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Corte de Cuentas afirma que realizará examen de suficiencia de fondos FODES y de $75 millones del BID
La Asociación Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES), sostuvo este día, una reunión con el Presidente y Magistrados de la Corte de Cuentas de la República (CCR), en seguimiento al Dictamen Recomendable emitido por la Asamblea Legislativa al Ministro de Hacienda, para hacer efectiva la entrega del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES).
En la reunión que se llevó a cabo a solicitud de COMURES y en cumplimiento de uno de los acuerdos de la Reunión General de Alcaldes y Alcaldesas del 17 de septiembre, participaron en representación de la Gremial: su Presidenta y Alcaldesa de Antiguo Cuscatlán, Licda. Milagro Navas Quintanilla; Segundo Vicepresidente y Jefe Edilicio de Mejicanos, Lic. José Simón Paz, y Director Ejecutivo de la Gremial, Ing. Carlos Pinto.
Por la Corte de Cuentas de la República: el Presidente, Lic. Roberto Antonio Anzora Quiroz, Primera Magistrada, Licda. María del Carmen Martinez Barahona y Segundo Magistrado, Lic. José Guillermo Bendek Panameño, acompañados del Coordinador General de Auditoria y Director de Auditoria Uno.
Durante la reunión, el Ing. Carlos Pinto, Director Ejecutivo de COMURES explicó a los titulares del Ente Contralor, que Municipalidades no reciben el FODES desde junio de este año, por lo que la Asamblea Legislativa emitió el 27 de agosto de 2020, un Dictamen Recomendable para que el Ministro de Hacienda hiciera efectiva y de forma inmediata, la entrega de estos recursos de junio y julio a los 262 municipios del país; y que en caso que no cumplirse esta recomendación legislativa, la CCR realice una Auditoria Especial y Urgente de suficiencia de fondos a esa cartera de Estado, y evalué si es pertinente que pase a la Fiscalía General de la Republica (FGR).
Así mismo, comunicaron que esta asignación está respaldada por la Constitución de la Republica, Ley de Creación del FODES y Ley General del Presupuesto, y que al principio este Fondo era entregado entre el 10 y 12 de cada mes, en la lógica de que el Gobierno percibe más ingresos tributarios en esos días; todas las acciones administrativas y legales realizadas por COMURES con Ministro y otras instancias, desde junio a la fecha.
También se les informó sobre el incumplimiento del Decreto Legislativo No. 728, ya que tampoco ha sido desembolsado por el Ministerio de Hacienda, los $75 millones de dólares, del crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), designado a 262 Municipalidades.
En ese marco, el Lic. Roberto Antonio Anzora Quiroz, Presidente de la Corte de Cuentas manifestó estar de acuerdo en que los funcionarios deben cumplir la ley y que un mandato constitucional de la CCR, es que se haga efectivo el FODES, por ser también mandato constitucional, por la Ley FODES y Ley del Presupuesto, con asignación de Ingresos Corrientes. Lo cual fue reiterado por los dos Magistrados.
El Presidente de la CCR dijo que como institución fiscalizadora priorizaran tema, por lo que dieron instrucciones para que a partir de este 23 de septiembre se notifique al Ministerio de Hacienda, que se realizará la Auditoria estipulada en Recomendable, y se ampliará a transferencia de $75 millones BID.
La Licda. Milagro Navas Quintanilla, Presidenta de COMURES y el Lic. José Simón Paz, Segundo Vicepresidente de la Gremial, expusieron, además, de las repercusiones legales del retraso del FODES, el impacto negativo directo en las comunidades, por suspensión de obras o que no han podido iniciar, para cumplir responsabilidades con proveedores y empleados; y que pone en peligro la prestación de servicios municipales, como recolección y disposición final de desechos sólidos, alumbrado público; atención de pandemia por COVID-19 y reactivación económica, entre otros.
La Fiscalía General de la República (FGR) condenó a 15 años de prisión a tres pandilleros del Barrio 18, quienes se encuentran acusados de extorsionar a un comerciante en Apopa.
De acuerdo con información fiscal, estos sujetos llegaron al negocio de la víctima para exigirle el pago de la denominada renta, la cual tenía que pagar mensualmente y le amenazaron con atentar contra su vida o la de su familia, si no cumplía con los pagos. A través de las amenazas, la víctima los denunció y las autoridades lograron capturarlos.
Los condenados fueron identificados como Dennis Nehemías Carrillo Mejía, Manuel Antonio Acosta Mercado, y César Enrique Rivera Rivas, quienes son también procesados por otros delitos cuyas condenas se sumarán a la obtenida por este hecho.
El Salvador asumió el liderazgo del Plan Trifinio para encabezar los esfuerzos de protección de los recursos naturales, como reservas forestales y cuencas hidrográficas, que comparte con Guatemala y Honduras en las zonas fronterizas de los tres países.
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El nuevo secretario ejecutivo trinacional, Jorge Urbina, dirigirá el programa desde 2026 hasta 2030, priorizando iniciativas ambientalmente sostenibles en una región de aproximadamente 7,500 km².
El Plan Trifinio, vigente desde hace unos 35 años, se basa en un tratado que declaró la zona fronteriza de los tres países como una unidad ecológicamente indivisible, debido a su valor medioambiental estratégico.
Esta área constituye uno de los sistemas hídricos más relevantes de Centroamérica y alberga once reservas naturales donde convergen la producción agrícola y la conservación de la biodiversidad.
Prioridad hídrica y desafíos productivos
Jorge Urbina subrayó además que “nuestro eslogan es aguas sin fronteras”, reflejando la lógica de colaboración que inspira el Plan Trifinio en materia de recursos hídricos.
Urbina explicó durante una entrevista en Diálogo 21 que el principal reto institucional consiste en equilibrar el desarrollo económico regional con la protección ambiental.
El trabajo de asistencia técnica que impulsa el Plan Trifinio abarca todas las cadenas productivas, principalmente el cultivo de café, hortalizas, aguacate y melocotón, en una región donde las tierras altas presentan condiciones óptimas para la agricultura.
La participación de las familias rurales en la caficultura es significativa, según los datos presentados, el 26 % de las familias rurales dependen directamente de esta producción, la cual abarca cerca de 52,000 hectáreas y alcanza más de 1.2 millones de quintales de café anualmente entre los tres países.
Mantener el equilibrio entre el desarrollo económico derivado de estas actividades y la preservación ambiental es considerado clave por el nuevo liderazgo trinacional.
El 26 % de las familias rurales de la región depende directamente de la producción de café, que ocupa 52,000 hectáreas y supera 1.2 millones de quintales anuales. Foto cortesía Medio Ambiente.
El fortalecimiento de la gestión sostenible cuenta con el respaldo de la Cooperación Italiana, que ha impulsado un programa tecnológico en el municipio salvadoreño de Metapán.
Este programa no solo brinda asistencia técnica agrícola, sino que promueve la investigación y dispone de laboratorios de análisis foliar y de suelo, para determinar si existen contaminantes, falta de nutrientes u otros factores que afecten las cosechas.
El apoyo internacional se refuerza con la participación del Banco de Alemania KFW, que junto con los tres gobiernos destina una inversión de más de $22 millones hasta 2027 exclusivamente a la protección medioambiental.
Se han planificado proyectos para mejorar la seguridad hídrica, destacando la entrega de 180,000 filtros de agua en la región durante el primer trimestre del año; de estos, 60,000 permanecerán en El Salvador. Además, se desarrollan sistemas de captación de agua para abastecer a más de 100 familias locales del departamento de Santa Ana, subrayando la importancia de garantizar el acceso sostenible al recurso.
La cuenca alta del río Lempa, que nace en las montañas altas de Chiquimula, Guatemala, representa un área prioritaria para la distribución de agua en El Salvador.
Urbina enfatizó que más del 40 % del agua potable de la zona metropolitana de San Salvador se abastece de este río, el cual recorre aproximadamente 390 kilómetros en territorio salvadoreño y soporta cuatro represas hidroeléctricas así como dos distritos de riego.
La producción de 13 mil manzanas de frijol en 2025 representa uno de los principales logros del programa Aumento a la Producción, una estrategia implementada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para enfrentar el déficit alimentario en El Salvador. Según datos presentados por Mateo Rendón, representante de la Mesa Agropecuaria, Rural e Indígena, el plan permitió que gremiales y productores independientes colaboraran en la siembra anticipada y tecnificada, con el objetivo de estabilizar los precios y reducir la dependencia de las importaciones.
En entrevista con Radio YSUCA, el representante de la Mesa Agropecuaria explicó que la sequía proyectada para mediados de 2025 no se materializó, lo que facilitó condiciones favorables para el cultivo. Indicó que la experiencia de años anteriores, marcados por tormentas y pérdidas de hasta el 50% en granos básicos, llevó a una coordinación temprana entre la cartera de Estado y las organizaciones del sector. En noviembre de 2024, el MAG convocó a las gremiales para diseñar un programa que respondiera a la escasez de alimentos, especialmente de frijol y maíz.
El programa Aumento a la Producción se orientó a ofrecer insumos y semillas de calidad en los momentos clave del ciclo agrícola. “La siembra de frijoles de invierno fue un éxito porque seleccionamos las zonas y los productores, y las 500 manzanas iniciales lograron sortear la sequía”, dijo Rendón durante la entrevista. Sobre la fase de verano, el programa asignó siete mil manzanas a la Mesa Agropecuaria, distribuidas en 13 departamentos, y se impulsó la producción en otras seis mil manzanas adicionales por parte de varias gremiales.
“No solo nosotros sembramos, también otras gremiales, al final fuimos como cinco y se sembraron 13 mil manzanas (de frijol) el año pasado. A los productores se nos dotó de semilla…No fue un paquete agrícola, se verificó a las personas sobre cuánto sembró, dónde sembró y eso fue el éxito”, detalló Rendón.
Las cifras divulgadas por los representantes del sector indican que la cosecha de frijol aportó cerca de 300 mil quintales al mercado nacional, parte fundamental para atender el déficit registrado en años anteriores. Según el MAG, en 2024 El Salvador importó frijol por un valor de $50 millones, principalmente desde Nicaragua. Con la cosecha de 2025, el país tuvo una menor presión sobre las importaciones y una mayor estabilidad en los precios internos. “En estos momentos, el frijol puede encontrarse en los agromercados entre 70 centavos y un dólar la libra, dependiendo de la zona”, afirmó Rendón.
El plan de siembra incluyó la dotación de insumos verificados, como la fórmula triple quince, foliar, insecticidas y fungicidas, además de asistencia técnica y seguimiento a la comercialización. El modelo buscó superar las limitaciones del tradicional paquete agrícola, enfocándose en la productividad y la trazabilidad de los beneficiarios. “No era suficiente entregar insumos, sino asegurar que realmente llegaran a quienes cultivan”, sostuvo Rendón.
Para este año, el Ministerio de Agricultura y Ganadería proyecta incrementar el alcance del programa con la siembra de 20 mil manzanas de frijol, lo que permitiría acercarse al consumo anual estimado de 2.4 millones de quintales en el país. El consumo per cápita de frijol entre los salvadoreños adultos ronda las cuarenta libras al año. Las autoridades y los productores esperan que, si las condiciones climáticas se mantienen favorables y la distribución de insumos continúa siendo eficiente, El Salvador logre avanzar hacia una mayor autosuficiencia en la producción de granos básicos.
El programa también fomenta la mecanización y la adopción de nuevas tecnologías en el campo, incluyendo el uso de maquinaria agrícola, drones para riego y equipos de limpieza modernos. Este proceso responde a la dificultad creciente para encontrar mano de obra, un problema asociado a la migración y al envejecimiento de la población rural.
En palabras de Rendón, “el éxito de estas iniciativas depende de una mayor inversión, coordinación y formación técnica en el sector, así como de políticas públicas que prioricen la seguridad alimentaria”.
