Judicial
Policías y empresario colaboraban y financiaban pandillas en Usulután y Ozatlán
Una estructura delincuencial de 45 personas que operaban en los municipios de Usulután y Ozatlán fueron enviados a prisión por diversos delitos, entre los condenados hay agentes policiales y un empresario que ayudaban y financiaban pandillas.
Homicidio y extorsión agravados, proposición y conspiración de homicidio y organizaciones terroristas, son algunos de los delitos por los que fueron sentenciados.
Entre los condenados están Edwin Alberto Avilés, Rafael Armando Vargas, Neris Antonio Guandique Trejo y Guillermo Antonio Rivera Paz, quienes eran agentes policiales y ayudaban a los grupos terroristas.
De acuerdo con las investigaciones, la ayuda que los agentes brindaban consistía en dar información sobre los procedimientos policiales que se iban a desarrollar en las zonas de Usulután y Ozatlán.
Dos de los policías estaban destacados en la sección de Tránsito Terrestre de Ozatlán, uno en la propia delegación del municipio y otro más que trabajaba en San Salvador, pero que vivía en dicho municipio.
El Juzgado Especializado de Sentencia de San Miguel validó las pruebas fiscales y condenó a los cuatro policías a ocho años de cárcel por informar y alertar a los mareros de la zona.
Otro de los condenados fue Gilberto Núman Carballo Cruz, empresario dueño de un agro servicio, una ferretería y un local comercial, quien financiaba a los pandilleros.
Según las autoridades, el hombre proporcionaba armas, municiones, gasolina y dinero para que fueran a cometer los hechos delictivos. En el juicio, también en el Juzgado Especializado, Carballo aceptó los delitos a cambio de una pena reducida de tres años.En la estructura también hubo pena de prisión de 20 años para un marero por asesinar a un agricultor que se dirigía a su trabajo en La Montañona de Ozatlán. Por otros casos de extorsión agravada fueron emitidas condenas de 15 y 30 años de cárcel.
Melvin Aníbal Godínez Saldaña enfrenta una audiencia especial en el Juzgado Segundo de Instrucción de Ahuachapán, acusado de quitarle la vida a su propio abuelo.
El hecho ocurrió en septiembre, en el cantón San Juan, distrito de Tacuba, donde Godínez Saldaña residía con la víctima. Según las investigaciones, atacó al hombre mientras dormía, propinándole tres golpes en la cabeza con un objeto contundente, lo que provocó su muerte inmediata.
Las autoridades mantienen abierto el proceso judicial y continúan recopilando pruebas para fortalecer el caso en su contra.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó una acusación formal contra el exdiputado David Reyes y su esposa por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, señalando un incremento patrimonial injustificado que supera los $225,000 durante su periodo legislativo.
De acuerdo con las investigaciones, se habrían detectado irregularidades en la compra de vehículos, pagos de vivienda y uso de tarjetas de crédito, que no corresponden a los ingresos declarados por el exfuncionario.
La FGR sostiene que los fondos utilizados para dichas operaciones no tienen un origen lícito comprobable, por lo que solicitó al tribunal correspondiente que se impongan las sanciones establecidas por la ley en caso de confirmarse las irregularidades.
El proceso judicial se encuentra en su fase final, y será el próximo 28 de octubre cuando el juez emita su veredicto, determinando si Reyes y su esposa deberán devolver los fondos al Estado o enfrentar otras consecuencias legales.
Noé David Meléndez fue detenido por la Policía, acusado de quitarle la vida a un hombre en Anamorós, La Unión. Según las investigaciones, tras una discusión, Meléndez golpeó a la víctima con un trozo de madera, provocándole la muerte.
El acusado enfrentó la audiencia inicial en el Juzgado de Paz de Anamorós, donde la jueza determinó que permanezca en prisión provisional mientras continúan las investigaciones.
