Judicial
Dura condena para sujeto que violó a niña de 13 años en Cuscatancingo
Fiscales de la Unidad de Atención Especializada para la Mujer de la oficina de San Salvador lograron demostrar durante el desarrollo de la Vista Pública realizada por el Juzgado Segundo de Sentencia de esta capital, la participación delincuencial de Félix Alexander Mancía Santamaria en los delitos de Violación y Agresión Sexual en perjuicio de una misma víctima, recibiendo una pena carcelaria de 42 años con 8 meses de prisión.
La jefe de la Unidad, Cecilia Pineda, informó que durante el desarrollo del juicio se aportaron elementos probatorios suficientes, incluyendo el testimonio de la misma víctima, quien detalló los momentos difíciles que tuvo que pasar junto al imputado cuando cometía los vejámenes.
“No es posible que sujetos como éste trunquen el sueño y el futuro de una niña solo para satisfacer sus instintos sexuales. Como Fiscalía y por instrucción del titular estamos poniendo todo nuestro esfuerzo para que personas peligrosas como ésta reciban todo el peso de la ley por el mal que han causado”, sostuvo la fiscal Pineda.
Los delitos por los que fue procesados son Violación en Menor e Incapaz Agravada continuada y Agresión Sexual en Menor o Incapaz Agravada Continuada. Por el primero de los delitos se le impuso la condena de 26 años con 8 meses, en tanto que por las Agresiones la condena fue de 16 años, lo cual suman los 42 años con 8 meses que al final recibió.
Los Hechos ocurrieron en municipio de Cuscatancingo cuando la víctima contaba con tan solo ocho años cuando el imputado le realizaba tocamientos en sus partes íntimas y al cumplir 13 años cometió la Violación la cual fue de conocimiento de su madre quien de inmediato denunció el caso y se logró la captura y posterior procesamiento judicial que concluyó con la condena antes descrita.
Esta mañana se instaló la audiencia preliminar en contra de Kevin Alexander Miranda Santamaria, a quién las autoridades le acusas de ser narcotraficante.
Según las autoridades fiscales, la Policía Nacional Civil realizó un allanamiento en la vivienda del sujeto a quién le encontraron cocaína, marihuana y anfetaminas, valoradas en $153,992,00.
Así mismo, se le decomisó un arma de fuego sin su respectiva documentación y una cantidad de $20,690.00. en efectivo.
Los delitos que se le atribuyen son: tráfico ilícito, tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y casos especiales de lavado de dinero.
Las autoridades dicen contar con las suficientes pruebas que incriminan al sujeto para que sea enviado a prisión.
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a Salvador Alvarado Navarrete a 25 años de prisión por el delito de homicidio agravado en perjuicio de J. R. A. L.
El hecho ocurrió el 1 de junio de 2021, a las 9:00 p. m., cuando la víctima se encontraba sentada en una acera cercana al Hospital Nacional Rosales. En ese momento, Alvarado Navarrete, acompañado de otros sujetos, se acercó a la víctima. Al verlos que llevaban armas corto punzantes, la víctima intentó huir.
Según la declaración anticipada de un testigo presencial, los sujetos lo golpearon y lo tiraron al suelo, donde le ocasionaron una serie de lesiones con un corvo, un destornillador y un hacha. Se identificó a Salvador Alvarado como la persona que utilizó el corvo.
La Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador convocó a las partes para el 29 de noviembre, fecha en la que se dará a conocer el fallo oral del proceso por enriquecimiento ilícito promovido contra el exdiputado por el partido del FMLN, Othón Sigfrido Reyes Morales, y su núcleo familiar, demandados por no haber podido justificar la cantidad de $472,464.04.
Las partes expusieron este viernes sus alegatos finales. La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a las magistradas que se declare la existencia del enriquecimiento ilícito sin justa causa, y que los demandados sean condenados a devolver al Estado la siguiente cantidad: $459,714.04 en el caso de Reyes Morales, $12,000 a su cónyuge, Susi Melba Guadalupe Rodríguez Hernández, y $750 a su hijo, Luis Damián Reyes Rodríguez.
Los montos reclamados corresponden a presuntas irregularidades encontradas en los rubros de depósito en efectivo, pago de tarjetas de crédito, compras de inmuebles y vehículos, entre otros. Para la FGR, se desconoce el origen lícito de estas cantidades, durante tres períodos en que Reyes fue diputado propietario, del 1 de mayo de 2006 al 30 de abril de 2015.
Por su parte, los apoderados de los demandados solicitaron que se tenga por acreditada las fuentes de ingreso que son de origen lícito de cada una de las supuestas irregularidades, argumentando que la perito judicial no tomó en cuenta las condiciones personales de los demandados como la venta de inmuebles, bonificaciones, entre otros ingresos. Además, en relación con los viáticos, no tomó en cuenta toda la legislación que establece el cómo se dividen (viáticos, gastos de terminales y gastos de viajes), así como el monto diario y quienes aprueban las misiones oficiales.
