Judicial
Pareja es sorprendida cuando “transaban” un kilo de coca en Metapán
El 28 de enero del año 2021, agentes destacados en la Sección Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (PNC) de San Salvador salieron de dicha oficina con rumbo al municipio de Metapán, en Santa Ana, con el objetivo de realizar trabajos de investigación, específicamente en el sector del polideportivo de dicha ciudad, ya que se contaba con información previa que dicho lugar es utilizado de forma frecuente para hacer transacciones de droga.
Al llegar al sitio se ubicaron de forma estratégica y después de varios minutos de estar en el lugar, apareció un sujeto quien portaba en hombros una mochila y posteriormente llegó una mujer, con quien comenzó a conversar.
Después llegó un tercer sujeto con una mochila también en sus hombros y se acercó a la pareja y les mostró lo que llevaba en el interior del maletín que portaba. Habiendo observado las conductas de las tres personas, los agentes decidieron intervenirlos por lo que les mandaron los comandos verbales de “alto”, siendo que el primero de ellos salió corriendo y se dio a la fuga.
Sin embargo, el sujeto que llegó de último y la mujer que ya estaba en el sitio lograron ser intervenidos. Al verificar el interior de la mochila que llevaba el sospechoso encontraron un paquete grande en forma rectangular envuelto con plástico negro y cinta adhesiva transparente.
En vista de la experiencia de los agentes sospecharon que lo encontrado era droga cocaína por lo que hicieron las coordinaciones respectivas y llegaron al sitio agentes especializados, quienes le practicaron una prueba de campo al material incautado dando positivo a la referida droga. El peso neto del estupefaciente confiscado fue de 976 gramos, con un valor comercial de $24,400 dólares.
Por este hecho, el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana realizó vista pública contra Ramón Anedy Umaña, de 34 años de edad, y Vitalina Aguilar Umaña, de 48, a quienes la Fiscalía General de la República (FGR) les imputó el delito de tráfico ilícito.
Tras analizar las pruebas presentadas por la representación fiscal, ambos fueron declarados responsables penalmente y condenados a la pena principal de diez años de prisión cada uno.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
