Judicial
Policías y empresario colaboraban y financiaban pandillas en Usulután y Ozatlán
Una estructura delincuencial de 45 personas que operaban en los municipios de Usulután y Ozatlán fueron enviados a prisión por diversos delitos, entre los condenados hay agentes policiales y un empresario que ayudaban y financiaban pandillas.
Homicidio y extorsión agravados, proposición y conspiración de homicidio y organizaciones terroristas, son algunos de los delitos por los que fueron sentenciados.
Entre los condenados están Edwin Alberto Avilés, Rafael Armando Vargas, Neris Antonio Guandique Trejo y Guillermo Antonio Rivera Paz, quienes eran agentes policiales y ayudaban a los grupos terroristas.
De acuerdo con las investigaciones, la ayuda que los agentes brindaban consistía en dar información sobre los procedimientos policiales que se iban a desarrollar en las zonas de Usulután y Ozatlán.
Dos de los policías estaban destacados en la sección de Tránsito Terrestre de Ozatlán, uno en la propia delegación del municipio y otro más que trabajaba en San Salvador, pero que vivía en dicho municipio.
El Juzgado Especializado de Sentencia de San Miguel validó las pruebas fiscales y condenó a los cuatro policías a ocho años de cárcel por informar y alertar a los mareros de la zona.
Otro de los condenados fue Gilberto Núman Carballo Cruz, empresario dueño de un agro servicio, una ferretería y un local comercial, quien financiaba a los pandilleros.
Según las autoridades, el hombre proporcionaba armas, municiones, gasolina y dinero para que fueran a cometer los hechos delictivos. En el juicio, también en el Juzgado Especializado, Carballo aceptó los delitos a cambio de una pena reducida de tres años.En la estructura también hubo pena de prisión de 20 años para un marero por asesinar a un agricultor que se dirigía a su trabajo en La Montañona de Ozatlán. Por otros casos de extorsión agravada fueron emitidas condenas de 15 y 30 años de cárcel.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, entre el 1.º de enero y el 31 de mayo de 2025, ha girado 2,648 órdenes de captura en el departamento de San Salvador por los delitos de estafa, hurto informático y estafa agravada. Las autoridades alertan sobre nuevas modalidades que han cobrado fuerza en el país, como las estafas por «likes de YouTube» y el hackeo de cuentas de WhatsApp.
En el caso de los “likes de YouTube”, las víctimas son engañadas con la promesa de generar ingresos por dar «me gusta» a videos. Para continuar ganando, se les solicita realizar pagos, cayendo en la estafa. En la segunda modalidad, los delincuentes suplantan a WhatsApp mediante llamadas y mensajes falsos para obtener los códigos de verificación de las víctimas, con lo que toman el control de las cuentas y se hacen pasar por los afectados para pedir dinero a sus contactos.
Además, cinco extranjeros —cuatro venezolanos y un ecuatoriano— fueron capturados por crear una empresa ficticia llamada Venicars, con la que ofrecían supuestos créditos y planes de financiamiento para vehículos importados. Las víctimas depositaban entre $5,000 y $10,000, pero nunca recibían los autos ni reembolso alguno. Según la FGR, más de 1,500 personas denunciaron haber sido estafadas por esta red, con un perjuicio económico que asciende a $2.5 millones. A los acusados se les congelaron cuentas por más de $800,000 y enfrentan cargos por estafa agravada y agrupaciones ilícitas.
En 2024, la Fiscalía logró condenas contra al menos 400 personas por casos de estafa a nivel nacional. Las investigaciones continúan.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que se decretó instrucción formal contra Érik Alexander Mejía Alfaro, acusado de atacar con un corvo a su pareja, causándole la amputación de ambas manos. El hecho ocurrió el pasado 28 de mayo en el cantón El Socorro, distrito de Zacatecoluca, departamento de La Paz.
Según la FGR, la víctima ya era sometida a violencia física y psicológica por parte del imputado. El día del ataque, Mejía Alfaro la siguió hasta su vivienda, donde la golpeó brutalmente antes de agredirla con el arma blanca. La mujer intentó defenderse con las manos, lo que derivó en la grave lesión.
Tras cometer el crimen, el agresor huyó, pero fue capturado por la Policía Nacional Civil el 31 de mayo. El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, confirmó su detención.
Mejía Alfaro enfrenta cargos por feminicidio agravado en grado de tentativa. Además, durante la audiencia inicial se le notificó un nuevo cargo por amenazas agravadas contra los dos hijos menores de la víctima, quienes también fueron intimidados con el arma blanca el día del ataque.
El caso será tramitado por el Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres, con sede en Cojutepeque, Cuscatlán Sur.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Jaqueline Carolina Cruz Martínez a 57 años de prisión por delitos cometidos en perjuicio de sus tres hijos. La mujer recibió una pena de 45 años por el homicidio agravado de su hija de 5 años, y 12 años adicionales por el abandono y maltrato de sus otros dos hijos menores de edad.
Durante el juicio, también fue procesado Carlos Francisco Sosa Pérez, pareja de Cruz Martínez, quien fue hallado culpable por comisión por omisión en los delitos de abandono, desamparo y maltrato infantil. El tribunal le impuso una condena total de 12 años de prisión, con tres años por cada menor y por cada delito.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el crimen ocurrió el 25 de abril de 2024, en el distrito de San Martín, donde la niña murió en su vivienda a causa de múltiples golpes propinados por su madre.
El Ministerio Público logró sustentar los hechos mediante pruebas documentales, periciales y testimoniales, las cuales demostraron que los tres menores eran víctimas frecuentes de maltrato y negligencia por parte de los acusados.
