Judicial
Exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, es enviada a juicio por delitos de corrupción
El Juzgado Primero de Instrucción de Soyapango, envió a vista pública a la exalcaldesa de Soyapango Nercy Patricia Montano de Martínez, Ricardo Roque Baires y otros tres acusados por la Fiscalía General de la República de cometer delitos de corrupción.
En la resolución de auto de apertura a juicio se ordena que vayan a juicio por apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de las condiciones laborales, negociaciones ilícitas y actos arbitrarios.
Al finalizar la audiencia preliminar el juzgado admitió las pruebas pertinentes que serán discutidas y analizadas en el juicio que realizará uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador.
A Nercy Montano, la Fiscalía le reprocha que durante su administración incurrió en actividades delictivas que la llevaron a una malversación de $271,760.43, fondos públicos que estaban asignados para proyectos en beneficio de los habitantes de Soyapango.
A Ricardo Arturo Roque Baires, el ministerio público lo señala de una defraudación de $187,530.12. Los otros procesados como ausentes son: Ruth Raquel Aguilar de Montano, Salvador Orlando Montano Méndez y Francisco Henríquez.
Según la acusación con las acciones delictivas, los procesados obtuvieron beneficios propios y se aprovecharon de los fondos de la municipalidad de Soyapango.
La Unidad Penal de la Dirección de Intereses del Estado, incorporó al expediente documentos, pericias y testimonios que serán expuestos durante la vista pública.
Los fiscales le detallaron al juzgado que la exalcaldesa al consumar los delitos, afectó el orden socioeconómico, a empleados municipales y a las administradoras de fondo de pensiones.
A 42 años y ocho meses de cárcel fue condenado José Alfredo Rodríguez Avilés por haber violado a una niña de nueve años en Santa Ana.
La víctima vivía con el hermano menor, la madre y Rodríguez Avilés, quien comenzó a agredirla sexualmente coaccionando a la menor para poder realizarle tocamientos y otras agresiones. Los hechos ocurrieron desde el año 2004 hasta 2006.
Al poco tiempo inició a abusarla sexualmente y pese a que la niña denunció estas acciones con su madre, no le creyó, informó la Fiscalía.
Fue en 2008 cuando las autoridades fueron alertadas por esta situación y sustrajeron a la menor de la vivienda.
El violador fue denunciado, pero huyó del país. «Fue hasta el año 2021 que fue localizado por la INTERPOL y posteriormente entregado a las autoridades salvadoreñas», explicó el ministerio público.
Elías Elíseo González Escobar, reo ausente, fue condenado a 16 años de prisión por haber extorsionado a un comerciante de Dulce Nombre de María en Chalatenango Centro.
De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, González y otros hombres identificados como pandilleros de la MS extorsionaron al comerciante desde junio hasta agosto del 2018.
«En ese lapso de tiempo los delincuentes le exigieron en nombre de la pandilla varias cantidades de dinero de manera mensual, asimismo, lo amenazaron manifestándole que si no cumplía con el pago lo matarían junto a su familia», informó el ministerio público.
La víctima denunció el caso y luego, por medio de entregas controladas de dinero, González y el resto de pandilleros fueron capturados.
La condena fue impuesta por el Tribunal de Sentencia de Chalatenango.
Centros Judiciales El Salvador informó que Claudia Margarita Juárez, integrante de la clica Viroleños Locos Salvatruchos de la MS-13, fue condenada a 245 años de prisión por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas.
La sentencia fue impuesta por el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador. Según el reporte, Juárez cobraba extorsiones a empresarios del transporte público del distrito de Zacatecoluca, en La Paz Este.
Asimismo, Manuel Antonio Martínez Mena, alias “Yegua”, también miembro de la misma estructura, recibió una condena de 240 años de cárcel por extorsión agravada.
De acuerdo con CJES, el tribunal acreditó 24 casos de extorsión cometidos entre 2018 y 2019, en los que las víctimas entregaron dinero bajo amenazas.
