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Infectólogo Jorge Panameño considera necesario prohibir reuniones sociales, religiosas y políticas para evitar COVID-19
El médico con especialidad en infectología, Jorge Panameño, consideró hoy la necesidad que el país cuente con un instrumento jurídico para regular las medidas de prevención ante el COVID-19.
“Si se emite un instrumento jurídico, por cierto, que no tenemos y ya vamos a completar el año de pandemia” puede regular la implementación de los protocolos de bioseguridad y frenar el ritmo de contagios.
A juicio del infectólogo debe de ser un instrumento jurídico de carácter transitorio “que prohíba todo tipo de reunión social, de índole religiosa, política, situaciones en las cuales se van a celebrar actividades que congreguen centenas de personas y que son extremadamente peligrosas como esos festivales musicales que se han estado dando, los últimos que hemos visto en el Puerto de La Libertad y Suchitoto”, agregó Panameño.
En las fiestas que señala el médico, a través de videos se pudo constatar que los asistentes no estaban adoptando ni las medidas más básicas como el uso de tapa boca y el distanciamiento social.
“En los ámbitos familiares debería limitarse porque el problema que tenemos son las festividades que vienen de Navidad y Año Nuevo que podrían dar origen a que se hagan reuniones sociales familiares o de otro tipo privadas, si en este momento no paramos eso, el fruto lo vamos a estar cosechando dentro de dos semanas”, dijo Panameño.
Las condiciones están dadas para fácilmente contagiarse del virus en reuniones sociales donde haya aglomeraciones, se incluye las reuniones familiares.
De continuar en estas condiciones, los sistemas de salud público y privado no van a dar abasto para atender la demanda de pacientes.
“Se pueden emitir ordenanzas o un instrumento jurídico, como se llame, que debería de estar activo no menos de 45 días prohibiendo todo tipo de reuniones y por otro lado medidas por parte de los gobiernos municipales en donde se emitan ordenanzas que busquen hacer obligatorio el uso de la mascarilla”, puntualizó el infectólogo.
La embajada de Japón en El Salvador anunció en sus redes sociales que está trabajando en un proyecto de vivienda de alquiler llamada “Danchi”, proyecto de vivienda social que fue popular en el país asiático en la década de los años 60 y 70.
Este anuncio lo realizó la embajada durante la visita que recibió de la ministra de Vivienda, Michelle Sol.
«Visita de cortesía a la ministra Michelle Sol por parte del embajador SANO (Taketoshi). Conversaron sobre el modelo japonés de vivienda de alquiler «Danchi». ¡Ya inició el proyecto para crear la versión salvadoreña de vivienda pública!”, detalló la embajada japonesa.
A pesar de este anuncio se desconocen más detalles del mismo, ya que ni la embajada de Japón ni el Ministerio de Hacienda han publicado sobre ese encuentro en su redes sociales ni páginas web, aparte de lo que anunció la embajada japonesa.
El Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó que Rolban Steven Rodríguez, enfrente juicio por los delitos estafa, uso y tenencia de documentos falsos, uso falso de documento de identidad, así como agrupaciones ilícitas.
En la acusación ratificada por la Fiscalía General de la República durante la audiencia preliminar, se detalló que el imputado fue parte de una estructura que entre el 2020 y 2022 alquiló vehículos y posteriormente los vendió con documentos falsos.
La banda utilizaba documentos de identidad de víctimas a quienes se los hurtaban para que los miembros de ese grupo delictivo se hicieran pasar como ellas.
Con los documentos sustraídos procedían a verificar quienes de los integrantes de la banda se parecían a las víctimas para trasladarse a empresas dedicadas a la renta de vehículos.
Cuando ya tenían los automotores en alquiler los llevaban a estacionamientos y los ponían a la venta, cuando aparecían las personas interesadas en adquirirlos, realizaban compraventas falsas con los documentos que habían hurtado.
Los demás miembros de la banda ya el mismo tribunal los había enviado a juicio, entre ellos hay exmiembros de la Policía Nacional Civil.
Un hombre de 65 años, identificado como José del Carmen R. A., fue enviado al penal de Mariona, acusado de intentar asesinar a Elmer Francisco A. F., en la urbanización Montes de San Bartolo V, de Soyapango.
El hecho ocurrió el 18 de enero de 2026, aproximadamente a las 11:23 de la noche, cuando ambos ingerían bebidas alcohólicas. Según la acusación luego de comenzar a discutir en el interior de una vivienda, el imputado sacó un arma blanca con la cual lesionó a la víctima.
Testigos informaron a las autoridades que auxiliaron a la víctima para que fuera trasladado al Hospital Nacional Dr. José Molina Martínez y una vecina llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para que investigara lo ocurrido y ubicara al agresor.
Al imputado lo capturado el siguiente día en horas de la mañana cuando estaba laborando como agente de seguridad privada en el distrito de Panchimalco.
En la resolución de la audiencia inicial, la jueza envió la causa penal al Juzgado Segundo de Instrucción de Soyapango y ordenó que el acusado siga en prisión mientras dure el proceso penal.
Según la decisión judicial, la víctima estuvo en riesgo inminente de perder la vida a raíz de las lesiones que el imputado le ocasionó.
