Judicial
Defensa de Sigfrido Reyes asegura que existen irregularidades en investigación y solicita nulidad del caso
Los abogados defensores de Sigfrido Reyes consideran que la Fiscalía ha incumplido con el debido proceso en las investigaciones al acusar a su cliente de peculado, estafa agravada, lavado de dinero y activos.
En ese sentido, solicitarán al juez del caso la nulidad del proceso judicial en vista de estas irregularidades, que dicen, han encontrado.
Los defensores de Reyes y su esposa, Susy Melba Rodríguez, aseguran que en 2017 acudieron a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) de la Fiscalía a solicitar información sobre si existía alguna investigación contra su cliente.
Se les informó que había cinco, pero que estaban en proceso, razón por la cual como defensores dieron seguimiento a los señalamientos para desvirtuarlos.
Sin embargo, expresaron que el 18 de octubre de 2019 el Ministerio Público desmereció los alegatos que como defensa presentaron, al tiempo que se puso reserva al caso.
A su criterio, esta fue una manera de vulnerar el debido proceso que como defensa realizaban.
De ahí que durante la audiencia realizada este 13 de enero, en el Juzgado 11 de Paz de San Salvador, hayan argumentado que los fiscales del caso no permitieron completar el proceso que establece el Código Procesal Penal para la investigación y trámites administrativos.
Delitos prescribieron en 2019, según defensa
Los defensores del resto de acusados explicaron que delitos como el de incumplimiento de deberes, por el que son señalados tres empleados de la Corte de Cuentas de la República y tres del IPSFA, prescribireron en 2019.
En el caso, por ejemplo, de Karla Hernández, quien se desempeñaba como asistente de Reyes y que ahora es acusada de lavado de dinero y evasión de impuestos, explicaron que el requerimiento de la Fiscalía no demuestra una investigación en su contra.
Desde el punto de vista de la defensa, es posible que Hernández no haya declarado su patrimonio en la renta, en todo caso es una situación legal que se puede subsanar por la vía administrativa y no de forma penal.
Consideran que el Código Tributario establece cómo se deben subsanar estos casos si en algún momento, por alguna situación, no fue bien declarado su patrimonio en la declaración de la renta.
En todo caso, puede llegar a instancias de apelación tributaria, Fiscalía y luego lo deberá de conocerlo la Cámara de lo Civil.
Argumentaron que este proceso no fue seguido, ya que para un enjuiciamiento tiene que haber una condena de esta Cámara.
Los defensores creen que Hernández es “efecto cascada” de la investigación iniciada contra Reyes.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
