Judicial
REVELACIÓN: Mujer confiesa ante un juez por qué abortó a sus 28 semanas de embarazo y hoy cumple pena de 69 jornadas de trabajo
Jasmín, tiene 25 años de edad, y es de una apariencia muy sencilla. Ella viajó desde el interior del país hacia la capital para buscar mejores oportunidades laborales. Tenía que mantener a sus dos hijos y a su mamá. Jamás se imaginó que se convertiría en víctima de violación, que sufriría un aborto y que incluso tendría que confesar los hechos frente a un juez por un proceso judicial.
La vida de Jasmín nunca fue fácil, ya que desde muy pequeña sufrió de violencia intrafamiliar. Su padre, un hombre alcohólico, jamás la reconoció mientras que su madre trató en la manera posible de darle algo mejor.
Con el paso de los años, Jasmín fue creciendo y a los 17 años conoció a un hombre que en un inició de la relación la trató bien, pero al poco tiempo la embarazó. Los golpes y los gritos comenzaron una y otra vez, pero un día decidió huir junto con su pequeño hijo, señaló su abogado defensor.
Sin embargo, el destino le volvería a jugar la misma carta, ya que a los cuatro años de haber escapado conoció a un sujeto que también la agredía y con quien procreó otro hijo.
La vida no era lo que esperaba, desde su pequeña casa de tierra y ladrillo ella pensaba en darles un mejor futuro a sus dos hijos y a su madre por lo que tomó sus maletas sin saber lo que le depararía.
Un día encontró un trabajo como mesera dentro de una cervecería en San Salvador. Creyó que no era el mejor trabajo, pero le daría un ingreso a su familia. La dueña del establecimiento se llamaba Camelia y ella le ofreció $75 quincenales, es decir, $150 mensuales. Así lo señaló Jazmín en la sala de audiencias. Era un salario por debajo del mínimo.
Jasmín aceptó el empleo, tendría que quedarse en el lugar y trabajar de noche dentro del establecimiento sirviendo cervezas a los clientes. Así era su vida, noche tras noche. El abogado defensor dijo a El Salvador Times que la dueña le había señalado que podría regresar a su pueblo cada quince días.
El defensor de Jasmín explicó que un día a principio del 2017 cuando un grupo de pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13) llegaron al lugar a cobrar la renta. Ellos dominaban ese territorio.
Jasmín servía las cervezas a los clientes cuando de pronto cinco pandilleros se juntaron y la llevan a uno de los cuartos. En ese pequeño y reducido cuarto lo pandilleros la violaron una y otra vez. Ella tenía prohibido gritar pero por dentro sabía que no le quedaba de otra más que someterse a la voluntad de esos hombre. Lloraba en silencio.
De pronto, todo pasó. Ella se acomodó la ropa y siguió como si nada hubiese pasado.
Los pandilleros siguieron llegando como de costumbre.
El embarazo
Un día Jasmín observó que su menstruación no había bajado, ya habían pasado más de tres meses por lo que tenía la sospecha de estar embarazada. Se practicó una prueba de embarazo la cual dio positiva, sus sospechas fueron confirmadas, narró frente al juez.
Transcurrieron un poco más de dos meses cuando los pandillero se dieron cuenta que el vientre de Jasmín es prominente. Ellos le preguntaron sí estaba embarazada, ella les dijo que sí; la respuesta fue seguida de una amenaza. Los sujetos de dijeron que ella no podría tener ese bebé por lo que le sugirieron que debía de abortar, explicó su abogado a este periódico.
Muchas cosas pasaron por su cabeza, sin embargo, pensó que de tener al bebé los pandilleros le harían algo peor. Durante la vista pública Jasmín declaró que ella se encargó de buscar información en internet sobre cómo abortar y encontró una respuesta: Misoprostol, un medicamento controlado que es prescrito por los ginecólogos a mujeres que están a punto de dar a luz en los hospitales o para la protección del estómago cuando se usan analgésicos, declaró una medico forense del Instituto de Medicina Legal (IML).
El medicamento se pierde en la sangre dos horas después de ser ingerido por lo que en las pruebas toxicológicas hechas por el IML no dejan rastros. Sin embargo, la ingesta fue ratificada por Jasmín desde el inicio del proceso judicial.
Jasmín dijo que decidió ir al mercado para buscar la solución a su problema. Desesperada encontró un puesto donde vio remedios caseros que prometían aliviar cualquier tipo de dolor. Ella le mencionó al vendedor que buscaba unas pastillas para abortar y él le mostró el medicamento que debía ingerir. Le sugirió que debía de tomarse tres pastillas y colocar dos más dentro de su vagina.
Era el 4 de septiembre de 2017, cuando en la soledad de su cuatro pensaba sobre lo que estaba a punto de hacer pero en su cabeza estaban sus otros dos hijos; ella no era feliz al momento de recordar esa escena oscura que prefería olvidar. Solo ella conoció el horror de ese momento.
En ese pequeño cuarto tomó la decisión, se tomó las tres pastillas y se introdujo dos por su vagina. La médico forense dijo en la audiencia que las pandillas hacen efecto a las dos horas de haberse ingerido.
Pasaros los minutos y ella seguía en el cuarto. De pronto, Jasmín comenzó a sentir una sensación extraña en el cuerpo. Estaba en proceso de aborto. De su pequeño cuerpo salió un feto de aproximadamente 28 semanas, según señaló la autopsia hecha por Medicina Legal.
Rápidamente tomó unas cobijas y envolvió el cuerpo. Lo metió en una bolsa plástica y lo introdujo debajo de la cama. “Yo estaba sola. Yo lo envolví en una cobija y en una toalla y lo metí en una bolsa… Lo iba a ir a botar”, confesó Jasmín con un tono quebrantado frente al juez en una de las salas de audiencia del Centro Judicial “Isidro Menéndez”.
El hallazgo de una operación policial rutinaria
El expediente judicial describió que eran las 8:00 de la noche del día siguiente, Jasmín seguía con sus labores dentro del establecimiento. Ponía y llevaba cervezas a todas los mesas que atendía, había clientes malos y otros no tan malos. En la cervecería, trabajaban varias mujeres en las mismas condiciones que ella.
De pronto, llegaron un grupo de policías a inspeccionar el lugar para ver si no trabajaban menores de edad. Uno de los agentes entró y caminó rumbo Camelia. Ahí le dijo que tenían orden de inspeccionar el lugar, era algo rutinario y ella no se opuso.
Mientras tanto Jasmín seguía atendiendo a los clientes. Los agentes le pidieron a cada una de las meseras sus documentos de identidad para corroborar que ninguna fuera menor de edad, ellos no reportaron nada inusual. El expediente judicial explicó que uno de ellos se metió por un pasillo que daba hacia seis dormitorios.
Revisó uno por uno hasta llegar a la habitación número cuatro, el cuarto de Jasmín. Entró y comenzó a revisar todo. De pronto observó unas toallas empapadas de sangre. Jasmín llegó al cuarto y el agente le dijo que le explicara por qué esas toallas estaban manchadas.
Ella respondió que había menstruado y que las había ocupado para limpiarse. Él no le creyó y siguió inspeccionando hasta encontrar debajo de la cama una bolsa negra con apariencia extraña, declaró en su momento el agente.
Según la relación de los hechos, el agente policial palpó la bolsa y sintió un cuerpo sólido dentro de ella. En un principio, Jasmín se negó a hacerlo pero pocos segundos después se toparon con la imagen de un feto muerto.
“Sí lo hice, fui a comprar las pastillas en el mercado y me las vendieron, me costaron $150. Lo hice y se me vino. Yo acepté (frente el policía) que lo había hecho”, declaró con la voz quebrantada frente al juez en una de las salas del Centro Judicial “Isidro Menéndez”. Es decir que Jasmín tuvo que trabajar un mes entero para poder pagar las pastillas.
La condena
La situación de pobreza de ella y su familia y la aceptación del cometimiento del delito desde el inicio del proceso le valieron al juez del Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador para imponer una pena de 69 jornadas de trabajo de utilidad pública como una salida alterna a las rejas.
“Usted es la fuente de ingresos de sus dos hijos y de su madre. Usted es más productiva afuera”, le dijo el juzgador a Jasmín, quien ha estado recluida por casi un año en el Centro Penitenciario de Mujeres, en Ilopango.
Por: El Salvador Times.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
