Judicial
Ordenan poner en libertad a dirigentes de Alianza FC y empleados de EDESSA
La Cámara Primera de lo Penal de San Salvador ordenó poner en libertad a los tres exdirigentes del equipo Alianza y dos empleados de Estadios Deportivos de El Salvador, EDESSA.
El tribunal superior revocó la detención que había emitido el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador tras una apelación que presentó el equipo de abogados defensores quienes mostraron su inconformidad por la medida impuesta.
La Fiscalía General de la República (FGR) los acusó por agrupaciones ilícitas, pero en la audiencia inicial el juez modificó el delito y lo calificó como infracción a las reglas de seguridad que señala el artículo 267 en relación al artículo 268 del Código Penal en la modalidad agravada.
El artículo 267 castiga el delito con cárcel de uno a tres años, y multa de 30 a 50 días de salario, pero como el artículo 268 lo agrava, la pena de prisión es de cuatro años.
En este proceso se aplica el numeral 2 del artículo 268 que menciona la agravante cuando el hecho haya ocurrido en edificio, local público donde hubiese una concurrencia numerosa de personas.
Según el ministerio público el delito atribuido es por la estampida humana ocurrida en el Estadio Cuscatlán el 20 de mayo del año 2023 cuando se iba a realizar el encuentro entre Alianza Fútbol Club y el equipo Club Deportivo FAS.
Los acusados que ya están libres son: Pedro Hernández, Edwin Abarca Ventura y Zoila Córdova, presidente, gerente y financiera de Alianza FC, respectivamente; así como Reynaldo Avelar Contreras, Gerente General de EDESSA y Samuel García Montano, encargado de las llaves del estadio.
El pasado 2 de junio los cinco imputados quedaron el libertad tras llegar a un acuerdo conciliatorio con 51 aficionados lesionados y los parientes de nueve fallecidos en la estampida que terminó en tragedia en el estadio Cuscatlán, cuando se jugaba un partido por semifinales.
Los procesados fueron detenidos horas después de quedar en libertad en el Juzgado Primero de Paz de San Salvador, luego que se autorizara la salida alterna por esos delitos de lesiones culposas y homicidio culposo.
En las investigaciones se determinó que hubo negligencia en la organización del evento deportivo por parte de los dirigentes y empleados de EDESSA procesados. El día de la tragedia se detectó sobreventa de boletos, lo cual dejó a más de 4,000 aficionados fuera del estadio, ante ello, algunos de los fanáticos derribaron un portón de entrada lo que terminó en una fatal estampida humana.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
