Judicial
Desde “La concha loca” hasta billares y gimnasios: Estos son las decomisos que dejó la Operación Cuscatlán
POR EL SALVADOR TIMES / La acumulación de riqueza de la MS 13 parece no tener fin; sus miembros y colaboradores son dueños de restaurantes, pupuserías, autolotes, casas y otros bienes.
Un número no determinado de vehículos, motocicletas, microbuses, televisores tipo plasma, camas, entre otros artículos incautados luego de la Operación Cuscatlán, se colocaron de forma ordenada en el estacionamiento del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco). El operativo tuvo como propósito golpear la fuente económica de la Mara Salvatrucha 13 en siete departamentos del país.
Según la Fiscalía General de República (GFR) recuenta hasta el jueves, recuperó más de 24 mil dólares en efectivo y 500 mil dólares en cuentas bancarias.
El operativo se llevó a cabo por la Unidad Táctica Especializada Policía (UTEP) durante la madrugada del jueves, dando como resultado más de 520 órdenes de capturas de las cuales 416 son intimaciones en centros penales. Además de 150 allanamientos en negocios de diferentes rubros, donde la PNC confirmó que estas operan con ingresos ilícitos de las pandillas y que se dedicaban al lavado de dinero.
Luego del operativo la Unidad de Extinción de Dominio de la FGR procedió a inmovilizar los bienes de algunos sospechosos, entre ellos Irma Lorena Rodríguez, Florencia Recinos, Erick Rivas, Oswaldo Aguilar y Buenaventura Gómez.
Irma Rodríguez tenía a su nombre nueve negocios en la colonia Santa Lucía, en Ilopango. Los inmuebles allanados son: el restaurante “La concha loca y el garrobo feliz”, comedor y pupusería “María Bonita”, pupusería Gaby y panadería Lorenita, además posee un lote en el municipio de Estanzuelas, Usulután, y una casa en Santa Lucía. También le decomisaron maquinaria comercial y dinero en efectivo.
En esa misma colonia, Florinda Recinos se le decomisaron tres casas de gran tamaño, un vehículo Isuzu y seis microbuses de la ruta 29 A. Recinos fue presidenta de la ruta de autobuses, las autoridades no descartan que ella era la encargada de lavar el dinero de las MS 13 que opera en la zona.
La fiscalía aclara que la compra de dos microbuses se realizó con dinero entregado por las pandillas a Recinos mientras que el resto está por confirmar su procedencia ya que hay “mezcla de capitales”.
En Acajutla, Sonsonate los autolotes de Erick Rivas y Osvaldo Aguilar fueron allanados. En el lugar se se incautaron 22 vehículos de diversas marcas. “La investigación llega a establecer que esos negocios operaban con el dinero de grupo criminal. Ellos se encargaron de lavar estos recursos.” señala Landaverde.
Álvaro Aldana, alias Snifer, miembro activo de la MS 13 fue capturado y se le decomisó mil 211 dólares, tres teléfonos, una tableta electrónica, un vehículo y una motocicleta.
La Unidad de Extinción de Dominio materializó medidas cautelares contra los inmuebles de Buenaventura Gómez, alias Tomatero, quien es dueño de seis inmuebles pero solo uno fue puesto en extinción este ubicado en el caserío La Ceiba, en San Miguel. Según la Policía Nacional Civil (PNC) Gómez tiene un vínculo directo con la Mara Salvatrucha. Gómez dijo a los medios que se presentaba inocente y que no recae ningún delito sobre él.
Rodeado de mucha seguridad el Fiscal General, Douglas Meléndez verificó los allanamientos de cervecerías y centros de tolerancia sobre la 20 avenida norte y paseo independencia en el centro de San Salvador.
Cabecillas involucrados en negocios allanados
El ministro de Justicia y Seguridad, Ramírez Landaverde dice que “el contacto fue durante mucho tiempo se permitió para que aunque estuvieran en prisión seguían manteniendo comunicación hacia afuera (de los penales)… los cabecillas mantuvieron coordinación para que estas actividades ilícitas se dieran”
La investigación en la colonia Santa Lucia viene desde 2015 donde se identificó a 12 personas “civiles” y cuatro cabecillas de ranfla nacional de la Mara Salvatrucha. Entre ellos figuran Eduardo Erazo (El Colocho), Borromeo Solórzano (El diablito de Hollywood), Saúl Turcios (Trce Teclas) y Dionisio Umanzor (Sirra de Tecla), todos ellos encarcelado por varios homicidios. Recluidos en los penales de Izalco y Zacatecoluca.
Más de 2 mil miembros de la policía participaron de la Operación Cuscatlán se llevó a cabo de la cooperación conjunta de unidades élites de la Extinción de Dominio, Delitos de Crimen Organizado y Grupo 300, dedicada a investigar bienes de estructuras terroristas.
Datos finales
El subdirector de Investigaciones, Juan Carlos Martínez explicó que las detenciones se realizaron en siete departamento del país, en la que se ejecutaron 28 capturas, 416 intimaciones y 131 allanamientos.
Sólo la División Élite contra el Crimen Organizado (DECO) realizó cinco detenciones en Cojutepeque, seis en el oriente y tres en el occidente, mientras que la División Central de Investigaciones, realizaron trece detenciones.
En el penal de Zacatecoluca se realizaron 154 intimaciones de los principales cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS) y otros en el penal de Izalco.
Asimismo se realizaron 39 allanamientos en negocios y 50 en residenciales por parte de la DECO.
Además la DCI realizó 24 cateos en negocios y 18 en residencias, informó el jefe policial.
Entre lo que se les decomisó a los detenidos están:
6 Microbuses tipo Coaster.
4 Taxis.
2 Buses.
3 Armas de fuego.
5 Vehículos tipo pick up.
1 Equipo de Gimnasio.
3 Mesas de Billar.
25 Automóviles.
4 Teléfonos celulares.
17 Camionetas.
3 Motos.
3 Rockolas.
1 Discomóvil.
1 Refrigeradora.
1 Estante.
Fuente: El Salvador Times
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 40 años de prisión a Klaus Fernando Orantes Ramírez por el delito de homicidio agravado en perjuicio de su madre, Eneyda Ramírez, crimen cometido en febrero de 2021.
El homicidio ocurrió en una vivienda ubicada en la colonia Escalón, en San Salvador. De acuerdo con las investigaciones, la víctima y el imputado regresaban de un viaje a la playa y, bajo los efectos del alcohol, Orantes Ramírez la asfixió utilizando una cadena metálica.
Tras cometer el crimen, el condenado se infligió varios golpes y desordenó la vivienda para simular un robo e intentar despistar a las autoridades.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las investigaciones determinaron que Klaus Fernando Orantes Ramírez planificó el homicidio junto con su primo, Pedro Antonio Gálvez, quien fue detenido anteriormente. Según la acusación, ambos pretendían vender un inmueble y apropiarse del dinero de la venta, así como de los recursos obtenidos por la administración de los demás inmuebles propiedad de la víctima.
«Los imputados, para desvirtuar su participación, simularon que personas desconocidas se metieron a su casa a robar, y se golpearon entre sí para despistar que ellos cometieron el homicidio», detalló la Fiscalía.
En este caso también fue capturada Fernanda Nicole Orantes Ramírez. Sin embargo, en enero de 2023, el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador resolvió que continuara el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención, tras pagar una fianza de $5,000.
En esa ocasión, el juzgador señaló que la decisión obedecía a que la violencia psicológica que recibió Fernanda Orantes Ramírez no le permitía ser considerada cómplice, sino víctima. Hasta la fecha, se desconoce el estado actual de su proceso judicial.
Crimen planificado
Al momento de las capturas, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que los imputados planearon el asesinato de Eneyda Ramírez, a quien acusaban de «ser tacaña y no darles dinero», pese a que poseía varias viviendas en alquiler.
Según la corporación policial, con el pretexto de celebrar el Día de San Valentín, llevaron a la víctima a la playa, donde le suministraron abundantes bebidas alcohólicas. Al regresar a su vivienda en la colonia Escalón, continuaron dándole alcohol hasta dejarla inconsciente y posteriormente la asfixiaron con una cadena metálica.
La PNC agregó que, para evitar ser descubiertos, los dos hermanos y el primo simularon haber sido víctimas de un robo. «Los 2 hermanos y el primo se dieron varios golpes entre ellos, fingiendo que los supuestos ladrones los habían atacado y desordenaron toda la casa para hacer creíble su historia», detalló la institución.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 43 integrantes de la clica Dalmacia Criminal Locos Salvatruchos a penas de hasta 85 años de prisión por diversos delitos.
De acuerdo con la información del proceso, todos los condenados fueron capturados el 27 de marzo de 2022, cuando inició el régimen de excepción, luego de años de delinquir en Ciudad Dolores y Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas.
El principal cabecilla de la estructura, identificado como Edwin Ricardo Guzmán Segovia, alias «Scrappy», quien ostentaba el rango de corredor, fue sentenciado a un total de 85 años de prisión. La condena comprende 15 años por tenencia ilegal de arma de fuego, 10 años por posesión y tenencia de droga y 60 años por el delito de agrupaciones ilícitas.
Asimismo, el juez impuso condenas de 75 años de prisión a los corredores de clica Carlos Pineda y José Amaya, quienes recibieron 60 años por agrupaciones ilícitas y 15 años por tenencia ilegal de armas.
El tribunal también condenó a otros nueve homeboys, quienes desempeñaban funciones de cabecillas de la célula territorial, a 35 años de prisión. Además, dos chequeos recibieron penas de 40 años, mientras que nueve paros y 20 colaboradores fueron sentenciados a 25 años de cárcel.
Según el proceso judicial, este grupo forma parte de una estructura criminal más amplia que ha comenzado a ser procesada por delitos de crimen organizado mediante una audiencia única abierta, la cual permanecerá activa durante los próximos dos años.
La Ley contra el Crimen Organizado faculta a la Fiscalía General de la República para solicitar al juez de los expedientes únicos el procesamiento de integrantes de estructuras criminales cuando existan suficientes pruebas para instalar la audiencia única.
En el caso de estos 43 imputados, la Fiscalía delimitó las pruebas presentadas para su enjuiciamiento, permitiendo al tribunal aplicar las herramientas legales contempladas en el régimen de excepción, entre ellas la posibilidad de condenar por el delito de agrupaciones ilícitas derivado de su pertenencia a una estructura pandilleril.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de prisión a Mario Rigoberto Pineda Arias por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante del distrito de Mejicanos.
De acuerdo con la resolución judicial, Pineda Arias, identificado como integrante de la pandilla 18, permanece prófugo. Tras declararlo responsable del delito, el tribunal giró una orden de captura en su contra. Las autoridades informaron que otro de los implicados en el caso ya fue condenado y cumple una pena de prisión.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que el 22 de abril de 2019 un grupo de extorsionistas llegó al negocio de la víctima, quien declaró bajo régimen de protección. Los sujetos se identificaron con sus alias y le manifestaron que pertenecían a la pandilla 18, indicándole que a partir de ese momento debía pagar una cuota periódica.
Según la acusación fiscal, los pandilleros afirmaron que controlaban varias colonias de Mejicanos y exigieron al comerciante el pago de 400 dólares. Además, le advirtieron que, si no entregaba el dinero, lo asesinarían junto con sus empleados.
La víctima explicó que no tenía la capacidad económica para pagar esa cantidad, por lo que los extorsionistas redujeron la exigencia a 200 dólares y le informaron que regresarían al día siguiente para retirar el primer pago.
Posteriormente, el comerciante denunció los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones que llevaron a la captura de Mario Rigoberto Pineda Arias. Sin embargo, el imputado recibió inicialmente medidas alternas a la detención y posteriormente se dio a la fuga.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República demostró que Pineda Arias fue quien recibió los 200 dólares entregados por la víctima, siendo ese el único pago realizado. Asimismo, se estableció que el comerciante cerró su negocio por temor, luego de que sus empleados dejaran de asistir a trabajar tras ser amenazados de muerte por los pandilleros si residían en territorios contrarios.
