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Comunidades de la Tutunichapa I y La Granjita, en San Salvador, con cerco de seguridad
Los habitantes de las comunidades Tutunichapa I y La Granjita, en San Salvador, pasaron este año una de las navidades más seguras luego que el presidente de la República, Nayib Bukele, ordenara a las fuerzas del orden instalar cercos de seguridad en todo el perímetro de esas colonias para extraer a pandilleros y narcotraficantes.
En cada dispositivo de seguridad participaron más de 1,000 soldados y 200 policías de diferentes unidades como Antinarcóticos, Sección Táctica Operativa y la Unidad Canina que dispuso de perros entrenados para localizar droga. Estas acciones forman parte del desarrollo de la Fase 5 del Plan Control Territorial denominada «Extracción», la cual tiene como objetivo sacar de las comunidades a los criminales que siguen delinquiendo.
Es de esa manera como las fuerzas de seguridad ingresaron por la madrugada del 24 de diciembre a la Tutunichapa, una comunidad que históricamente se ha caracterizado por el tráfico de drogas al menudeo donde también estructuras de la pandilla 18 habían tomado el control de la venta para financiar sus actividades criminales y hasta colocado varios túmulos en menos de 100 metros para frenar huida de grupos rivales o para controlar el paso de conductores.
El ingreso de policías y soldados a la comunidad fue supervisado por los ministros Gustavo Villatoro y René Francis Merino Monroy, de Seguridad y de Defensa, respectivamente. En las primeras horas de que fue instalado el cerco los funcionarios afirmaron que se habían capturado a más de 23 delincuentes, además, fueron decomisados más de $10,000 en efectivo, armas de fuego, y abundante droga entre marihuana y crack que estaban listas para ser comercializadas al menudeo.
El ministro Villatoro aseguró que el objetivo del operativo es capturar 42 delincuentes, todos identificados y perfilados como delincuentes. «Por este negocio de droga morían una gran cantidad de salvadoreños a manos de estos pandilleros (…) aquí los delitos son por posesión y tenencia con fines de tráfico, agrupaciones ilícitas», detalló.
El titular de Justicia y Seguridad manifestó que entre los capturados por la Policía había un «líder histórico que ha estado manejando las operaciones en la Tutunichapa desde hace 40 años», pues el delincuente ocupaba una vivienda de la comunidad para desarrollar estas y otras actividades delictivas.
Y en vista que los delincuentes comenzaron a huir de la Tutunichapa al ver la presencia de policías y soldados, el presidente Bukele ordenó también cercar la comunidad La Granjita, en la zona de San Antonio Abad, que también tiene la singularidad de ser una zona donde se vende droga al menudeo.
«Luego de cercar la Tutunichapa, famoso centro de distribución de droga, sabíamos que muchos narcotraficantes irían a abastecerse a la comunidad La Granjita, otro famoso centro de distribución. Lo que no esperaban es que cercaríamos La Granjita, una vez estuvieran adentro», expresó el gobernante sobre el plan que se implementa.
El gobernante afirmó que para este caso se sumaron 1,000 soldados y 200 policías sin que se hayan tenido que trasladar de los cercos en Soyapango y la Tutunichapa; el mandatario aclaró que durante estas intervenciones no se han registrado enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los pandilleros.
«Ninguna operación militar en el mundo ha sido tan limpia… Y con increíbles resultados», aseguró el presidente.
Por su parte, el ministro de Defensa manifestó que los cercos de seguridad en nada están afectando la cotidianidad de los ciudadanos honrados, pues las acciones van dirigidas hacia criminales ya identificados por la Policía.
«Los cercos están afectando únicamente a los delincuentes, [de ellos] tenemos todos los antecedentes y de esa manera se llega de forma puntual a la extracción y no afecta en nada a las actividades normales de la comunidad», dijo el jefe militar.
Merino Monroy explicó que la operatividad de la Fuerza Armada les permite en este momento, junto a la Policía, implementar más cercos de seguridad en otras zonas que así se necesite y que esto en nada afectará los operativos que continúan desarrollando en Soyapango y la Tutunichapa.
Hasta el cierre de esta nota, policías y soldados continuaban desarrollando registros en dichas comunidades donde se mantendrán de manera indefinida para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos.
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Ocho sujetos fueron condenados hasta con 95 años de cárcel por diversos delitos en San Salvador
Penas de prisión de hasta 95 años de cárcel logró la Fiscalía para ocho personas -cuatro de ellas en calidad de reos ausentes-, a quienes se les procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, lavado de dinero y activos, asimismo, estafa y hurto de identidad, en perjuicio de varias víctimas.
De acuerdo a la información fiscal, esta investigación inició en 2023 a raíz de avisos por parte familiares de personas detenidas, donde manifestaron haber sido víctimas de estafas y otros delitos.
Según las investigaciones, los imputados crearon una página en una red social y se hicieron pasar como abogados. Bajo este mecanismo de engaño ofrecían sus servicios legales para poder sacar de la cárcel a personas detenidas, a cambio de que los familiares de los presos les pagaran grandes cantidades de dinero.
Con esta modalidad los sujetos estafaron al menos a cuatro personas, quienes finalmente decidieron denunciarlos ante las autoridades.
En este caso, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña (presente) fue condenada a la pena de 33 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos.
Por esos mismos delitos se condenó a 35 años a Jennifer Gabriela Sandoval y a 26 años de prisión a Karla Cristina Aguirre Quintanilla y Blanca Mirian Menjívar Pineda (todas presentes).
En ausencia fue condenado Marco Sebastián Pintor Rodríguez, alias “tatuado”, quien fue perfilado como cabecilla de la estructura y miembro de la pandilla Barrio 18. A él se le procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos, además de hurto de identidad.
Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda (también ausente) recibió una condena de 50 años de prisión; Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez (ausente) deberá cumplir una pena de cárcel de 25 años y Frania Elizabeth Pintor fue condenada a 5 años de prisión solo por lavado de dinero y activos.
Asimismo, se les condenó al pago de $30,500 dólares y de no pagar esta cantidad, se aumentará un tercio de la pena impuesta a cada imputado, según lo estipula la respectiva ley.
Las condenas de prisión fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador al valorar toda la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR en juicio.
El Fondo Solidario para la Salud (Fosalud) informó que ha recibido la certificación del Sistema de Gestión Antisoborno, alineado con la norma internacional NTS ISO 37001:2016.
El ministro de salud, Francisco Alabi, junto a la viceministra de operaciones en Salud y directora ejecutiva ad honorem de Fosalud, Karla Díaz, recibieron la certificación por parte de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), a través de su director general para Centroamérica, Arnulfo Pino.
De acuerdo con la institución, este logro forma del esfuerzo institucional en la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno y al cumplimiento de los criterios internacionales orientados a la transparencia, integridad, la prevención del soborno y la confianza ciudadana, como pilares de una gestión pública moderna y responsable, alineada con las directrices presidenciales.
Fosalud explicó que el proceso de implementación y certificación del Sistema de Gestión Antisoborno duró un aproximado de 14 meses, concluyendo satisfactoriamente en octubre de 2025.
También detalló que esta certificación abarca todas las gerencias y unidades organizativas, los procesos relacionados con la prestación de los servicios de salud en los diferentes establecimientos con cobertura Fosalud y los procesos administrativos, considerados críticos desde la perspectiva de riesgos de soborno.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO), invitó a los salvadoreños en el exterior que desean continuar sus estudios, que apliquen al programa de becas con Panamerican University.
Este ofrece una oportunidad para estudiar una licenciatura o maestría. Las becas son en modalidad online, con clases en vivo y en español.
La fecha última para postularse es el próximo 20 de febrero de este año. Algunas de las carreras disponibles son: administración de empresas, ciencias de la computación e inteligencia artificial.
Mientras que, las maestrías son: global executive MBA, gestión estratégica de recursos humanos y analítica de personas, ciencias en gestión financiera corporativa y FinTech.
