Judicial
Defensa de Sigfrido Reyes asegura que existen irregularidades en investigación y solicita nulidad del caso
Los abogados defensores de Sigfrido Reyes consideran que la Fiscalía ha incumplido con el debido proceso en las investigaciones al acusar a su cliente de peculado, estafa agravada, lavado de dinero y activos.
En ese sentido, solicitarán al juez del caso la nulidad del proceso judicial en vista de estas irregularidades, que dicen, han encontrado.
Los defensores de Reyes y su esposa, Susy Melba Rodríguez, aseguran que en 2017 acudieron a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) de la Fiscalía a solicitar información sobre si existía alguna investigación contra su cliente.
Se les informó que había cinco, pero que estaban en proceso, razón por la cual como defensores dieron seguimiento a los señalamientos para desvirtuarlos.
Sin embargo, expresaron que el 18 de octubre de 2019 el Ministerio Público desmereció los alegatos que como defensa presentaron, al tiempo que se puso reserva al caso.
A su criterio, esta fue una manera de vulnerar el debido proceso que como defensa realizaban.
De ahí que durante la audiencia realizada este 13 de enero, en el Juzgado 11 de Paz de San Salvador, hayan argumentado que los fiscales del caso no permitieron completar el proceso que establece el Código Procesal Penal para la investigación y trámites administrativos.
Delitos prescribieron en 2019, según defensa
Los defensores del resto de acusados explicaron que delitos como el de incumplimiento de deberes, por el que son señalados tres empleados de la Corte de Cuentas de la República y tres del IPSFA, prescribireron en 2019.
En el caso, por ejemplo, de Karla Hernández, quien se desempeñaba como asistente de Reyes y que ahora es acusada de lavado de dinero y evasión de impuestos, explicaron que el requerimiento de la Fiscalía no demuestra una investigación en su contra.
Desde el punto de vista de la defensa, es posible que Hernández no haya declarado su patrimonio en la renta, en todo caso es una situación legal que se puede subsanar por la vía administrativa y no de forma penal.
Consideran que el Código Tributario establece cómo se deben subsanar estos casos si en algún momento, por alguna situación, no fue bien declarado su patrimonio en la declaración de la renta.
En todo caso, puede llegar a instancias de apelación tributaria, Fiscalía y luego lo deberá de conocerlo la Cámara de lo Civil.
Argumentaron que este proceso no fue seguido, ya que para un enjuiciamiento tiene que haber una condena de esta Cámara.
Los defensores creen que Hernández es “efecto cascada” de la investigación iniciada contra Reyes.
La Fiscalía General de la Republica (FGR) hizo justicia a favor de una menor logrando que Nelson Salmerón Rosales sea condenado a 32 años de prisión y Jaqueline Felicita Navarro Cruz a 20 años de cárcel.
Los abusos ocurrieron desde que la menor tenía 6 años hasta los 11. Salmerón se aprovechó de la confianza que tenía con la mamá de ella para agredirla sexualmente. La menor le contó a su madre, pero ella permitió que eso ocurriera y nunca hizo nada para evitarlo.
A raíz de la situación, la víctima tuvo cambios en su comportamiento, las autoridades del centro educativo lo notaron y ella les contó lo que sucedía. Los profesores alertaron a un familiar de la niña e inmediatamente interpusieron la denuncia.
Las condenas han sido impuestas por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
Este lunes prosiguió el juicio contra Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Arístides Valencia y Wilson Alvarado, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador programó para la jornada la exposición de pruebas documentales y alegatos finales.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las pruebas y testimonios presentados hasta el momento vinculan a los procesados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y las de alcaldes y diputados de 2015, en las que supuestamente se ofrecieron beneficios a cambio de votos.
José Adilio Acosta García fue condenado a seis años de prisión por atacar con un corvo a su excompañera de vida en San Pablo Tacachico, La Libertad. La sentencia fue dictada por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, tras comprobarse el delito de lesiones graves agravadas.
De acuerdo con la Fiscalía, en diciembre de 2023, Acosta García llegó a la vivienda de la víctima en estado de ebriedad y le exigió reanudar la relación de pareja. Al ser rechazado, la agredió con el arma blanca, provocándole lesiones en un brazo que requirieron cirugía y una incapacidad superior a 30 días.
El tribunal concluyó que las pruebas presentadas confirmaron la responsabilidad del acusado y que las lesiones impedían a la víctima realizar sus actividades cotidianas.
