Judicial
Sujeto con antecedentes homicidas suma nueva condena en San Miguel
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El aporte fiscal de documentos, pericias, relato de víctimas y testigos, fueron suficientes para que el Juzgado de Sentencia de San Miguel condenara a 18 años de prisión a José Alexander Melara Baires, por el delito de Homicidio Simple cometido en contra de una persona que presenció un ataque en el que también participó el imputado.
El homicidio fue cometido en enero de 2017, en el municipio de Ciudad Barrios. Luego de una intensa discusión, Melara disparó con arma de fuego a la víctima, quién con anterioridad fue testigo de otra agresión sangrienta cometida por él.
Los 18 años de prisión por ese asesinato se suman a otros 20 que ya purga el imputado y que fue impuesta el 18 de junio de 2019, cuando él y Henry Humberto Sorto Baires atacaron con armas cortas de fuego a un agente policial en la calle principal de la colonia Monseñor Romero, del municipio de Ciudad Barrios, San Miguel.
En esa ocasión, el miembro de la corporación sacó su arma de equipo y se defendió de la agresión, lo que provocó que los pandilleros huyeran del lugar dejándolo herido de gravedad; esas lesiones le produjeron secuelas que hata hoy le afectan.
En total son 38 los años los que el sujeto pasará en prisión purgando los daños que causó a las víctimas y a sus familiares.
Por violar y agredir sexualmente a una niña desde que tenía 8 años de edad, Jorge Alberto Alfaro Merino recibió 42 años con 6 meses de prisión. Los abusos los cometió desde el 2010 al 2016 en la jurisdicción de Sacacoyo, La Libertad Oeste.
Según consta en las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), Alfaro Merino era vecino y pareja de la madre de la víctima.
Desde el 2010, Merino ingresaba por las noches al cuarto de habitación de la menor, mientras todos dormían y aprovechaba esos espacios para tocarla; posteriormente, cuando la víctima tenía 12 años de edad, el imputado comenzó a violarla cada sábado en momentos que la madre salía de casa a trabajar. El imputado ingresaba a casa y tomaba a la menor por la fuerza.
Cuando la joven cumplió 14 años de edad y a pesar de las amenazas a muerte si contaba sobre los abusos, la víctima decidió marcharse de la casa y buscó refugio con su padre.
Tras 7 años de convivencia con su padre, la victima se armó de valor y decidió denunciar al imputado.
Gracias a la abundante prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se estableció la participación del imputado en los abusos. Merino fue sentenciado a 16 años de cárcel por agresión sexual en menor e incapaz en modalidad continuada, y 26 años y 6 meses más por violación en menor e incapaz en modalidad continuada. Totalizando 42 años y 6 meses que el imputado estará en una prisión.
Además de la condena de cárcel impuesta en presencia del imputado, el juez le ordenó el pago de $500 en concepto de responsabilidad civil a favor de la víctima.
El Tribunal Sexto de Sentencia ha condenado al exconcejal Héctor Silva por el delito de difamación y calumnia en contra del diputado Christian Guevara. La sentencia, emitida el 27 de junio de 2024, fue confirmada el 4 de febrero por la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador.
Como parte de la resolución, Silva deberá indemnizar a Guevara con la suma de $50,000 y ofrecer una disculpa pública por los daños morales causados. Además, el exconcejal deberá pagar al Estado un total de $1,399.24 por cada uno de los delitos cometidos.
Sin embargo, Silva ha manifestado su desacuerdo con la decisión judicial y ha presentado un recurso de casación ante la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia.
La controversia se originó tras declaraciones de Silva en un programa televisivo, donde acusó al diputado Guevara de recibir contratos publicitarios por «cientos de millas de dólares» de la Alcaldía de San Salvador, supuestamente a través de empresas vinculadas al legislador del partido Nuevas Ideas.
El Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca, departamento de La Paz, enjuiciará durante cuatro semanas al exalcalde de Olocuilta, Marvin Ulises Rodríguez Álvarez y varios miembros de su exconcejo por delitos de corrupción.
A la vista pública que se realiza en la sede del centro judicial de Santa Tecla han comparecido siete de los acusados, otros cinco son procesados como ausentes, gracias a las reformas que aprobó la Asamblea Legislativa al Código Procesal Penal, las cuales facultan enjuiciar a imputados prófugos.
La Fiscalía General de la República les atribuye los delitos de peculado e incumplimiento de deberes en el período 2012 al 2015.
Una de las fiscales dijo que se les cuestiona por tres proyectos. El primero tiene que ver con la compra de un terreno para construir un cementerio municipal y un parque ecológico.
El inmueble fue adquirido en $236,000, y en la compraventa acordada se tenía una extensión determinada, pero en la escritura aparece una menor cantidad de terreno.
Para el cementerio se desembolsó $50,000, pero al final no se hizo nada de ese proyecto y para el parque ecológico se gastaron $260,000.
También se le acusa al prófugo exalcalde Marvin Ulises Rodríguez «de mover dinero de las cuentas del FODES que venían directamente para la alcaldía, para su cuenta personal y del tesorero municipal de ese entonces, Edwin León», manifestó la representante del ministerio público.
Documentos y pericias concluyen que Rodríguez transfirió entre $60,000 y $70,000 de los fondos FODES a su cuenta personal y lo hizo a través de transacciones bancarias.
Al comenzar la vista pública, la Fiscalía expuso al tribunal colegiado que durante el desarrollo de la diligencia presentará testimonios, pericias y documentos para acreditar los actos de corrupción consumados por los 12 acusados.
