Judicial
Ordenan poner en libertad a dirigentes de Alianza FC y empleados de EDESSA
La Cámara Primera de lo Penal de San Salvador ordenó poner en libertad a los tres exdirigentes del equipo Alianza y dos empleados de Estadios Deportivos de El Salvador, EDESSA.
El tribunal superior revocó la detención que había emitido el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador tras una apelación que presentó el equipo de abogados defensores quienes mostraron su inconformidad por la medida impuesta.
La Fiscalía General de la República (FGR) los acusó por agrupaciones ilícitas, pero en la audiencia inicial el juez modificó el delito y lo calificó como infracción a las reglas de seguridad que señala el artículo 267 en relación al artículo 268 del Código Penal en la modalidad agravada.
El artículo 267 castiga el delito con cárcel de uno a tres años, y multa de 30 a 50 días de salario, pero como el artículo 268 lo agrava, la pena de prisión es de cuatro años.
En este proceso se aplica el numeral 2 del artículo 268 que menciona la agravante cuando el hecho haya ocurrido en edificio, local público donde hubiese una concurrencia numerosa de personas.
Según el ministerio público el delito atribuido es por la estampida humana ocurrida en el Estadio Cuscatlán el 20 de mayo del año 2023 cuando se iba a realizar el encuentro entre Alianza Fútbol Club y el equipo Club Deportivo FAS.
Los acusados que ya están libres son: Pedro Hernández, Edwin Abarca Ventura y Zoila Córdova, presidente, gerente y financiera de Alianza FC, respectivamente; así como Reynaldo Avelar Contreras, Gerente General de EDESSA y Samuel García Montano, encargado de las llaves del estadio.
El pasado 2 de junio los cinco imputados quedaron el libertad tras llegar a un acuerdo conciliatorio con 51 aficionados lesionados y los parientes de nueve fallecidos en la estampida que terminó en tragedia en el estadio Cuscatlán, cuando se jugaba un partido por semifinales.
Los procesados fueron detenidos horas después de quedar en libertad en el Juzgado Primero de Paz de San Salvador, luego que se autorizara la salida alterna por esos delitos de lesiones culposas y homicidio culposo.
En las investigaciones se determinó que hubo negligencia en la organización del evento deportivo por parte de los dirigentes y empleados de EDESSA procesados. El día de la tragedia se detectó sobreventa de boletos, lo cual dejó a más de 4,000 aficionados fuera del estadio, ante ello, algunos de los fanáticos derribaron un portón de entrada lo que terminó en una fatal estampida humana.
Este lunes prosiguió el juicio contra Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Arístides Valencia y Wilson Alvarado, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador programó para la jornada la exposición de pruebas documentales y alegatos finales.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las pruebas y testimonios presentados hasta el momento vinculan a los procesados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y las de alcaldes y diputados de 2015, en las que supuestamente se ofrecieron beneficios a cambio de votos.
José Adilio Acosta García fue condenado a seis años de prisión por atacar con un corvo a su excompañera de vida en San Pablo Tacachico, La Libertad. La sentencia fue dictada por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, tras comprobarse el delito de lesiones graves agravadas.
De acuerdo con la Fiscalía, en diciembre de 2023, Acosta García llegó a la vivienda de la víctima en estado de ebriedad y le exigió reanudar la relación de pareja. Al ser rechazado, la agredió con el arma blanca, provocándole lesiones en un brazo que requirieron cirugía y una incapacidad superior a 30 días.
El tribunal concluyó que las pruebas presentadas confirmaron la responsabilidad del acusado y que las lesiones impedían a la víctima realizar sus actividades cotidianas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó al exfiscal general de la República, Luis Martínez, a 10 años de cárcel por los delitos de fraude procesal y omisión de la investigación, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la acusación, Martínez y otros implicados fabricaron procesos judiciales falsos en 2016 en contra de una víctima. Tras varias semanas de juicio, el tribunal resolvió imponer la condena con base en las pruebas presentadas por la FGR.
Además de Martínez, también fueron sentenciados Julio Adalberto Arriaza González, a cinco años de prisión por fraude procesal, y Héctor Francisco Grimaldi Membreño, a seis años por dos casos del mismo delito.
