Judicial
Expresidente Saca llega a juzgados para pedir reducción de pena
El expresidente de la República, Elías Antonio Saca, acudió este lunes al Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria, para participar en una audiencia donde solicitará la reducción de su pena.
El expresidente Saca ha sido condenado por dos casos distintos: En septiembre de 2018 fue condenado por el Tribunal Segundo de Sentencia a 10 años de prisión por corrupción y el robo de $301 millones de fondos públicos durante su mandato.
Después, recibió dos años de cárcel más por sobornar con $10,000 a una empleada de la Cámara Primera de lo Civil de San Salvador. En total, Saca recibió 12 años de cárcel, por dos casos diferentes.
Los abogados defensores esperan que al ex mandatario se le compute media pena, con los años que ya cumplió en prisión. La defensa estableció que Saca fue capturado en 2016, por lo tanto cumple con los requisitos de ley, para que se le otorgue la libertad anticipada, ya que está cerca de cumplir media pena.
Una resolución de la Cámara Mixta de Tránsito y Vigilancia Penitenciaria ordenó al Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria que haga un nuevo cálculo de la pena de prisión del expresidente. En un primer momento, el Juzgado estableció que Saca primero cumpliría la pena de dos años por soborno (la cual ya cumplió) y luego iniciaría el conteo de los 10 años por corrupción (los cuales está pagando actualmente).
Sin embargo, la Cámara pide que el cumplimiento de penas sea simultáneo, es decir, que el juzgado haga una sola cuenta de 12 años; eso le permitiría a Saca salir de prisión prematuramente en 2021.
De acuerdo con el artículo 86 del Código Penal, a propuesta de un concejo criminológico, se puede brindar libertad condicional a aquellos reclusos que hayan cumplido media pena y demuestran buena conducta.
Internacionales
Guatemala extradita a El Salvador al empresario Jorge Leonel Gaitán Paredes por hurto agravado
La Policía Nacional de Guatemala, con apoyo de INTERPOL, entregó a las autoridades salvadoreñas al empresario Jorge Leonel Gaitán Paredes, de 67 años, requerido por el delito de hurto agravado.
La extradición se realizó en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Tercero de Sentencia Penal de Guatemala, emitida el 5 de marzo, tras la solicitud de la Fiscalía General de la República de El Salvador. Gaitán Paredes había estado recluido en la cárcel Mariscal Zavala y, una vez resuelta su situación legal en Guatemala, fue trasladado a través de la frontera de Valle Nuevo, donde fue recibido por agentes de INTERPOL de El Salvador.
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador declaró culpable a Edwin Mauricio Alvarado Lazo, por los delitos de feminicidio agravado y agresión sexual en menor e incapaz, imponiéndole una condena de 66 años de cárcel.
De acuerdo con la confesión presentada ante la jueza, el 9 de octubre de 2023 la víctima de 7 años, pasaba frente a la vivienda del procesado, quien la llamó e hizo ingresar.
Una vez dentro, la asfixió mientras estaba sentada en un sofá y posteriormente la agredió físicamente.
Más tarde, introdujo el cuerpo en un saco y lo abandonó en un área verde del reparto La Campanera.
Durante la vista pública, testigos relataron que previamente habían tenido altercados con el imputado por su conducta indebida hacia menores de la zona.
El juzgado identificó la misoginia y el desprecio hacia las mujeres en las acciones del condenado al atacar a una menor de edad y desechar su cuerpo.
La Fiscalía General de la República informó que el exministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán, y su grupo familiar enfrentarán audiencia probatoria por presunto enriquecimiento ilícito por un total de $572,015.22.
Duarte Durán ocupó cargos públicos entre 2009 y 2019, incluyendo ministro de Turismo, presidente de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) y director del Consejo Salvadoreño del Café.
Durante ese período, la Fiscalía detectó 72 irregularidades patrimoniales en Duarte Durán y su familia que no pudieron justificar. Entre las inconsistencias se incluyen depósitos en cuentas corrientes, pagos con tarjetas de crédito y diferencias entre ingresos y egresos.
Por separado, a su esposa María Cristina Benítez de Duarte se le detectaron cuatro irregularidades por $79,344.53; a su hijo José Napoleón Duarte Benítez, 23 irregularidades por $218,904.74; a su hija María Cristina Duarte de González, 9 irregularidades por $64,919.42; y a Juan Carlos Duarte Benítez, 15 irregularidades por $82,762.53.
La audiencia preparatoria se realizó en la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, que admitió toda la prueba documental y pericial presentada por la Fiscalía.
