Judicial
FGR acusará a miembros de red que estafaban con falsas ventas de automóviles
La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que en las próximas horas iniciará el proceso penal en contra de los integrantes de una red que se venía dedicando a la apropiación ilegal de vehículos automotores, que inicialmente eran alquilados y luego los vendían de forma fraudulenta. Así lograron estafar a sus víctimas por más de $20,000.
La investigación ha sido desarrollada por fiscales de la Unidad de Patrimonio Privado de la Oficina de San Salvador, que dio a conocer que el requerimiento en contra de 3 imputados capturados será presentado mañana 2 de marzo, por la mañana ante un Juzgado de Paz de turno en San Salvador.
Los imputados presentes son Marvin Javier Pérez Arriaza, Aldo Amílcar Mejía Hernández y Maritza Palacios Valdés, y se les atribuirán los delitos de Apropiación indebida de vehículo automotor, Estafa, Uso y tenencia de documentos falsos y Falsedad material.
Las indagaciones de las autoridades han establecido que el imputado Mejía Hernández, es vigilante de un negocio, era el responsable de alquilar los autos y entregarlos a Pérez Arriaza, médico de profesión y quien se dedicaba a realizar las ventas, cometiendo las estafas al recibir el dinero producto de los negocios ilícitos que ejercía. En cuanto a la mujer de apellidos Palacios Valdés, se le responsabiliza por ser la secretaria de la “oficina jurídica”, en la que se elaboraba la documentación totalmente falsificada.
A la fecha, tanto la FGR como la PNC, han obtenido las denuncias de 11 víctimas procedentes de los municipios de San Salvador, Mejicanos, Soyapango, Santa Tecla y San Marcos. Inicialmente, se estima que el monto de las afectaciones podría superar los 20 mil dólares.
Los casos han sido debidamente fundamentados con prueba de tipo documental y testimonial, para luego anexar la pericial que será proporcionada al Juez y así se aplique justicia a favor de las personas afectadas.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió que María Antonia Preza fuera condenada a 30 años de cárcel por el homicidio agravado de una bebé recién nacida.
Según las investigaciones, en marzo de 2024, Preza dio a luz en una fosa séptica y no informó a nadie sobre el parto, procediendo a limpiar la escena para eliminar evidencias.
Tres días después, familiares hallaron el cuerpo de la bebé y notificaron a las autoridades. La autopsia reveló que la menor respiró al nacer y murió posteriormente por asfixia debido a la aspiración de heces.
