Judicial
Pandilleros que extorsionaban a comerciantes migueleños pasarán hasta 45 años tras las rejas
Dos pandilleros de la clica Calle de la Amargura de la Masa Salvatrucha (MS-13), que en 2019 extorsionaron a tres comerciantes de San Miguel, fueron condenados hasta 45 años de cárcel.
El desfile probatorio presentado por elos fiscales, fue suficiente para que el juzgado Segundo de Sentencia de San Miguel dictara el fallo condenatorio para Luis Enrique Osorio García y Pedro Antonio Marín Manzanares.
Osorio García fue condenado a 45 años de cárcel por haber extorsionado a tres víctimas (15 años de prisión por cada una) y deberá pagar una condena civil de $550.
Según el reporte fiscal, Osorio García en abril de 2019 llegó al negocio de la víctima y le exigió $50 mensuales a cambió de no atentar contra su vida, la de su familia y sus empleados.
El comerciante por temor a la amenaza accedió a pagar la extorsión y también denunció el hecho ante la Policía Nacional Civil (PNC), que le dio el acompañamiento en la negociación y entrega del dinero.
El 18 y 22 de julio del mismo año las autoridades acompañaron las dos entregas controladas de $50, y Osorio García recibió el dinero. En este operativo y por medio de las investigaciones se recabaron pruebas como fotografías y videos para usarlas contra del pandillero.
Siempre en abril de 2019, otro comerciante migueleño fue amenazado de muerte y obligado a pagar $100 mensuales a la clica Calle de la Amargura.
La víctima interpuso la denuncia y el 27 de julio del mismo año, entregó el dinero bajo cobertura policial, en ese caso también llegó Osorio García acompañado de Manzanares a recoger la extorsión.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
Judicial
Orden de captura internacional contra cinco acusados de fraude millonario en empresa de telecomunicaciones
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió órdenes de detención provisional y solicitó a INTERPOL alerta de difusión roja contra cinco personas —tres estadounidenses y dos guatemaltecos— acusadas de participar en un fraude millonario contra la empresa de telecomunicaciones Continental Towers y otras compañías en Latinoamérica.
Los imputados son Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri (EE.UU.), así como Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro (Guatemala), estos últimos ya detenidos en su país, a la espera de un proceso de extradición a El Salvador.
Jorge Alberto Gaitán Castro fue arrestado en una sede judicial de la capital guatemalteca. Foto: PNC de Guatemala.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados enfrentan cargos por estafa agravada, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Se les acusa de integrar una red internacional que habría boicoteado las operaciones de Continental Towers para reducir su valor de mercado y forzar la venta de la compañía en condiciones desfavorables para sus accionistas mayoritarios.
Las víctimas de las extorsiones habrían sido la abogada salvadoreña Antonieta María Granillo de Galindo, representante legal de las empresas afectadas, y el empresario guatemalteco Jorge Hernández Ortiz.
El caso también está bajo investigación en tribunales guatemaltecos y ha derivado en un laudo arbitral en Nueva York y en un proceso en un tribunal federal de Estados Unidos. Las embajadas de Guatemala y Estados Unidos ya fueron notificadas del proceso en curso.
