Judicial
Defensa de Sigfrido Reyes asegura que existen irregularidades en investigación y solicita nulidad del caso
Los abogados defensores de Sigfrido Reyes consideran que la Fiscalía ha incumplido con el debido proceso en las investigaciones al acusar a su cliente de peculado, estafa agravada, lavado de dinero y activos.
En ese sentido, solicitarán al juez del caso la nulidad del proceso judicial en vista de estas irregularidades, que dicen, han encontrado.
Los defensores de Reyes y su esposa, Susy Melba Rodríguez, aseguran que en 2017 acudieron a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) de la Fiscalía a solicitar información sobre si existía alguna investigación contra su cliente.
Se les informó que había cinco, pero que estaban en proceso, razón por la cual como defensores dieron seguimiento a los señalamientos para desvirtuarlos.
Sin embargo, expresaron que el 18 de octubre de 2019 el Ministerio Público desmereció los alegatos que como defensa presentaron, al tiempo que se puso reserva al caso.
A su criterio, esta fue una manera de vulnerar el debido proceso que como defensa realizaban.
De ahí que durante la audiencia realizada este 13 de enero, en el Juzgado 11 de Paz de San Salvador, hayan argumentado que los fiscales del caso no permitieron completar el proceso que establece el Código Procesal Penal para la investigación y trámites administrativos.
Delitos prescribieron en 2019, según defensa
Los defensores del resto de acusados explicaron que delitos como el de incumplimiento de deberes, por el que son señalados tres empleados de la Corte de Cuentas de la República y tres del IPSFA, prescribireron en 2019.
En el caso, por ejemplo, de Karla Hernández, quien se desempeñaba como asistente de Reyes y que ahora es acusada de lavado de dinero y evasión de impuestos, explicaron que el requerimiento de la Fiscalía no demuestra una investigación en su contra.
Desde el punto de vista de la defensa, es posible que Hernández no haya declarado su patrimonio en la renta, en todo caso es una situación legal que se puede subsanar por la vía administrativa y no de forma penal.
Consideran que el Código Tributario establece cómo se deben subsanar estos casos si en algún momento, por alguna situación, no fue bien declarado su patrimonio en la declaración de la renta.
En todo caso, puede llegar a instancias de apelación tributaria, Fiscalía y luego lo deberá de conocerlo la Cámara de lo Civil.
Argumentaron que este proceso no fue seguido, ya que para un enjuiciamiento tiene que haber una condena de esta Cámara.
Los defensores creen que Hernández es “efecto cascada” de la investigación iniciada contra Reyes.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
