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Comunidades de la Tutunichapa I y La Granjita, en San Salvador, con cerco de seguridad
Los habitantes de las comunidades Tutunichapa I y La Granjita, en San Salvador, pasaron este año una de las navidades más seguras luego que el presidente de la República, Nayib Bukele, ordenara a las fuerzas del orden instalar cercos de seguridad en todo el perímetro de esas colonias para extraer a pandilleros y narcotraficantes.
En cada dispositivo de seguridad participaron más de 1,000 soldados y 200 policías de diferentes unidades como Antinarcóticos, Sección Táctica Operativa y la Unidad Canina que dispuso de perros entrenados para localizar droga. Estas acciones forman parte del desarrollo de la Fase 5 del Plan Control Territorial denominada «Extracción», la cual tiene como objetivo sacar de las comunidades a los criminales que siguen delinquiendo.
Es de esa manera como las fuerzas de seguridad ingresaron por la madrugada del 24 de diciembre a la Tutunichapa, una comunidad que históricamente se ha caracterizado por el tráfico de drogas al menudeo donde también estructuras de la pandilla 18 habían tomado el control de la venta para financiar sus actividades criminales y hasta colocado varios túmulos en menos de 100 metros para frenar huida de grupos rivales o para controlar el paso de conductores.
El ingreso de policías y soldados a la comunidad fue supervisado por los ministros Gustavo Villatoro y René Francis Merino Monroy, de Seguridad y de Defensa, respectivamente. En las primeras horas de que fue instalado el cerco los funcionarios afirmaron que se habían capturado a más de 23 delincuentes, además, fueron decomisados más de $10,000 en efectivo, armas de fuego, y abundante droga entre marihuana y crack que estaban listas para ser comercializadas al menudeo.
El ministro Villatoro aseguró que el objetivo del operativo es capturar 42 delincuentes, todos identificados y perfilados como delincuentes. «Por este negocio de droga morían una gran cantidad de salvadoreños a manos de estos pandilleros (…) aquí los delitos son por posesión y tenencia con fines de tráfico, agrupaciones ilícitas», detalló.
El titular de Justicia y Seguridad manifestó que entre los capturados por la Policía había un «líder histórico que ha estado manejando las operaciones en la Tutunichapa desde hace 40 años», pues el delincuente ocupaba una vivienda de la comunidad para desarrollar estas y otras actividades delictivas.
Y en vista que los delincuentes comenzaron a huir de la Tutunichapa al ver la presencia de policías y soldados, el presidente Bukele ordenó también cercar la comunidad La Granjita, en la zona de San Antonio Abad, que también tiene la singularidad de ser una zona donde se vende droga al menudeo.
«Luego de cercar la Tutunichapa, famoso centro de distribución de droga, sabíamos que muchos narcotraficantes irían a abastecerse a la comunidad La Granjita, otro famoso centro de distribución. Lo que no esperaban es que cercaríamos La Granjita, una vez estuvieran adentro», expresó el gobernante sobre el plan que se implementa.
El gobernante afirmó que para este caso se sumaron 1,000 soldados y 200 policías sin que se hayan tenido que trasladar de los cercos en Soyapango y la Tutunichapa; el mandatario aclaró que durante estas intervenciones no se han registrado enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los pandilleros.
«Ninguna operación militar en el mundo ha sido tan limpia… Y con increíbles resultados», aseguró el presidente.
Por su parte, el ministro de Defensa manifestó que los cercos de seguridad en nada están afectando la cotidianidad de los ciudadanos honrados, pues las acciones van dirigidas hacia criminales ya identificados por la Policía.
«Los cercos están afectando únicamente a los delincuentes, [de ellos] tenemos todos los antecedentes y de esa manera se llega de forma puntual a la extracción y no afecta en nada a las actividades normales de la comunidad», dijo el jefe militar.
Merino Monroy explicó que la operatividad de la Fuerza Armada les permite en este momento, junto a la Policía, implementar más cercos de seguridad en otras zonas que así se necesite y que esto en nada afectará los operativos que continúan desarrollando en Soyapango y la Tutunichapa.
Hasta el cierre de esta nota, policías y soldados continuaban desarrollando registros en dichas comunidades donde se mantendrán de manera indefinida para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos.
Por orden del Juzgado de Paz de San Luis La Herradura, La Paz Centro, el guatemalteco Eduardo Morales Fajardo y el salvadoreño Ubaldo Reyes Juárez quedaron en detención provisional por el delito de tráfico ilícito de droga. Ambos fueron intervenidos el pasado 14 de enero por la Sección Táctica Operativa de Reacción Marítima (STORM), con un cargamento de 375 kilos de cocaína, en la bocana del Río Jiboa, en La Paz.
Según la investigación judicial, el valor de la droga en el mercado es de aproximadamente $9,427,500. Como parte de las diligencias, el juzgado ordenó que la cocaína sea destruida el próximo viernes 30 de enero.
Mientras tanto el proceso penal pasará a conocimiento del Juzgado de Instrucción de San Luis Talpa, en el municipio de La Paz Oeste.
Los imputados fueron detenidos a mediados de enero, en una embarcación que provenía de Nicaragua e iba hacia Guatemala. Además de la droga, la Policía les decomisó dos celulares y un sistema de posicionamiento global (GPS). «Nuestra Muralla del Pacífico es cada vez más sólida y cada operación es un mensaje claro a las estructuras criminales: este país no será plataforma del crimen organizado», expresó el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, tras la captura.
Principal
La ASA firma acuerdo con Universidad Zamorano para fortalecer la gestión de los recursos hídricos
La Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) y la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano firmaron un memorándum de entendimiento que establece una alianza estratégica orientada a fortalecer la gestión integral de los recursos hídricos en El Salvador, a través de la formación académica, la investigación científica y la cooperación técnica.
Este acuerdo tiene como objetivo impulsar acciones entre ambas instituciones que contribuyan al desarrollo de capacidades técnicas en el sector hídrico, promoviendo el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas.
Entre las principales acciones incluye pasantías para estudiantes, programas de capacitación y formación continua, proyectos de investigación aplicada y actividades académicas vinculadas a la gestión sostenible del agua.
Asimismo, el convenio facilitará la participación de estudiantes, docentes y graduados de Zamorano en iniciativas impulsadas por la ASA, lo cual fortalece el vínculo entre la academia y la gestión pública del recurso hídrico.
«Con esta alianza, la ASA reafirma su compromiso de promover la innovación, el desarrollo de talento humano especializado y la generación de conocimiento técnico que contribuya a una gestión eficiente, sostenible y responsable del agua en beneficio del país», detalló.
Mauricio Iván Hernández Espinoza purgará 16 años de prisión por haber extorsionado a una víctima en Jayaque, La Libertad Oeste, durante el 2015. La pena carcelaria fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Sonsonate.
La investigación fiscal determinó que la víctima estuvo pagando la extorsión semanalmente durante ocho años. Todo inició en el 2015, cuando la víctima iba rumbo a su trabajo a la altura de cantón Las Flores, Distrito de Jayaque.
«El imputado interceptó a la víctima y le manifestó ser miembro de la MS-13 y le dijo que para no atentar contra su vida y la de su famililla tenía que pagarle una alta suma de dinero semanal, a cambio de dejarlo trabajar en la zona», informó la Fiscalía General de la República.
Fue hasta en marzo de 2022 que la víctima decidió denunciar al pandillero ante la Policía Nacional Civil y mediante entrega controlada de dinero lo capturaron el 5 de julio del 2023 cuando recibía el pago de la extorsión.
En la vista pública, la Fiscalía General de la República presentó prueba documental, pericial y testimonial en la que se demostró la participación de Hernández y fue condenado por el delito de extorsión agravada.
