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REVELACIÓN: Mujer confiesa ante un juez por qué abortó a sus 28 semanas de embarazo y hoy cumple pena de 69 jornadas de trabajo

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Jasmín, tiene 25 años de edad, y es de una apariencia muy sencilla. Ella viajó desde el interior del país hacia la capital para buscar mejores oportunidades laborales. Tenía que mantener a sus dos hijos y a su mamá. Jamás se imaginó que se convertiría en víctima de violación, que sufriría un aborto y que incluso tendría que confesar los hechos frente a un juez por un proceso judicial.

La vida de Jasmín nunca fue fácil, ya que desde muy pequeña sufrió de violencia intrafamiliar. Su padre, un hombre alcohólico, jamás la reconoció mientras que su madre trató en la manera posible de darle algo mejor.

Con el paso de los años, Jasmín fue creciendo y a los 17 años conoció a un hombre que en un inició de la relación la trató bien, pero al poco tiempo la embarazó. Los golpes y los gritos comenzaron una y otra vez, pero un día decidió huir junto con su pequeño hijo, señaló su abogado defensor.

Sin embargo, el destino le volvería a jugar la misma carta, ya que a los cuatro años de haber escapado conoció a un sujeto que también la agredía y con quien procreó otro hijo.

La vida no era lo que esperaba, desde su pequeña casa de tierra y ladrillo ella pensaba en darles un mejor futuro a sus dos hijos y a su madre por lo que tomó sus maletas sin saber lo que le depararía.

Un día encontró un trabajo como mesera dentro de una cervecería en San Salvador. Creyó que no era el mejor trabajo, pero le daría un ingreso a su familia. La dueña del establecimiento se llamaba Camelia y ella le ofreció $75 quincenales, es decir, $150 mensuales. Así lo señaló Jazmín en la sala de audiencias. Era un salario por debajo del mínimo.

Jasmín aceptó el empleo, tendría que quedarse en el lugar y trabajar de noche dentro del establecimiento sirviendo cervezas a los clientes. Así era su vida, noche tras noche. El abogado defensor dijo a El Salvador Times que la dueña le había señalado que podría regresar a su pueblo cada quince días.

El defensor de Jasmín explicó que un día a principio del 2017 cuando un grupo de pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13) llegaron al lugar a cobrar la renta. Ellos dominaban ese territorio.

Jasmín servía las cervezas a los clientes cuando de pronto cinco pandilleros se juntaron y la llevan a uno de los cuartos. En ese pequeño y reducido cuarto lo pandilleros la violaron una y otra vez. Ella tenía prohibido gritar pero por dentro sabía que no le quedaba de otra más que someterse a la voluntad de esos hombre. Lloraba en silencio.

De pronto, todo pasó. Ella se acomodó la ropa y siguió como si nada hubiese pasado.

Los pandilleros siguieron llegando como de costumbre.

El embarazo

Un día Jasmín observó que su menstruación no había bajado, ya habían pasado más de tres meses por lo que tenía la sospecha de estar embarazada. Se practicó una prueba de embarazo la cual dio positiva, sus sospechas fueron confirmadas, narró frente al juez.

Transcurrieron un poco más de dos meses cuando los pandillero se dieron cuenta que el vientre de Jasmín es prominente. Ellos le preguntaron sí estaba embarazada, ella les dijo que sí; la respuesta fue seguida de una amenaza. Los sujetos de dijeron que ella no podría tener ese bebé por lo que le sugirieron que debía de abortar, explicó su abogado a este periódico.

Muchas cosas pasaron por su cabeza, sin embargo, pensó que de tener al bebé los pandilleros le harían algo peor. Durante la vista pública Jasmín declaró que ella se encargó de buscar información en internet sobre cómo abortar y encontró una respuesta: Misoprostol, un medicamento controlado que es prescrito por los ginecólogos a mujeres que están a punto de dar a luz en los hospitales o para la protección del estómago cuando se usan analgésicos, declaró una medico forense del Instituto de Medicina Legal (IML).

El medicamento se pierde en la sangre dos horas después de ser ingerido por lo que en las pruebas toxicológicas hechas por el IML no dejan rastros. Sin embargo, la ingesta fue ratificada por Jasmín desde el inicio del proceso judicial.

Jasmín dijo que decidió ir al mercado para buscar la solución a su problema. Desesperada encontró un puesto donde vio remedios caseros que prometían aliviar cualquier tipo de dolor. Ella le mencionó al vendedor que buscaba unas pastillas para abortar y él le mostró el medicamento que debía ingerir. Le sugirió que debía de tomarse tres pastillas y colocar dos más dentro de su vagina.

Era el 4 de septiembre de 2017, cuando en la soledad de su cuatro pensaba sobre lo que estaba a punto de hacer pero en su cabeza estaban sus otros dos hijos; ella no era feliz al momento de recordar esa escena oscura que prefería olvidar. Solo ella conoció el horror de ese momento.

En ese pequeño cuarto tomó la decisión, se tomó las tres pastillas y se introdujo dos por su vagina. La médico forense dijo en la audiencia que las pandillas hacen efecto a las dos horas de haberse ingerido.

Pasaros los minutos y ella seguía en el cuarto. De pronto, Jasmín comenzó a sentir una sensación extraña en el cuerpo. Estaba en proceso de aborto. De su pequeño cuerpo salió un feto de aproximadamente 28 semanas, según señaló la autopsia hecha por Medicina Legal.

Rápidamente tomó unas cobijas y envolvió el cuerpo. Lo metió en una bolsa plástica y lo introdujo debajo de la cama. “Yo estaba sola. Yo lo envolví en una cobija y en una toalla y lo metí en una bolsa… Lo iba a ir a botar”, confesó Jasmín con un tono quebrantado frente al juez en una de las salas de audiencia del Centro Judicial “Isidro Menéndez”.

El hallazgo de una operación policial rutinaria

El expediente judicial describió que eran las 8:00 de la noche del día siguiente, Jasmín seguía con sus labores dentro del establecimiento. Ponía y llevaba cervezas a todas los mesas que atendía, había clientes malos y otros no tan malos. En la cervecería, trabajaban varias mujeres en las mismas condiciones que ella.

De pronto, llegaron un grupo de policías a inspeccionar el lugar para ver si no trabajaban menores de edad. Uno de los agentes entró y caminó rumbo Camelia. Ahí le dijo que tenían orden de inspeccionar el lugar, era algo rutinario y ella no se opuso.

Mientras tanto Jasmín seguía atendiendo a los clientes. Los agentes le pidieron a cada una de las meseras sus documentos de identidad para corroborar que ninguna fuera menor de edad, ellos no reportaron nada inusual. El expediente judicial explicó que uno de ellos se metió por un pasillo que daba hacia seis dormitorios.

Revisó uno por uno hasta llegar a la habitación número cuatro, el cuarto de Jasmín. Entró y comenzó a revisar todo. De pronto observó unas toallas empapadas de sangre. Jasmín llegó al cuarto y el agente le dijo que le explicara por qué esas toallas estaban manchadas.

Ella respondió que había menstruado y que las había ocupado para limpiarse. Él no le creyó y siguió inspeccionando hasta encontrar debajo de la cama una bolsa negra con apariencia extraña, declaró en su momento el agente.

Según la relación de los hechos, el agente policial palpó la bolsa y sintió un cuerpo sólido dentro de ella. En un principio, Jasmín se negó a hacerlo pero pocos segundos después se toparon con la imagen de un feto muerto.

“Sí lo hice, fui a comprar las pastillas en el mercado y me las vendieron, me costaron $150. Lo hice y se me vino. Yo acepté (frente el policía) que lo había hecho”, declaró con la voz quebrantada frente al juez en una de las salas del Centro Judicial “Isidro Menéndez”. Es decir que Jasmín tuvo que trabajar un mes entero para poder pagar las pastillas.

La condena

La situación de pobreza de ella y su familia y la aceptación del cometimiento del delito desde el inicio del proceso le valieron al juez del Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador para imponer una pena de 69 jornadas de trabajo de utilidad pública como una salida alterna a las rejas.

“Usted es la fuente de ingresos de sus dos hijos y de su madre. Usted es más productiva afuera”, le dijo el juzgador a Jasmín, quien ha estado recluida por casi un año en el Centro Penitenciario de Mujeres, en Ilopango.

Por: El Salvador Times.

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FGR logra condena histórica contra 66 pandilleros de la MS-13: penas alcanzan hasta 807 años de cárcel

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La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una histórica condena contra 66 miembros de la clica Saylor Locos Salvatruchos, de la pandilla MS-13, quienes fueron sentenciados a penas que oscilan hasta los 807 años de prisión por crímenes cometidos entre 2017 y 2019 en los municipios de Lolotique, Moncagua, Chapeltique y San Miguel.

Las investigaciones fiscales comprobaron que los imputados estuvieron involucrados en 24 homicidios agravados, 12 extorsiones, un caso de privación de libertad, dos proposiciones y conspiraciones para cometer homicidio, y cuatro expedientes relacionados con el delito de tráfico ilícito de drogas. También se les procesó por asociaciones delictivas.

Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo fue el asesinato de una pareja el 4 de agosto de 2019 en el cantón El Platanar, Moncagua. Según las autoridades, los pandilleros sospechaban que una de las víctimas colaboraba con la Policía al brindar información sobre el paradero de un marero.

Entre los cabecillas condenados figura Hérbert Luis Sánchez Cruz, alias Cuchara, quien fue sentenciado a 807 años de prisión por su participación en 20 homicidios, así como por extorsiones, tráfico de drogas y conspiración para cometer homicidios. Otros sentenciados destacados incluyen a Gérber Natividad López Mejía, alias Aliens, condenado a 727 años por 18 homicidios, y Melquisidec Jiménez Zavala, alias Yaspers, sentenciado a 663 años por 17 asesinatos.

De los 66 pandilleros procesados, 18 enfrentaron juicio en calidad de rebeldes y los demás comparecieron de manera virtual ante el Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Miguel. La FGR subrayó que esta sentencia representa un golpe contundente contra estructuras criminales que operaban con impunidad en el oriente del país.

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FGR acusa a sujeto por intentar matar a su pareja y cortarle las manos

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La Fiscalía General de la República (FGR) presentó este lunes una acusación formal contra Erik Alexander Mejía Alfaro por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, tras un violento ataque contra su compañera de vida en el cantón El Socorro, distrito de Zacatecoluca, departamento de La Paz Este.

El hecho ocurrió el pasado 28 de mayo, cuando Mejía Alfaro siguió a la víctima hasta su vivienda y la agredió brutalmente, iniciando con golpes físicos y luego utilizando un arma blanca tipo corvo. Durante el ataque, la víctima intentó defenderse con las manos, pero el agresor le causó heridas graves en ambas extremidades.

Según las autoridades, la mujer mantenía una relación con el imputado marcada por episodios constantes de violencia física y psicológica.

Tras la agresión, el atacante huyó del lugar, pero fue localizado y capturado por la Policía Nacional Civil el 31 de mayo. La Fiscalía solicitó al Juzgado de Paz de Zacatecoluca que el acusado permanezca en detención provisional, mientras continúa la investigación.

El caso ha generado indignación y reaviva el llamado de organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres a reforzar las medidas de prevención y protección ante la violencia feminicida en el país.

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Prisión para pandillero que obligó a una familia a abandonar su casa

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El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 30 años de prisión a Roberto Carlos Castillo Rodríguez, conocido como alias Casco, por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, limitación ilegal a la libre circulación y amenazas con agravación especial.

Según la investigación fiscal, el 14 de noviembre de 2016, alias Casco, acompañado por tres sujetos más, llegó a la vivienda de una víctima para exigirle el pago inmediato de $300 en concepto de extorsión. La víctima pidió más tiempo para reunir el dinero. Sin embargo, días después, fue interceptada nuevamente por el pandillero, a quien solo logró entregarle $150.

Tras recibir el dinero, alias Casco amenazó al afectado con matarlo junto a su familia si no abandonaban la vivienda esa misma noche. Temiendo por su vida, la víctima huyó del lugar y presentó la denuncia ante las autoridades.

Durante el juicio, la Fiscalía presentó abundante prueba que demostraba la participación directa del imputado, identificado como homeboy de la clica Witmer Locos Salvatruchos, perteneciente a la Mara Salvatrucha (MS-13).

Además de esta condena, el tribunal también sentenció a Nuria Eugenia Flores López a cuatro años de prisión por agrupaciones ilícitas, pena máxima establecida para colaboradores bajo el Código Penal anterior.

Las autoridades reiteraron su compromiso con la lucha contra las estructuras criminales que han generado violencia y desplazamiento forzado en el país.

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