Judicial
Por negociaciones ilícitas y falsedad ideológica exempleados de Medicina Legal y un familiar enfrentan juicio
El Tribunal 2° de Sentencia de San Salvador instaló la vista pública contra los doctores Juan Carlos Monterrosa Pashaca y su esposa, Josefina Morales de Monterrosa, acusados de negociaciones ilícitas, asimismo se procesa a la sobrina de esta, Sindi Berenice García de Portillo, por falsedad ideológica.
Según los alegatos iniciales por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), los galenos que laboraban en el área de Genética del Instituto en Medicina Legal (IML) habrían comprado material a través de adjudicaciones en las modalidades de compras directas, compras por licitación y libre gestión a la empresa Diprolab S.A de C.V, representada por García de Portillo, quien según documentación firmada por la misma, negó tener vínculo familiar en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Dicha investigación inició en marzo de 2016 por aviso de un empleado del IML, quien manifestó que la comisión encargada de evaluar las licitaciones del doctor Monterrosa encontró irregularidades en el valor de algunos productos adquiridos.
En el juicio declaró un médico, quien manifestó que evaluó las compras directas realizadas por Monterrosa y que en algunos ítems redactados para los ofertantes existían ambigüedades que se prestaba a una interpretación distinta para los que la leían.
Además, señaló que algunos productos comprados a Diprolab variaban de precio. En algunos productos el valor era menor al del mercado; mientras que en otros, era hasta 10 veces mayor.
Los médicos se desempeñaron como jefe y coordinadora del Departamento de Biología Forense del IML, en el periodo de 2011 y 2016.
Este 16 de enero se prevé el desfile de 21 testigos presentados por la FGR, día en el que continuará el juicio en contra de los procesados.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
