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FOTOS | El CECOT cumple su primer año de funcionamiento
Un año ha pasado desde que El Salvador fue destacado mundialmente por construir el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la cárcel más segura y la más grande del continente americano donde ahora más de 12,500 pandilleros están tras las rejas bajo estrictos protocolos de seguridad y quienes, según los funcionarios salvadoreños, no volverán a ver «la luz del sol».
Fue el 1 de febrero del 2023 cuando el presidente de la República, Nayib Bukele, inauguró el recinto penitenciario que tiene capacidad para 40,000 pandilleros y que, un año después, se ha convertido en la casa de integrantes de maras, entre ellos, homeboys, palabreros, jefes de clicas, corredores deprogramas y para jefes de la MS.
Esta mega cárcel comenzó a recibir internos el 24 de febrero; bajo un amplio dispositivo de seguridad, liderado por la Policía Nacional Civil, Fuerza Armada y personal de Centros Penales, se realizó el primer traslado masivo de pandilleros desde diversos centros penales en todo el país.
Aproximadamente un mes después, bajo el mismo protocolo, el presidente Bukele confirmó el segundo traslado de un grupo de pandilleros y es así como poco a poco las autoridades han ido trasladando al Cecot, a miles de mareros conforme soncapturados bajo el régimen de excepción y otros que también ya estaban aislados en otros penales.
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Estándares de seguridad
El Cecot, que fue construido en tiempo récord, destacó por tener estándares internacionales de calidad y seguridad que garantizan la limitación de comunicación de los terroristas.
Dicha megacárcel, de 236 manzanas de terreno, ubicada en una zona alejada del centro urbano del municipio de Tecoluca, en San Vicente, cuenta con instalaciones modernas, tiene muros de 12 metros de altura, además de 19 torres de vigilancia y siete anillos de seguridad. Las instalaciones cuentan con diferentes pabellones para el confinamiento de reos. En total, 250 policías y 600 militares han sido asignados para vigilar el lugar.
Para asegurar que los mareros no se comuniquen con el exterior se han cimentado dentro del penal seis salas de audiencias donde se realiza un promedio de entre 15 a 20 audiencias diarias.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, ha reiterado que todos los pandilleros que lleguen a cumplir sus condenadas por diversos delitos «van a pasar, permanecer y morir» en la mega cárcel.
Ni torturas ni violación
Desde que se instauró el régimen de excepción en El Salvador, diversas organizaciones no gubernamentales, la oposición y otros, han criticado al gobierno de Bukele por «violar» los derechos humanos de pandilleros, pese a que ellos fueron los causantes de una ola similar de muertes a la registrada durante la guerra civil con más de 70,000 homicidios.
Al inaugurar la mega cárcel dichas críticas fueron en aumento, ya que a los internos no se les permite el contacto con el exterior, tienen restringidas visitas familiares, el menú de alimentación es reducido, etc. Sin embargo, autoridades externas al Gobierno han dicho y constatado que la disciplina aplicada es propia de un régimen penitenciario.
En septiembre del año pasado, el comisionado para los Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Andrés Guzmán, desmintió a los grupos y las ONG que se oponen al Gobierno de Bukele, que manifiestan que en las cárceles hay torturas y se violan derechos humanos.
El comisionado Guzmán ha dicho que «no existen violaciones de derechos humanos, que están, dentro del momento que están pasando por su vida, están en condiciones dignas, y bueno, en términos generales hay mucho, mucho más trabajo que hacer desde el punto de derechos humanos por ellos, pero lo estamos haciendo bien».
De igual forma medios de comunicación nacionales e internacionales, como la cadena BBC, y diplomáticos internacionales, como una comisión de diputados brasileños han constatado, en el año de funcionamiento del Cecot, las condiciones en las que se encuentran los pandilleros donde no existe tortura.
Buscan replicar modelo de Bukele
El éxito del Cecot ha llamado la atención en otros países, por ejemplo, políticos de Ecuador y Colombia expresaron su motivación de construir un Cecot en sus ciudades.
Entre los casos más recientes, el pasado 5 de enero, ante el incremento de la violencia en Ecuador, el presidente de la nación, Daniel Noboa, dijo que planea construir dos cárceles de máxima seguridad tomando como modelo el Cecot. «Van a ser cárceles que van a estar listas en 10 a 11 meses. Van a ser igualitas porque es la misma compañía, el mismo diseño que se hizo para las cárceles en México y El Salvador», detalló.
De igual forma, el año pasado el excandidato a la alcaldía de Cali, Colombia, Jaime Arizabaleta, tenía dentro de sus propuestas construir en esa jurisdicción un mega centro penal que servirá recluir a los delincuentes similar al Cecot.
La prolonganción de esta herramienta legal fue avalada con los votos de 57 diputados de los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, que consideraron válidos los argumentos planteados por el Órgano Ejecutivo al solicitar la extensión por 30 días, entre esos que «existen intentos de reorganización de grupos criminales».
En el decreto se expone que las autoridades recientemente capturaron a sujetos que tenían la aspiración de formar y operar pandillas cerca de los centros escolares, o sus entornos, a través de acciones como la «intimidación, reclutamiento y promoción de actividades ilícitas».
Agrega que el contexto regional demanda de atención especial, debido a que se «ha elevado y acelerado la actuación criminal en distintos países de la región, particularmente en la República de Guatemala».
Se subraya que «estos acontecimientos evidencian un incremento progresivo de la actividad de las pandillas en la región, y ponen en riesgo la paz, el orden y la seguridad en El Salvador».
Durante la discusión de la iniciativa, en la sesión plenaria 95, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, destacó el respaldo de los diputados que han acompañado el proyecto de seguridad del presidente Bukele, desde el 27 de marzo de 2022, cuando se aprobó por primera vez el régimen de excepción con «votos que están cambiando la vida de los salvadoreños».
Castro añadió que el clima de seguridad permite que ahora los niños puedan jugar frente a sus casas, las comunidades recuperar sus canchas, entre otras actividades que se han retomado y han mejorado la convivencia.
Caleb Navarro, diputado de Nuevas Ideas, puntualizó que en 2025 se registraron 82 homicidios a escala nacional, y todos fueron resueltos, alcanzando una tasa de efectividad del 100 %.
Agregó que antes nadie se preocupaba los homicidios y quedaban en la impunidad «ahora hablamos con números y los números no mienten», detalló.
Con 54 votos el congreso autorizó ayer al Ministerio de Hacienda para que suscriba un contrato de préstamo, por $16.7 millones, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
El decreto aprobado permitirá al país recibir el denominado «segundo financiamiento adicional del Programa Crecer y Aprender Juntos, desarrollo de la primera infancia de El Salvador».
Dicho programa plantea el propósito de continuar mejorando las prácticas de enseñanza, educación y cuidado en la primera infancia a escala nacional, así como los ambientes físicos de aprendizaje de centros seleccionados de educación y primera infancia.
En el decreto aprobado se establece que el contrato que suscriba Hacienda, o quien designe, deberá someterse al aval posterior de la Asamblea Legislativa.
La iniciativa del Ejecutivo, a través de Hacienda, fue ingresada ayer a la plenaria a través de modificación de agenda, en la que se solicitó su aprobación con dispensa de trámite.
Principal
Ocho sujetos fueron condenados hasta con 95 años de cárcel por diversos delitos en San Salvador
Penas de prisión de hasta 95 años de cárcel logró la Fiscalía para ocho personas -cuatro de ellas en calidad de reos ausentes-, a quienes se les procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, lavado de dinero y activos, asimismo, estafa y hurto de identidad, en perjuicio de varias víctimas.
De acuerdo a la información fiscal, esta investigación inició en 2023 a raíz de avisos por parte familiares de personas detenidas, donde manifestaron haber sido víctimas de estafas y otros delitos.
Según las investigaciones, los imputados crearon una página en una red social y se hicieron pasar como abogados. Bajo este mecanismo de engaño ofrecían sus servicios legales para poder sacar de la cárcel a personas detenidas, a cambio de que los familiares de los presos les pagaran grandes cantidades de dinero.
Con esta modalidad los sujetos estafaron al menos a cuatro personas, quienes finalmente decidieron denunciarlos ante las autoridades.
En este caso, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña (presente) fue condenada a la pena de 33 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos.
Por esos mismos delitos se condenó a 35 años a Jennifer Gabriela Sandoval y a 26 años de prisión a Karla Cristina Aguirre Quintanilla y Blanca Mirian Menjívar Pineda (todas presentes).
En ausencia fue condenado Marco Sebastián Pintor Rodríguez, alias “tatuado”, quien fue perfilado como cabecilla de la estructura y miembro de la pandilla Barrio 18. A él se le procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos, además de hurto de identidad.
Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda (también ausente) recibió una condena de 50 años de prisión; Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez (ausente) deberá cumplir una pena de cárcel de 25 años y Frania Elizabeth Pintor fue condenada a 5 años de prisión solo por lavado de dinero y activos.
Asimismo, se les condenó al pago de $30,500 dólares y de no pagar esta cantidad, se aumentará un tercio de la pena impuesta a cada imputado, según lo estipula la respectiva ley.
Las condenas de prisión fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador al valorar toda la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR en juicio.
