Judicial
Sala de lo Civil confirma condena a Élmer Charlaix y ordena restituya al Estado solo $884 mil, de $18 millones
a Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia emitió sentencia el pasado lunes 10 de noviembre ratificando la condena al exsecretario privado de la presidencia, Elmer Charlaix y su esposa María Arline Rivas de Charlaix, pero les redujo la pena civil y ahora tendrán que devolver al estado $884,264.94 y no $17,983,893.06 que impuso la Cámara Primera de lo Civil, por un proceso de enriquecimiento ilícito que inició en el 2016.
Los abogados defensores apelaron la resolución el 4 de enero de 2018, y la Sala resolvió esta semana que el exfuncionario de Elías Antonio Saca restituya al estado $710,339.19, y su esposa $173,925.75.
En los diferentes procesos, los fiscales han explicado que un proceso penal es diferente a un proceso civil por enriquecimiento ilícito.
El 1 de noviembre de 2016, la Cámara Primero de lo Civil abrió el proceso luego de recibir el expediente de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia , que encontró indicios de corrupción por $18.7 millones, sin embargo, la condena impuesta en septiembre de 2018, fue por $15 millones.
Charlaix fue secretario privado de Saca en el período 2004-2009 y se entregó a las autoridades en las instalaciones de la División Antinarcóticos (DAN) de la Policía Nacional Civil (PNC), luego de que se destapara el caso de corrupción en ese gobierno y se abriera un proceso penal.
El exsecretario privado cumple una sentencia de 10 años de cárcel y fue sentenciado a devolver al Estado $15,000,000. Este caso surgió luego de las investigaciones por enriquecimiento ilícito que le siguió Probidad e le Corte y fue enviado a juicio civil.
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El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
