Judicial
Policías y empresario colaboraban y financiaban pandillas en Usulután y Ozatlán
Una estructura delincuencial de 45 personas que operaban en los municipios de Usulután y Ozatlán fueron enviados a prisión por diversos delitos, entre los condenados hay agentes policiales y un empresario que ayudaban y financiaban pandillas.
Homicidio y extorsión agravados, proposición y conspiración de homicidio y organizaciones terroristas, son algunos de los delitos por los que fueron sentenciados.
Entre los condenados están Edwin Alberto Avilés, Rafael Armando Vargas, Neris Antonio Guandique Trejo y Guillermo Antonio Rivera Paz, quienes eran agentes policiales y ayudaban a los grupos terroristas.
De acuerdo con las investigaciones, la ayuda que los agentes brindaban consistía en dar información sobre los procedimientos policiales que se iban a desarrollar en las zonas de Usulután y Ozatlán.
Dos de los policías estaban destacados en la sección de Tránsito Terrestre de Ozatlán, uno en la propia delegación del municipio y otro más que trabajaba en San Salvador, pero que vivía en dicho municipio.
El Juzgado Especializado de Sentencia de San Miguel validó las pruebas fiscales y condenó a los cuatro policías a ocho años de cárcel por informar y alertar a los mareros de la zona.
Otro de los condenados fue Gilberto Núman Carballo Cruz, empresario dueño de un agro servicio, una ferretería y un local comercial, quien financiaba a los pandilleros.
Según las autoridades, el hombre proporcionaba armas, municiones, gasolina y dinero para que fueran a cometer los hechos delictivos. En el juicio, también en el Juzgado Especializado, Carballo aceptó los delitos a cambio de una pena reducida de tres años.En la estructura también hubo pena de prisión de 20 años para un marero por asesinar a un agricultor que se dirigía a su trabajo en La Montañona de Ozatlán. Por otros casos de extorsión agravada fueron emitidas condenas de 15 y 30 años de cárcel.
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El Juzgado de Paz de Ilopango realizó este martes la audiencia inicial contra Mirna Elizabeth P., acusada del delito de amenazas en perjuicio de Dalila Abigail S., tras un altercado ocurrido en una unidad de transporte público.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron a bordo de un autobús de la ruta 29-C, cuando la imputada, aparentemente sin causa justificada, comenzó a insultar y amenazar de muerte a la víctima.
Tras el incidente, la víctima interpuso la denuncia ante agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron un rastreo en la zona y lograron detener a la sospechosa.
Durante la audiencia, la jueza del caso avaló una conciliación entre ambas partes e impuso medidas que deberán cumplirse durante un periodo de seis meses.
Entre las condiciones figuran la prohibición de acercamiento o comunicación con la víctima y el pago de una compensación económica en concepto de responsabilidad civil.
En el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador inició la audiencia preliminar contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y otras 13 personas acusadas de lavar $5.6 millones.
A la diligencia han comparecido la mayoría de los acusados, entre ellos Byron Enrique Larrazábal Arévalo, su esposa e hijo, Sonia Inés Morales Rivas y Kevin Mauricio Larrazábal Morales.
Otros procesados son René Antonio Díaz Argueta, Delmy Beatriz Vela Jiménez y Jeny Elizabeth Guadalupe Medina de Ramírez, exgerente y exempleadas del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).
También están acusados exempleados de la Corte de Cuentas de la República: Noemí Candelaria Rodríguez de Carrillo, Atilio Castro Guevara y Rosa Yanira Ruiz Hernández. Asimismo, Manuel Antonio Bercián Castro, hermano del pandillero Moris Alexander Bercián Machón, alias «Barney», y Karla Beatriz Recinos Ramírez, exasistente de Sigfrido Reyes.
La causa penal incluye los delitos de peculado, estafa agravada, incumplimiento de deberes y casos especiales de lavado de dinero. La Fiscalía General de la República ha solicitado que, para algunos acusados, la estafa agravada se modifique al delito de peculado; sin embargo, la defensa se opone, argumentando que no todos los procesados eran funcionarios ni tenían vínculos con entidades estatales.
El ministerio público pretende que se admitan al menos 115 testigos y diversas pericias, previamente autorizadas por el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador.
Algunos peritajes están relacionados con la valoración de inmuebles a nombre de los procesados y con la extracción de información de aparatos electrónicos decomisados.
Judicial
«El Torta», extraditado de EE. UU., enfrentará juicio en El Salvador por dos homicidios y agrupaciones ilícitas
José Daniel Matamoros Andrade, alias «El Torta», fue enviado a juicio por delitos de agrupaciones ilícitas y homicidio agravado, tras su extradición de Estados Unidos en febrero de 2024.
El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Salvador resolvió en audiencia preliminar que el proceso contra Matamoros Andrade continúe en vista pública, como solicitó la Fiscalía General de la República.
Según las investigaciones, en 2016 el imputado participó en el asesinato de una mujer que fue vapuleada y asfixiada por pandilleros, cuyo cuerpo abandonaron en la entrada de Nejapa Power. También se le atribuye el homicidio de otra persona, acusada por los pandilleros de colaborar con la Policía Nacional Civil (PNC), a quien mataron tras golpearla y causarle traumatismos con una piedra.
Matamoros Andrade, miembro de la facción revolucionaria de la pandilla 18, huyó a Estados Unidos y residía en Alexandria, Virginia, donde fue capturado y posteriormente extraditado a El Salvador a petición de las autoridades.
De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 90 años de prisión. El juicio lo enfrentará junto a Loida Berenice Barraza, procesada por agrupaciones ilícitas y robo agravado, señalada como colaboradora de la misma estructura criminal.
