Nacionales
Gobierno salvadoreño no retrocederá en el combate de los grupos criminales
El Gobierno del presidente Nayib Bukele desarrolla una lucha decidida y sin marcha atrás en contra de las pandillas, que son un fenómeno social heredado de los 30 años de administraciones ejecutivas bajo las banderas de ARENA y del FMLN, y para combatirlas aplica planes y medidas constitucionales.
Como parte de esas acciones, el presidente impulsa, desde 2019, el Plan Control Territorial (PCT), que tiene siete fases, de las cuales ya han sido ejecutadas cinco. La última activada es conocida como Extracción, que consiste en ubicar y capturar a pandilleros en los territorios. Inició en Soyapango (San Salvador), donde el resultado ha sido de 500 capturas.
Además del PCT, y como muestra del no retroceso en el combate de los grupos criminales, el Ejecutivo solicitó el 26 de marzo pasado que la Asamblea Legislativa aprobara el régimen de excepción. Esta medida, basada en la Constitución de 1983, fue avalada al día siguiente y está vigente desde esa fecha.
La última prórroga data de la plenaria del miércoles de esta semana, con 67 votos de los diputados de Nuevas Ideas, GANA, PCN y PDC. Al igual que en las ocasiones anteriores, los diputados de ARENA, FMLN, VAMOS y Nuestro Tiempo no acompañaron la aprobación porque argumentan que la medida ha sido utilizada para violar derechos humanos.
Hasta la fecha, el régimen de excepción ha permitido la captura —según la última actualización— de 60,019 pandilleros, por lo que se ha conseguido una drástica reducción de los homicidios. Solo en este mes se reportan 11 días sin asesinatos a escala nacional.
«Nuestros opositores y sus patrocinadores nacionales e internacionales intentan convencer al pueblo salvadoreño de que debemos regresar al tiempo cuando éramos literalmente el país más peligroso del mundo», señaló el presidente Bukele en Twitter, un día después de la prórroga de la medida por novena ocasión.
El sociólogo y analista Mauricio Rodríguez aplaudió las acciones de seguridad que impulsa el Gobierno salvadoreño, y no duda de que la población respalda la nueva prórroga de la medida constitucional. En septiembre pasado, la encuesta CID Gallup detalló que nueve de cada 10 ciudadanos están a favor del trabajo del presidente Bukele para garantizar la seguridad pública.
ARENA y el FMLN, que son las principales fuerzas políticas de oposición en la Asamblea, no respaldan el uso de la figura del régimen de excepción, aunque en 2016 el entonces presidente de la república, Salvador Sánchez Cerén, valoró utilizarla para combatir a las maras después de que 11 personas fueron asesinadas por pandilleros en el municipio de San Juan Opico, La Libertad.
También durante la campaña presidencial anterior el candidato de ARENA, Norman Quijano, no descartó usar esa herramienta constitucional para enfrentar a las pandillas. Después, la Fiscalía General de la República (FGR) lo procesó porque en ese período se reunió con integrantes de maras para ofrecerles beneficios económicos y programas sociales a cambio de respaldo en los comicios de 2014.
Actualmente, Quijano es diputado del Parlamento Centroamericano, pero la Asamblea Legislativa le retiró el fuero en 2021 para que enfrente a la justicia. Fue derrotado por Sánchez Cerén, quien, según la FGR, no medió directamente con las pandillas, pero sí lo hicieron los entonces diputados efemelenistas Arístides Valencia y Benito Lara. Con el triunfo en las urnas, Valencia fue nombrado ministro de Gobernación y Lara, ministro de Justicia y Seguridad Pública.
Nacionales
Cuestionan la labor productiva de reos mientras el país transforma su infraestructura educativa
Una reciente polémica se ha generado a raíz de las declaraciones de Ingrid Escobar, militante del FMLN y autonombrada defensora de derechos humanos, quien calificó como “inconstitucional” el uso de privados de libertad para trabajos comunitarios, particularmente en labores de reconstrucción y mejora de escuelas públicas.
Escobar señaló que los reos que participan en estos programas son “obligados” a trabajar, lo cual, según su interpretación, contraviene preceptos constitucionales relacionados con los derechos humanos. Sus declaraciones han generado diversas reacciones, tanto en apoyo como en crítica, dentro del debate público nacional.
Lo que algunos sectores señalan como una violación de derechos, otros lo ven como una oportunidad de rehabilitación social para los privados de libertad, especialmente en un país donde históricamente se ha carecido de una política eficaz de reinserción penitenciaria.
Actualmente, cientos de reos en El Salvador participan en jornadas laborales en las que fabrican al menos 2,000 piezas diarias que son utilizadas para la construcción y renovación de centros escolares. Esta iniciativa forma parte de un programa gubernamental enfocado en dar una segunda oportunidad a quienes cumplen condena y, al mismo tiempo, mejorar las condiciones de infraestructura educativa en todo el país.
Los productos elaborados por los reos incluyen escritorios, ventanas, puertas, y otras estructuras metálicas que permiten avanzar en la dignificación de espacios educativos que durante décadas fueron abandonados por las autoridades.
Cabe recordar que durante los gobiernos del FMLN y de ARENA, muchas escuelas públicas fueron construidas con materiales precarios, incluyendo láminas metálicas y pisos de tierra. Esto fue duramente criticado por docentes, padres de familia y comunidades enteras que vieron limitada la calidad del proceso educativo.
Según informes oficiales, miles de estudiantes salvadoreños cursaron su educación básica en aulas improvisadas, sin ventilación adecuada, sin acceso a servicios sanitarios dignos y, en algunos casos, expuestos a condiciones de insalubridad que afectaban directamente su rendimiento académico.
La situación actual contrasta con esa realidad. El Gobierno ha priorizado la mejora de la infraestructura escolar y ha involucrado a los reos como parte activa del proceso, bajo estricta supervisión, con el objetivo de contribuir a la transformación social desde el sistema penitenciario.
Los accidentes de tránsito en El Salvador han aumentado un 6 % en lo que va de 2025, en comparación con el mismo período de 2024, según datos proporcionados por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Hasta la fecha, se reportan 8,879 accidentes, lo que representa una tendencia preocupante en la siniestralidad vial del país.
De acuerdo con el informe oficial, la principal causa de estos percances sigue siendo la distracción del conductor, responsable de al menos 2,202 accidentes. Esta situación incluye el uso del celular, manipulación de dispositivos o falta de atención a la vía mientras se conduce.
La segunda causa más común es la invasión de carril, que ha generado 1,911 accidentes, seguida por la falta de distancia reglamentaria entre vehículos, con un total de 1,225 casos.
En la cuarta posición se encuentra el irrespeto a las señales de tránsito, motivo de 1,125 siniestros viales registrados en lo que va del año.
Otras causas identificadas por el observatorio incluyen velocidad excesiva, conducción bajo efectos de alcohol o drogas, adelantamientos indebidos, maniobras en reversa, así como la inexperiencia del conductor.
Aunque en menor proporción, también se registran accidentes provocados por imprudencia del peatón, fallas mecánicas, giro incorrecto, carga mal acondicionada, mal estado del vehículo, enfermedades súbitas y hasta deslumbramiento.
El Observatorio Nacional de Seguridad Vial destaca la importancia de una conducción responsable para evitar tragedias. La institución hace un llamado a los automovilistas a respetar la normativa vial y mantener una actitud consciente y preventiva en las carreteras.
Un accidente de tránsito se registró la tarde de este jueves sobre la carretera al Boquerón, en el departamento de La Libertad.
Según los primeros reportes, el conductor de un camión perdió el control del vehículo y terminó fuera de la vía, impactando a un costado de la carretera. Hasta el momento no se han confirmado personas lesionadas.
Equipos del Viceministerio de Transporte (VMT) se desplazaron al lugar del percance para coordinar el tráfico y evitar mayores complicaciones en la circulación vehicular.
Las autoridades investigan las causas del accidente.
