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REVELACIÓN: Mujer confiesa ante un juez por qué abortó a sus 28 semanas de embarazo y hoy cumple pena de 69 jornadas de trabajo

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Jasmín, tiene 25 años de edad, y es de una apariencia muy sencilla. Ella viajó desde el interior del país hacia la capital para buscar mejores oportunidades laborales. Tenía que mantener a sus dos hijos y a su mamá. Jamás se imaginó que se convertiría en víctima de violación, que sufriría un aborto y que incluso tendría que confesar los hechos frente a un juez por un proceso judicial.

La vida de Jasmín nunca fue fácil, ya que desde muy pequeña sufrió de violencia intrafamiliar. Su padre, un hombre alcohólico, jamás la reconoció mientras que su madre trató en la manera posible de darle algo mejor.

Con el paso de los años, Jasmín fue creciendo y a los 17 años conoció a un hombre que en un inició de la relación la trató bien, pero al poco tiempo la embarazó. Los golpes y los gritos comenzaron una y otra vez, pero un día decidió huir junto con su pequeño hijo, señaló su abogado defensor.

Sin embargo, el destino le volvería a jugar la misma carta, ya que a los cuatro años de haber escapado conoció a un sujeto que también la agredía y con quien procreó otro hijo.

La vida no era lo que esperaba, desde su pequeña casa de tierra y ladrillo ella pensaba en darles un mejor futuro a sus dos hijos y a su madre por lo que tomó sus maletas sin saber lo que le depararía.

Un día encontró un trabajo como mesera dentro de una cervecería en San Salvador. Creyó que no era el mejor trabajo, pero le daría un ingreso a su familia. La dueña del establecimiento se llamaba Camelia y ella le ofreció $75 quincenales, es decir, $150 mensuales. Así lo señaló Jazmín en la sala de audiencias. Era un salario por debajo del mínimo.

Jasmín aceptó el empleo, tendría que quedarse en el lugar y trabajar de noche dentro del establecimiento sirviendo cervezas a los clientes. Así era su vida, noche tras noche. El abogado defensor dijo a El Salvador Times que la dueña le había señalado que podría regresar a su pueblo cada quince días.

El defensor de Jasmín explicó que un día a principio del 2017 cuando un grupo de pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13) llegaron al lugar a cobrar la renta. Ellos dominaban ese territorio.

Jasmín servía las cervezas a los clientes cuando de pronto cinco pandilleros se juntaron y la llevan a uno de los cuartos. En ese pequeño y reducido cuarto lo pandilleros la violaron una y otra vez. Ella tenía prohibido gritar pero por dentro sabía que no le quedaba de otra más que someterse a la voluntad de esos hombre. Lloraba en silencio.

De pronto, todo pasó. Ella se acomodó la ropa y siguió como si nada hubiese pasado.

Los pandilleros siguieron llegando como de costumbre.

El embarazo

Un día Jasmín observó que su menstruación no había bajado, ya habían pasado más de tres meses por lo que tenía la sospecha de estar embarazada. Se practicó una prueba de embarazo la cual dio positiva, sus sospechas fueron confirmadas, narró frente al juez.

Transcurrieron un poco más de dos meses cuando los pandillero se dieron cuenta que el vientre de Jasmín es prominente. Ellos le preguntaron sí estaba embarazada, ella les dijo que sí; la respuesta fue seguida de una amenaza. Los sujetos de dijeron que ella no podría tener ese bebé por lo que le sugirieron que debía de abortar, explicó su abogado a este periódico.

Muchas cosas pasaron por su cabeza, sin embargo, pensó que de tener al bebé los pandilleros le harían algo peor. Durante la vista pública Jasmín declaró que ella se encargó de buscar información en internet sobre cómo abortar y encontró una respuesta: Misoprostol, un medicamento controlado que es prescrito por los ginecólogos a mujeres que están a punto de dar a luz en los hospitales o para la protección del estómago cuando se usan analgésicos, declaró una medico forense del Instituto de Medicina Legal (IML).

El medicamento se pierde en la sangre dos horas después de ser ingerido por lo que en las pruebas toxicológicas hechas por el IML no dejan rastros. Sin embargo, la ingesta fue ratificada por Jasmín desde el inicio del proceso judicial.

Jasmín dijo que decidió ir al mercado para buscar la solución a su problema. Desesperada encontró un puesto donde vio remedios caseros que prometían aliviar cualquier tipo de dolor. Ella le mencionó al vendedor que buscaba unas pastillas para abortar y él le mostró el medicamento que debía ingerir. Le sugirió que debía de tomarse tres pastillas y colocar dos más dentro de su vagina.

Era el 4 de septiembre de 2017, cuando en la soledad de su cuatro pensaba sobre lo que estaba a punto de hacer pero en su cabeza estaban sus otros dos hijos; ella no era feliz al momento de recordar esa escena oscura que prefería olvidar. Solo ella conoció el horror de ese momento.

En ese pequeño cuarto tomó la decisión, se tomó las tres pastillas y se introdujo dos por su vagina. La médico forense dijo en la audiencia que las pandillas hacen efecto a las dos horas de haberse ingerido.

Pasaros los minutos y ella seguía en el cuarto. De pronto, Jasmín comenzó a sentir una sensación extraña en el cuerpo. Estaba en proceso de aborto. De su pequeño cuerpo salió un feto de aproximadamente 28 semanas, según señaló la autopsia hecha por Medicina Legal.

Rápidamente tomó unas cobijas y envolvió el cuerpo. Lo metió en una bolsa plástica y lo introdujo debajo de la cama. “Yo estaba sola. Yo lo envolví en una cobija y en una toalla y lo metí en una bolsa… Lo iba a ir a botar”, confesó Jasmín con un tono quebrantado frente al juez en una de las salas de audiencia del Centro Judicial “Isidro Menéndez”.

El hallazgo de una operación policial rutinaria

El expediente judicial describió que eran las 8:00 de la noche del día siguiente, Jasmín seguía con sus labores dentro del establecimiento. Ponía y llevaba cervezas a todas los mesas que atendía, había clientes malos y otros no tan malos. En la cervecería, trabajaban varias mujeres en las mismas condiciones que ella.

De pronto, llegaron un grupo de policías a inspeccionar el lugar para ver si no trabajaban menores de edad. Uno de los agentes entró y caminó rumbo Camelia. Ahí le dijo que tenían orden de inspeccionar el lugar, era algo rutinario y ella no se opuso.

Mientras tanto Jasmín seguía atendiendo a los clientes. Los agentes le pidieron a cada una de las meseras sus documentos de identidad para corroborar que ninguna fuera menor de edad, ellos no reportaron nada inusual. El expediente judicial explicó que uno de ellos se metió por un pasillo que daba hacia seis dormitorios.

Revisó uno por uno hasta llegar a la habitación número cuatro, el cuarto de Jasmín. Entró y comenzó a revisar todo. De pronto observó unas toallas empapadas de sangre. Jasmín llegó al cuarto y el agente le dijo que le explicara por qué esas toallas estaban manchadas.

Ella respondió que había menstruado y que las había ocupado para limpiarse. Él no le creyó y siguió inspeccionando hasta encontrar debajo de la cama una bolsa negra con apariencia extraña, declaró en su momento el agente.

Según la relación de los hechos, el agente policial palpó la bolsa y sintió un cuerpo sólido dentro de ella. En un principio, Jasmín se negó a hacerlo pero pocos segundos después se toparon con la imagen de un feto muerto.

“Sí lo hice, fui a comprar las pastillas en el mercado y me las vendieron, me costaron $150. Lo hice y se me vino. Yo acepté (frente el policía) que lo había hecho”, declaró con la voz quebrantada frente al juez en una de las salas del Centro Judicial “Isidro Menéndez”. Es decir que Jasmín tuvo que trabajar un mes entero para poder pagar las pastillas.

La condena

La situación de pobreza de ella y su familia y la aceptación del cometimiento del delito desde el inicio del proceso le valieron al juez del Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador para imponer una pena de 69 jornadas de trabajo de utilidad pública como una salida alterna a las rejas.

“Usted es la fuente de ingresos de sus dos hijos y de su madre. Usted es más productiva afuera”, le dijo el juzgador a Jasmín, quien ha estado recluida por casi un año en el Centro Penitenciario de Mujeres, en Ilopango.

Por: El Salvador Times.

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Prisión para pandillero que obligó a familia de Panchimalco a abandonar su vivienda

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El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.

La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.

Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.

El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.

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Pandillero enfrenta juicio por asesinar a siete personas en La Paz

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El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.

Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.

El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.

«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.

El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.

Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.

 

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Fidel Zavala deberá regresar más de $50,000 a sus víctimas

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El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.

La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.

Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.

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