrentando las graves y las muy graves. Se han abierto ya procesos”, detalló Castro.
“El debido proceso contempla que mientras no se termine no puede ejecutarse la sanción correspondiente. Sin embargo, muchas de las empresas que han sido denunciadas y a las que hemos llegado, cuando ya interviene el Ministerio de Trabajo, han solventado la situación. La mayoría podría decir”, agregó.
Se investiga supuestos “abusos” de instituciones de la red bancaria del país al momento que los salvadoreños cobran los $300 del subsidio otorgado por el Gobierno.
“En muchos casos los bancos están cobrando deudas que los usuarios adquirieron antes de la emergencia. No se puede ahorita estar capturando el bono que va de forma directa para darle de comer a sus familias, a sus hijos, especialmente en una situación difícil como la que está atravesando el país”, cuestionó.
Por otra parte, detalló que “las empresas de seguridad que cumplan estrictamente con la estabilidad laboral de sus empleados, o de lo contrario se les aplicará las sanciones correspondientes.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
Un aparatoso accidente de tránsito se registró este jueves en el distrito de San Miguel, cuando un microbús que circulaba a excesiva velocidad se estrelló contra el muro perimetral de una vivienda en la zona de Chirilagua.
El siniestro fue captado por la cámara de seguridad de la propiedad afectada, y en las imágenes se observa cómo el vehículo se aproxima a gran velocidad antes de impactar violentamente contra la estructura.
Según testigos, el microbús trasladaba a varios maestros que se dirigían hacia el centro escolar donde laboran. Hasta el momento, no se han reportado víctimas mortales, pero las autoridades investigan las causas del accidente y si hubo personas lesionadas.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
