Judicial
Por negociaciones ilícitas y falsedad ideológica exempleados de Medicina Legal y un familiar enfrentan juicio
El Tribunal 2° de Sentencia de San Salvador instaló la vista pública contra los doctores Juan Carlos Monterrosa Pashaca y su esposa, Josefina Morales de Monterrosa, acusados de negociaciones ilícitas, asimismo se procesa a la sobrina de esta, Sindi Berenice García de Portillo, por falsedad ideológica.
Según los alegatos iniciales por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), los galenos que laboraban en el área de Genética del Instituto en Medicina Legal (IML) habrían comprado material a través de adjudicaciones en las modalidades de compras directas, compras por licitación y libre gestión a la empresa Diprolab S.A de C.V, representada por García de Portillo, quien según documentación firmada por la misma, negó tener vínculo familiar en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Dicha investigación inició en marzo de 2016 por aviso de un empleado del IML, quien manifestó que la comisión encargada de evaluar las licitaciones del doctor Monterrosa encontró irregularidades en el valor de algunos productos adquiridos.
En el juicio declaró un médico, quien manifestó que evaluó las compras directas realizadas por Monterrosa y que en algunos ítems redactados para los ofertantes existían ambigüedades que se prestaba a una interpretación distinta para los que la leían.
Además, señaló que algunos productos comprados a Diprolab variaban de precio. En algunos productos el valor era menor al del mercado; mientras que en otros, era hasta 10 veces mayor.
Los médicos se desempeñaron como jefe y coordinadora del Departamento de Biología Forense del IML, en el periodo de 2011 y 2016.
Este 16 de enero se prevé el desfile de 21 testigos presentados por la FGR, día en el que continuará el juicio en contra de los procesados.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
