Judicial
Juez analiza enviar a juicio a 132 sujetos acusados por delitos de homicidios, violaciones sexuales y amenazas
El Juzgado Especializado de Instrucción “A” de San Salvador instaló la audiencia preliminar contra 132 imputados acusados, en su mayoría, por organizaciones terroristas; dos homicidios agravados, violación sexual y agresión sexual agravada, privación de libertad, atentado contra la libertad agravada, amenazas con agravación especial, entre otros.
Dentro de las investigaciones se informó que los procesados operaban en la zona de San José Villanueva, departamento de La Libertad, desde 2015 hasta diciembre de 2017, periodo en el que fueron capturados por elementos de la Policía Nacional Civil (PNC).
Dentro de los hechos, se les procesa por el homicidio de Luis Alfonso Alfaro Granados, quien era miembro de una Asociación de Desarrollo Comunal (ADESCO). Este fue asesinado debido a que los autores del crimen creyeron que era informante de la PNC.
Otro de los crímenes por el que se procesa a unos imputados es el de Juan Antonio Portillo Urillas, un pandillero perteneciente a otro grupo terrorista contrario.
De igual forma, los acusados también están involucrados en una violación sexual cometido en contra de un homosexual, ya que aparentemente era parte de una estructura diferente a la de ellos, mientras que a la otra mujer está desaparecida y cuyo cuerpo no ha sido encontrado. Ambas víctimas tenían 42 años al momento de ser abusadas. Esto fue en diciembre de 2015 en el sector de San José Villanueva.
Mientras que a Margarita Elizabeth Flores Hernández la atacaron con corvos, luego de haber sido víctima de atentado contra la libertad agravada. El cadáver tampoco ha sido ubicado. Asimismo, se dedicaban a amenazar a los habitantes de la zona y a planificar otros hechos como extorsiones.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
Judicial
Orden de captura internacional contra cinco acusados de fraude millonario en empresa de telecomunicaciones
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió órdenes de detención provisional y solicitó a INTERPOL alerta de difusión roja contra cinco personas —tres estadounidenses y dos guatemaltecos— acusadas de participar en un fraude millonario contra la empresa de telecomunicaciones Continental Towers y otras compañías en Latinoamérica.
Los imputados son Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri (EE.UU.), así como Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro (Guatemala), estos últimos ya detenidos en su país, a la espera de un proceso de extradición a El Salvador.
Jorge Alberto Gaitán Castro fue arrestado en una sede judicial de la capital guatemalteca. Foto: PNC de Guatemala.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados enfrentan cargos por estafa agravada, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Se les acusa de integrar una red internacional que habría boicoteado las operaciones de Continental Towers para reducir su valor de mercado y forzar la venta de la compañía en condiciones desfavorables para sus accionistas mayoritarios.
Las víctimas de las extorsiones habrían sido la abogada salvadoreña Antonieta María Granillo de Galindo, representante legal de las empresas afectadas, y el empresario guatemalteco Jorge Hernández Ortiz.
El caso también está bajo investigación en tribunales guatemaltecos y ha derivado en un laudo arbitral en Nueva York y en un proceso en un tribunal federal de Estados Unidos. Las embajadas de Guatemala y Estados Unidos ya fueron notificadas del proceso en curso.
