Judicial
Defensa de Sigfrido Reyes asegura que existen irregularidades en investigación y solicita nulidad del caso
Los abogados defensores de Sigfrido Reyes consideran que la Fiscalía ha incumplido con el debido proceso en las investigaciones al acusar a su cliente de peculado, estafa agravada, lavado de dinero y activos.
En ese sentido, solicitarán al juez del caso la nulidad del proceso judicial en vista de estas irregularidades, que dicen, han encontrado.
Los defensores de Reyes y su esposa, Susy Melba Rodríguez, aseguran que en 2017 acudieron a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) de la Fiscalía a solicitar información sobre si existía alguna investigación contra su cliente.
Se les informó que había cinco, pero que estaban en proceso, razón por la cual como defensores dieron seguimiento a los señalamientos para desvirtuarlos.
Sin embargo, expresaron que el 18 de octubre de 2019 el Ministerio Público desmereció los alegatos que como defensa presentaron, al tiempo que se puso reserva al caso.
A su criterio, esta fue una manera de vulnerar el debido proceso que como defensa realizaban.
De ahí que durante la audiencia realizada este 13 de enero, en el Juzgado 11 de Paz de San Salvador, hayan argumentado que los fiscales del caso no permitieron completar el proceso que establece el Código Procesal Penal para la investigación y trámites administrativos.
Delitos prescribieron en 2019, según defensa
Los defensores del resto de acusados explicaron que delitos como el de incumplimiento de deberes, por el que son señalados tres empleados de la Corte de Cuentas de la República y tres del IPSFA, prescribireron en 2019.
En el caso, por ejemplo, de Karla Hernández, quien se desempeñaba como asistente de Reyes y que ahora es acusada de lavado de dinero y evasión de impuestos, explicaron que el requerimiento de la Fiscalía no demuestra una investigación en su contra.
Desde el punto de vista de la defensa, es posible que Hernández no haya declarado su patrimonio en la renta, en todo caso es una situación legal que se puede subsanar por la vía administrativa y no de forma penal.
Consideran que el Código Tributario establece cómo se deben subsanar estos casos si en algún momento, por alguna situación, no fue bien declarado su patrimonio en la declaración de la renta.
En todo caso, puede llegar a instancias de apelación tributaria, Fiscalía y luego lo deberá de conocerlo la Cámara de lo Civil.
Argumentaron que este proceso no fue seguido, ya que para un enjuiciamiento tiene que haber una condena de esta Cámara.
Los defensores creen que Hernández es “efecto cascada” de la investigación iniciada contra Reyes.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un requerimiento contra el ciudadano guatemalteco Jasson José Herrera Orozco, acusado de lesiones culposas y conducción peligrosa de vehículo automotor, tras atropellar a una niña de nueve años en Ahuachapán.
Según el expediente fiscal, el hecho ocurrió el pasado 4 de julio en el kilómetro 114 de la carretera a Las Chinamas, cuando la menor cruzaba la vía para dirigirse a su centro escolar. Tras el atropello, el imputado intentó huir hacia Guatemala.
El Juzgado Segundo de Paz de Ahuachapán ha programado la audiencia inicial para el próximo 21 de julio.
Judicial
Condenan a 90 años de prisión a seis pandilleros por el asesinato de un agente policial en Sonsonate
El Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de Santa Ana impuso una condena de 90 años de prisión a seis miembros de la clica San Cocos Salvatruchos, perteneciente a la MS-13, tras ser encontrados culpables de la desaparición y homicidio agravado de un agente de la Policía Nacional Civil (PNC), ocurrido en enero de 2022 en Sonsonate.
Los condenados fueron identificados como Eduardo José Cruz Hernández, David Eduardo Hernández Zeledón y Marco Daniel Cruz Hernández, quienes estuvieron presentes durante la vista pública. En tanto, Roberto Benjamín Rodríguez Padilla, Miguel Ángel Cortez Lozano y Nelson Alexánder Chacón Rivas fueron condenados en ausencia y deberán cumplir la pena una vez sean capturados.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el agente Nahúm Elías Hernández Escobar fue privado de libertad el 2 de enero de 2022 en la colonia Sensunapán, cuando se disponía a visitar a unos familiares. En ese momento fue interceptado por los pandilleros, quienes lo obligaron a bajar de su vehículo y lo trasladaron por la fuerza en otro automóvil.
Posteriormente, fue llevado a las orillas del río Sensunapán, donde fue asesinado y enterrado en una fosa clandestina. Su cuerpo fue localizado seis días después, el 8 de enero, e identificado mediante una prueba de ADN debido al avanzado estado de descomposición.
Los seis implicados fueron encontrados culpables de los delitos de homicidio agravado, desaparición de personas y agrupaciones ilícitas. Según la resolución judicial, cada uno recibió 60 años por homicidio agravado, 25 por desaparición y 5 por pertenecer a estructuras criminales.
La FGR reiteró su compromiso de llevar ante la justicia a quienes atenten contra la vida de servidores públicos y la seguridad de los salvadoreños.
El Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador abrió el proceso penal contra 48 estudiantes y exestudiantes de institutos nacionales, entre ellos 14 menores de edad, acusados de integrar “La Raza”, una nueva estructura delictiva surgida en centros educativos del país.
El caso, llevado con reserva total, incluye imputaciones por delitos relacionados con crimen organizado como agrupaciones ilícitas, lavado de dinero, proposición y conspiración para homicidio, falsificación de moneda, agresión sexual y amenazas.
La audiencia contó con la presencia exclusiva de fiscales, defensores y padres de los menores, quienes fueron trasladados a la sala sin ser expuestos ante los medios. Los adultos enfrentaron la audiencia de forma virtual para la imposición de medidas.
Las capturas se ejecutaron el 24 de junio de 2025, ordenadas por la Fiscalía General de la República, y tuvieron lugar en los institutos General Francisco Menéndez (INFRAMEN), Nacional Técnico Industrial (INTI), Albert Camus y Acción Cívica Militar, tras investigaciones que duraron varios meses.
Las autoridades recibieron información sobre actividades delictivas vinculadas a esta agrupación en los centros escolares y zonas aledañas. Según el gabinete de Seguridad, “La Raza” tenía como objetivos a profesores y agentes policiales, contra quienes dirigía sus acciones criminales.
Los abogados defensores señalaron que no existen pruebas contundentes que demuestren la vinculación de sus clientes con la estructura delictiva, y negaron que los acusados formen parte de “La Raza”. El proceso continúa en desarrollo.
