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Gobierno concretó rehabilitación de la Planta Potabilizadora Torogoz, pese a recibir, de la administración anterior, un proyecto entrampado y sin avances
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele continúa realizando grandes transformaciones en beneficio de los salvadoreños, con las que garantiza servicios de calidad; una muestra de ello es que la Planta Potabilizadora Torogoz, ubicada en San Pablo Tacachico, departamento de La Libertad, ya está al 100 % el funcionamiento y abastece de agua al 40 % de la población del Gran San Salvador.
Esta administración procuró hacer los trabajos de rehabilitación de la Planta en el menor tiempo posible, ya que, al recibir el proyecto, la planta presentaba poco avance. “Cuando entró la administración del Presidente Nayib Bukele, la planta potabilizadora solo tenía el 3 % de avance físico y el 17 % de avance financiero”, señaló el presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Rubén Alemán.
El funcionario apuntó que el proyecto de la planta potabilizadora inició en 2015 y no hubo resultados del gobierno anterior. “Costó $78 millones la rehabilitación de la planta; hubo aprobación en 2015 y el contrato de ejecución de la obra se firmó en 2018, y solo se encontró, en 2019, el 3 % de avance físico”, detalló.
Alemán profundizó en los alcances de la rehabilitación de la planta: “La planta es mucho más que lo cosmético. Se realizó una ampliación, rehabilitación, sustitución de 29 motores que estaban colapsados, filtros, línea de producción, entre otros”.
El Presidente Nayib Bukele sigue generando confianza ante los organismos de internacionales, un ejemplo de ello es que gracias a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en El Salvador, la planta cuenta con el laboratorio de control de calidad con el que se ha fortalecido el sistema de alerta temprana. “Así aseguramos la calidad del agua que reciben estos 11 municipios”, informó el presidente de la ANDA.
El Gobierno del Presidente Bukele recibió apoyo financiero del Gobierno de Francia con $61.5 millones y del Banco Centroamericano de Integración Económica con $16.5 millones, para hacer de esta obra una realidad.
El ecosistema tecnológico salvadoreño continúa expandiéndose con el lanzamiento oficial de AuthenticDoc, una plataforma de firmas digitales desarrollada sobre el protocolo descentralizado Nostr y diseñada para cumplir plenamente con la normativa nacional de firma electrónica. Su propuesta apunta a establecer un nuevo estándar de seguridad y autenticidad criptográfica en documentos y contratos, en un contexto global marcado por los desafíos de verificación que plantean la inteligencia artificial y la centralización de datos.
Fabián Vleer, cofundador de AuthenticDoc, explicó que su llegada a El Salvador hace tres años fue determinante para impulsar esta iniciativa. «He estado en el espacio tecnológico por mucho tiempo. Soy bitcoiner, entiendo la tecnología descentralizada y entiendo dónde está el mundo hoy», afirmó.
Su trayectoria incluye desarrollo de software en Australia y un profundo entendimiento de los riesgos de privacidad y manipulación presentes en plataformas centralizadas.
Roberto Funes, pandillero de la MS-13, recibió una condena de 14 años de cárcel por el delito de organizaciones terroristas.
Este sujeto operaba en distintos sectores del distrito El Rosario, municipio La Paz Centro.
La fiscalía ha logrado individualizar la participación de Funes en varios crímenes y actos terroristas, por los cuales también será condenado y se le sumarán años a esta condena recibida.
A siete años de prisión fueron condenados tres hermanos traficantes de personas, quienes por $40,000, prometieron llevar a Estados Unidos, a dos víctimas con régimen de protección.
Al finalizar la vista pública, el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, emitió un fallo de responsabilidad penal para Marvin Orlando, José Daniel y Luis Antonio, los tres de apellido Dueñas Fuentes.
El juez los condenó en calidad de prófugos, ya que en la fase de instrucción los declararon rebeldes, por el delito de tráfico ilegal de personas, tras una investigación que inició por denuncia de las personas afectadas.
Además de los años de cárcel, el tribunal ordenó que deben pagar $21,600 a cada una de las víctimas en concepto de responsabilidad civil.
Las dos personas denunciantes, declararon que contactaron a los hermanos Dueñas Fuentes, uno de ellos residentes en Estados Unidos, con el fin de acordar el viaje de manera irregular hacia ese país.
En las pesquisas se detalla que las dos víctimas comenzaron el viaje el 17 de octubre de 2022 y que tras llegar a Estados Unidos, fueron deportadas hacia México en dos ocasiones.
A raíz de lo ocurrido, los imputados exigieron más dinero y las amenazaron con entregarlas a los cárteles mexicanos si no pagaban, ante esa amenaza las personas tomaron la decisión de regresarse a El Salvador por sus propios medios.
