Judicial
Condenan a psiquiatra por manosear a mujer durante psicoterapia en colonia Escalón
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador condenó a tres años de prisión a un psiquiatra identificado como Ernesto Armando Sol Schaeufler, de 46 años, por acoso en perjuicio de la víctima con régimen de protección clave “flor”, quien era su paciente.
A pesar de la sentencia emitida durante la vista pública, dicha pena será sustituida por jornadas de trabajo de utilidad pública, el cual será determinado por un Juzgado de Vigilancia y Ejecución de la Pena.
Fuentes judiciales indicaron que se estableció durante la vista pública la participación de Sol Schaeufler a través del testimonio de la víctima, así como el peritaje de la extracción de la información en la que se concluyó que si hubo comunicación entre el psiquiatra y la víctima, en la que le pedía disculpas por los tocamientos que le realizó.
En el juicio declaró la víctima “Flor”, quien dijo que pasó consulta con el psiquiatra, en su casa de habitación situada en la colonia Escalón, el pasado 9 de febrero de 2017, por un cuadro de depresión, donde el especialista le recetó diferentes tipos de medicamentos como quetiapina, bromazepam y venlafaxina.
Posteriormente, según el testimonio de la víctima; el imputado la citó para realizar una psicoterapia, y le dio una pastilla llamada Olanzapina, sin embargo la paciente no se la tomó.
Luego cuando iniciaba la psicoterapia, el ahora condenado empezó a tocarle sus partes íntimas, por lo que la víctima denunció el hecho ante las autoridades competentes.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
