Judicial
Expresidente Saca llega a juzgados para pedir reducción de pena
El expresidente de la República, Elías Antonio Saca, acudió este lunes al Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria, para participar en una audiencia donde solicitará la reducción de su pena.
El expresidente Saca ha sido condenado por dos casos distintos: En septiembre de 2018 fue condenado por el Tribunal Segundo de Sentencia a 10 años de prisión por corrupción y el robo de $301 millones de fondos públicos durante su mandato.
Después, recibió dos años de cárcel más por sobornar con $10,000 a una empleada de la Cámara Primera de lo Civil de San Salvador. En total, Saca recibió 12 años de cárcel, por dos casos diferentes.
Los abogados defensores esperan que al ex mandatario se le compute media pena, con los años que ya cumplió en prisión. La defensa estableció que Saca fue capturado en 2016, por lo tanto cumple con los requisitos de ley, para que se le otorgue la libertad anticipada, ya que está cerca de cumplir media pena.
Una resolución de la Cámara Mixta de Tránsito y Vigilancia Penitenciaria ordenó al Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria que haga un nuevo cálculo de la pena de prisión del expresidente. En un primer momento, el Juzgado estableció que Saca primero cumpliría la pena de dos años por soborno (la cual ya cumplió) y luego iniciaría el conteo de los 10 años por corrupción (los cuales está pagando actualmente).
Sin embargo, la Cámara pide que el cumplimiento de penas sea simultáneo, es decir, que el juzgado haga una sola cuenta de 12 años; eso le permitiría a Saca salir de prisión prematuramente en 2021.
De acuerdo con el artículo 86 del Código Penal, a propuesta de un concejo criminológico, se puede brindar libertad condicional a aquellos reclusos que hayan cumplido media pena y demuestran buena conducta.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
