Judicial
Pandilleros reciben 163 años de prisión por 12 homicidios
Veintisiete terroristas de la pandilla 18 que delinquían en la zona occidental de El Salvador fueron condenados a penas de hasta 163 años por al menos 12 casos de homicidios, desapariciones y extorsiones.
De acuerdo con la sentencia, Alfredo Alexis Mismit Cuyat fue condenado a 163 años de prisión por planear homicidios, extorsiones y pertenecer a la estructura criminal. Mientras que Raúl Alexánder Dueñas Zúñiga pagará una pena de 138 años de prisión por varios crímenes.
Asimismo, Samuel Edgardo Henríquez purgará 125 años de cárcel; Jorge Alberto Castro Síntigo, 113 años; José Elías Molina González, 107 años; Julio Enrique Sánchez, 110 años; y Fernando Enrique Ventura Martínez, 106 años de prisión.
La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que entre los casos que se resuelven está un doble homicidio que se cometió en la entrada del municipio de Atiquizaya, en Ahuachapán.
Según la investigación, un grupo de pandilleros ordenó los asesinatos y Molina, quien está perfilado como cabecilla de la pandilla, se encargó de llamar por teléfono para verificar que la orden se cumpliera.
En el caso de Mismit Cuyat, en mayo de 2022 fue condenado por el Juzgado Especializado de Sentencia de Santa Ana a 44 años de prisión por agrupaciones ilícitas y homicidio.
Junto con este sujeto también fueron condenados Carlos Manuel Torres Granados, quien cumplirá una pena de 51 años de cárcel por los delitos de proposición y conspiración de homicidio, homicidio agravado y homicidio agravado en grado de coautoría; y Óscar Alexánder Córdova Vásquez, con una pena de 18 años y cuatro meses de prisión.
Las víctimas de estos crímenes fueron identificadas como Edwin Enoel Shunico, Fredy Elíseo y Deysi Arely, estos últimos de apellidos Culgua Mismit.
Según el reporte fiscal, los crímenes ocurrieron en diferentes fechas de 2019 en diversos sitios de la zona rural del municipio de Izalco, en Sonsonate. El informe detalla que los asesinatos se cometieron con armas de fuego y arma blanca y algunos cadáveres se localizaron enterrados varios días después.
Para establecer la sentencia, la FGR presentó el testimonio de una persona que goza de régimen de protección que relató cómo sucedieron los hechos y el rol de cada imputado en los crímenes.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
