Judicial
Cirujano y enfermeras condenados a prisión por negligencia médica en una paciente
A tres años de prisión fueron condenados un cirujano y dos enfermeras del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) por negligencia médica en una paciente; además, fueron suspendidos dos años para ejercer su profesión.
Las personas condenadas son Guillermo Napoleón Araya Flores, médico cirujano; Matilde Carmelina Torres Trujillo, enfermera instrumentalista y Carolina Isabel Marroquín, enfermera circular. Todos fueron acusados por el delito de lesiones culposas por responsabilidad médica.
La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que el 4 de octubre de 2017 una paciente fue operada de apendicitis en el Hospital Amatepec por los imputados, quienes por negligencia le dejaron una compresa (gasa) en el interior del abdomen.
Flores junto a Trujillo y Marroquín le dieron el alta médica a la paciente al siguiente día en que fue operada; no obstante, la víctima empezó a sentir un fuerte dolor abdominal, mareos y vómito, por lo que fue a pasar consulta en el hospital de Sensuntepeque, en donde le practicaron una radiografía y le observaron la gasa.
Posteriormente fue remitida nuevamente al hospital Amatepec en donde le extrajeron la compresa; sin embargo, la paciente ya estaba infectada. La víctima cayó en coma por 12 días y al salir del estado de coma sufrió secuelas físicas, dijo la Fiscalía.
Días después, la víctima interpuso la denuncia en la Fiscalía y Policía, por lo que el galeno y las enfermeras fueron detenidas y llevadas ante la justicia.
El juez del Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador emitió la resolución condenatoria durante la vista pública tras validar las pruebas de peritajes médicos y la declaración de especialistas médicos, las cuales fueron presentadas por los fiscales de la Unidad de Delitos Relativos a la Vida e Integridad Física de la oficina fiscal de Soyapango.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
