Judicial
FGR solicita para el próximo viernes cambio de tipificación de delito en el caso Carla Ayala
El Juzgado 6° de Instrucción de San Salvador ha programado para este viernes 14 de septiembre a las 2:00 de la tarde, una audiencia especial solicitada por la Fiscalía General de la República, solicitando al juez Roberto Arévalo Ortuño un cambio de tipificación de delito contra varios imputados y que se decrete la reserva total del caso.
Según el escrito presentado el pasado viernes 7 de septiembre, la Fiscalía pide que se modifique el delito contra el principal sospechoso de la muerte de la agente Carla Ayala, Juan Josué Castillo Arévalo por el delito de feminicidio, y a Ovidio Antonio Pacheco y Wilfredo Deras por cómplices del feminicidio de Carla Mayarí Ayala.
Actualmente, Castillo Arévalo es acusado de privación de libertad, mientras que Pacheco y Déras, por incumplimiento de deberes.
El juez ha convocado a las partes para dicha fecha para resolver las peticiones planteadas por el ente fiscal.
La agente Carla Ayala participó el 28 de diciembre de 2017 a las 6:00 de la tarde se realizó una fiesta en el cuartel del GRP ubicado en calle principal de la Residencial San Fernando, Calle Antigua a Huizúcar, de esta capital.
A las 10:40 de la noche finalizó dicha fiesta y ordenaron ir a dejar a las viviendas a los asistentes que no llevaron vehículos, siendo Ovidio Pacheco y Wilfredo Deras los delegados en llevar a Carla Ayala al sector de Apopa. Pero además de la víctima ingresó al vehículo Juan Castillo y cuando se conducían por el sector de la Gloria se escuchó un disparo en el interior; los encargados decidieron retornar a la base sin percatarse de las condiciones de salud de Ayala y Castillo.
Al llegar a la base, Ovidio y Wilfredo bajan a informar lo sucedido pero cuando regresan al auto observan que Castillo encendió el vehículo y se retiró con la víctima, luego se realizó una persecución pero sin resultado alguno.
Por: El Salvador Times.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
