Judicial
Tribunal reprograma audiencia en caso exministro Maza
El Tribunal 3° de Sentencia de San Salvador, reprogramó para el 12 de abril a las 8:30 am, la vista pública en el caso donde se acusa al exministro de salud, José Guillermo Maza Brizuela y 10 personas más, por los delitos de estafa agravada, negociaciones ilícitas y falsedad documental.
La audiencia se instaló el viernes pasado, la cual queda sin efecto y se reprograma para la nueva fecha, debido a que uno de los jueces que conforman el tribunal colegiado presentó complicaciones de salud y tiene una incapacidad de 14 días, por tanto no permite que continúe la audiencia. Asimismo una de las juezas que forma parte del tribunal previno a Fiscalía que en este tiempo, debe resolver algunas diligencias propias del caso. En este tiempo también, la defensa espera que la Cámara Tercera de lo Penal resuelva el recurso de revocatoria con apelación subsidiaria sobre el caso, en relación a su representado.
El exministro de salud, es acusado de negociaciones ilícitas, los demás imputados, varios contratistas, empresarios de la construcción y un abogado, son acusados de estafa agravada, uso y tenencia de documentos falsos.
Anteriormente todos los acusados fueron sobreseídos por el Juzgado 1°de Instrucción, el 24 de abril de 2017. En noviembre de 2017 la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro, revocó el sobreseimiento definitivo pronunciado por el juez y le ordenó apertura del proceso, no obstante la defensa, presentó un recurso de casación a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el cual no fue favorable para el imputado.
Los delitos se cometieron presuntamente en la reconstrucción del Hospital San Pedro de Usulután y la construcción del Hospital Santa Gertrudis, de San Vicente; en el marco del proyecto Reconstrucción y Equipamiento de la Red de Hospitales Públicos (RHESSA).
En enero de 2017 estas personas enfrentaron por segunda vez la audiencia preliminar, luego de que se les decretara sobreseimiento provisional en 2015 porque no se había concluido un peritaje financiero contable.
El exministro Maza Brizuela, fungió como titular del Ministerio de Salud de 2004 al 2009. Según datos del dictamen fiscal la conducta ilícita de los imputados causó un perjuicio económico al Estado por una cifra de $5, 142,96.57 centavos. Por el proyecto del Hospital Santa Gertrudis, el monto es de $1, 052,043.77, mientras que por el Hospital San Pedro en Usulután, presuntamente lo defraudado oscila en $4, 090,052.80.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
