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Corte de Cuentas afirma que realizará examen de suficiencia de fondos FODES y de $75 millones del BID
La Asociación Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES), sostuvo este día, una reunión con el Presidente y Magistrados de la Corte de Cuentas de la República (CCR), en seguimiento al Dictamen Recomendable emitido por la Asamblea Legislativa al Ministro de Hacienda, para hacer efectiva la entrega del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES).
En la reunión que se llevó a cabo a solicitud de COMURES y en cumplimiento de uno de los acuerdos de la Reunión General de Alcaldes y Alcaldesas del 17 de septiembre, participaron en representación de la Gremial: su Presidenta y Alcaldesa de Antiguo Cuscatlán, Licda. Milagro Navas Quintanilla; Segundo Vicepresidente y Jefe Edilicio de Mejicanos, Lic. José Simón Paz, y Director Ejecutivo de la Gremial, Ing. Carlos Pinto.
Por la Corte de Cuentas de la República: el Presidente, Lic. Roberto Antonio Anzora Quiroz, Primera Magistrada, Licda. María del Carmen Martinez Barahona y Segundo Magistrado, Lic. José Guillermo Bendek Panameño, acompañados del Coordinador General de Auditoria y Director de Auditoria Uno.
Durante la reunión, el Ing. Carlos Pinto, Director Ejecutivo de COMURES explicó a los titulares del Ente Contralor, que Municipalidades no reciben el FODES desde junio de este año, por lo que la Asamblea Legislativa emitió el 27 de agosto de 2020, un Dictamen Recomendable para que el Ministro de Hacienda hiciera efectiva y de forma inmediata, la entrega de estos recursos de junio y julio a los 262 municipios del país; y que en caso que no cumplirse esta recomendación legislativa, la CCR realice una Auditoria Especial y Urgente de suficiencia de fondos a esa cartera de Estado, y evalué si es pertinente que pase a la Fiscalía General de la Republica (FGR).
Así mismo, comunicaron que esta asignación está respaldada por la Constitución de la Republica, Ley de Creación del FODES y Ley General del Presupuesto, y que al principio este Fondo era entregado entre el 10 y 12 de cada mes, en la lógica de que el Gobierno percibe más ingresos tributarios en esos días; todas las acciones administrativas y legales realizadas por COMURES con Ministro y otras instancias, desde junio a la fecha.
También se les informó sobre el incumplimiento del Decreto Legislativo No. 728, ya que tampoco ha sido desembolsado por el Ministerio de Hacienda, los $75 millones de dólares, del crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), designado a 262 Municipalidades.
En ese marco, el Lic. Roberto Antonio Anzora Quiroz, Presidente de la Corte de Cuentas manifestó estar de acuerdo en que los funcionarios deben cumplir la ley y que un mandato constitucional de la CCR, es que se haga efectivo el FODES, por ser también mandato constitucional, por la Ley FODES y Ley del Presupuesto, con asignación de Ingresos Corrientes. Lo cual fue reiterado por los dos Magistrados.
El Presidente de la CCR dijo que como institución fiscalizadora priorizaran tema, por lo que dieron instrucciones para que a partir de este 23 de septiembre se notifique al Ministerio de Hacienda, que se realizará la Auditoria estipulada en Recomendable, y se ampliará a transferencia de $75 millones BID.
La Licda. Milagro Navas Quintanilla, Presidenta de COMURES y el Lic. José Simón Paz, Segundo Vicepresidente de la Gremial, expusieron, además, de las repercusiones legales del retraso del FODES, el impacto negativo directo en las comunidades, por suspensión de obras o que no han podido iniciar, para cumplir responsabilidades con proveedores y empleados; y que pone en peligro la prestación de servicios municipales, como recolección y disposición final de desechos sólidos, alumbrado público; atención de pandemia por COVID-19 y reactivación económica, entre otros.
Entre el 12 de octubre de 2022 y el 21 de junio de 2025, el Gobierno de El Salvador ha llevado a cabo 12 cercos de seguridad en diferentes municipios del país, como parte de la fase 5 del Plan Control Territorial, denominada «Extracción». En estas operaciones han participado alrededor de 39,000 efectivos de la Fuerza Armada, que apoyan en tareas de seguridad pública junto a la Policía Nacional Civil.
El primer cerco se instaló en octubre de 2022 en Comasagua, La Libertad Sur, luego del asesinato de un mandador de finca a manos de la Mara Salvatrucha. La operación contó con 2,000 soldados y el uso de equipos especiales para acceder a zonas difíciles.
En diciembre de 2022 se realizaron dos cercos simultáneos en las comunidades Tutunichapa y La Granjita, en San Salvador, ambas conocidas por su actividad en tráfico de drogas. En cada lugar se desplegaron 1,000 soldados con el objetivo de extraer a los pandilleros que operaban en estas zonas.
Durante 2023 se instalaron cuatro cercos más, entre ellos en Nueva Concepción (Chalatenango) y Cabañas, tras ataques y asesinatos a agentes policiales. En estas acciones participaron entre 5,500 y 8,000 militares y policías. También se realizaron operaciones en Apopa y Soyapango, atendiendo denuncias ciudadanas sobre intentos de reorganización de pandillas.
Para 2024, los cercos se extendieron a Chalatenango, Apopa y San Marcos, con un despliegue de 9,000 soldados distribuidos en varias comunidades y colonias, reforzando la vigilancia en zonas rurales y urbanas.
El último cerco se instaló el 21 de junio de 2025 en San Bartolo, Ilopango, con 1,500 militares y 500 policías, tras denuncias de pandilleros intentando reorganizarse. El presidente Nayib Bukele reiteró que la meta es “localizar y capturar a los remanentes de pandillas” y aseguró que no se dará “un solo paso atrás”.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, informó que las fuerzas del orden cuentan con información detallada de los objetivos a capturar en cada cerco, consolidando así la estrategia para mantener el control y la seguridad en las comunidades afectadas.
El Ministerio de Salud (Minsal) emitió recomendaciones para prevenir la miasis, una infestación parasitaria causada por la larva de la mosca Cochliomyia hominivorax, conocida como gusano barrenador, que afecta tanto a animales como a humanos.
Esta enfermedad, erradicada en El Salvador por más de 30 años, resurgió en 2023 en Panamá y Costa Rica y se extendió a varios países de Centroamérica. Aunque El Salvador representa menos del 0.5 % de los casos regionales, las autoridades sanitarias y del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) instan a la población a tomar precauciones.
La miasis afecta principalmente a personas con movilidad reducida, mala higiene y heridas abiertas sin tratamiento adecuado. Si se detecta a tiempo, el padecimiento puede curarse; en casos graves, puede ser mortal.
El Minsal recomienda acudir a la unidad de salud más cercana ante síntomas como lesiones dolorosas, sensación de movimiento bajo la piel, hormigueo y mal olor en las heridas.
Además, se hace un llamado a vigilar a mascotas y ganado, ya que la mosca ataca heridas abiertas en animales. Equipos del Minsal y MAG recorren diariamente zonas ganaderas para supervisar al ganado y promover campañas de desparasitación de mascotas.
Para reportar casos de miasis, el Gobierno ha habilitado los números 2202-0826, 2202-0881, 2202-0889 y el WhatsApp 7092-9718.
Las autoridades de Seguridad informaron que, en lo que va de 2025, todos los casos de homicidios han sido resueltos. De las 38 muertes violentas registradas entre el 1.º de enero y el 24 de junio, los responsables ya enfrentan procesos judiciales en distintos tribunales del país.
Este resultado se atribuye a la estrategia de seguridad implementada desde junio de 2019 por el presidente Nayib Bukele. Según datos oficiales, en 2024 la tasa de impunidad en homicidios se redujo en un 98.2 %, la cifra más baja en la historia del país. Para este año, se proyecta una reducción aún mayor gracias al trabajo articulado entre la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República.
Uno de los casos recientes resueltos es el homicidio ocurrido el 8 de junio en el cantón El Papalón, San Miguel Centro. La investigación reveló que la víctima fue asesinada por Víctor Manuel Benítez Lazo, en complicidad con Rubidia de los Ángeles Castro Zúñiga, esposa del fallecido. Ambos detenidos mantenían una relación extramarital y planificaron el crimen para continuar su vínculo sentimental sin impedimentos.
Otro hecho esclarecido fue el asesinato de un excabo de la Policía Nacional Civil en Tacuba, ocurrido el 28 de mayo. El presunto responsable, Henry Fernando Hernández Ascencio, fue detenido al día siguiente. El sujeto, con antecedentes por agrupaciones ilícitas, había sido liberado en abril tras cumplir una pena de dos años impuesta cuando aún era menor de edad.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, criticó el antiguo sistema penal juvenil que, según expresó, permitió que criminales reincidieran en delitos graves tras penas reducidas. “Esta organización terrorista estaba formada por asesinos seriales”, afirmó.
Las autoridades destacan que estas capturas y procesos son posibles gracias al Protocolo de Resolución de Homicidios (PRHO), que busca garantizar justicia rápida y efectiva ante cada crimen cometido.
