Judicial
FGR acusará a miembros de red que estafaban con falsas ventas de automóviles
La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que en las próximas horas iniciará el proceso penal en contra de los integrantes de una red que se venía dedicando a la apropiación ilegal de vehículos automotores, que inicialmente eran alquilados y luego los vendían de forma fraudulenta. Así lograron estafar a sus víctimas por más de $20,000.
La investigación ha sido desarrollada por fiscales de la Unidad de Patrimonio Privado de la Oficina de San Salvador, que dio a conocer que el requerimiento en contra de 3 imputados capturados será presentado mañana 2 de marzo, por la mañana ante un Juzgado de Paz de turno en San Salvador.
Los imputados presentes son Marvin Javier Pérez Arriaza, Aldo Amílcar Mejía Hernández y Maritza Palacios Valdés, y se les atribuirán los delitos de Apropiación indebida de vehículo automotor, Estafa, Uso y tenencia de documentos falsos y Falsedad material.
Las indagaciones de las autoridades han establecido que el imputado Mejía Hernández, es vigilante de un negocio, era el responsable de alquilar los autos y entregarlos a Pérez Arriaza, médico de profesión y quien se dedicaba a realizar las ventas, cometiendo las estafas al recibir el dinero producto de los negocios ilícitos que ejercía. En cuanto a la mujer de apellidos Palacios Valdés, se le responsabiliza por ser la secretaria de la “oficina jurídica”, en la que se elaboraba la documentación totalmente falsificada.
A la fecha, tanto la FGR como la PNC, han obtenido las denuncias de 11 víctimas procedentes de los municipios de San Salvador, Mejicanos, Soyapango, Santa Tecla y San Marcos. Inicialmente, se estima que el monto de las afectaciones podría superar los 20 mil dólares.
Los casos han sido debidamente fundamentados con prueba de tipo documental y testimonial, para luego anexar la pericial que será proporcionada al Juez y así se aplique justicia a favor de las personas afectadas.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
