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Combate a las Pandillas: El plan más eficiente de la última década transformando la seguridad nacional
Datos vertidos por las encuestas de opinión de la Universidad Centroamericana José Simón Cañas (UCA), elaboradas en los últimos 10 años, muestran la eficacia de las políticas de seguridad (Plan Control Territorial y el régimen de excepción) implementados por el Gobierno de Nayib Bukele, versus los bajos resultados obtenidos por los planes de seguridad ejecutados durante los mandatos presidenciales de ARENA y el FMLN.
Las estadísticas demuestran, un amplio apoyo (99 % en estudio realizado en junio 2024) de la población hacía el régimen de excepción en comparación del 50 %, 38 % y 59 % recibidos por parte de planes como El Salvador Seguro, la Tregua entre pandillas y el Plan Super Mano Dura, respectivamente.
Las encuestas muestran como la inseguridad y la delincuencia en el país pasaron de ser, en el 2015, el principal problema que aquejaba al país para el 60.9 % de ciudadanos, a pesar de la implementación del Plan El Salvador Seguro durante el mandato de Salvador Sánchez Cerén, a convertirse en un tema casi resuelto en 2023 y 2024, ya que solo representaba problema para 2.6 % y 1.7 %, respectivamente, con la ejecución del régimen de excepción.
Entre el 2014 y el 2019, el último quinquenio gobernado por el FMLN, la población consideraba que la situación del país iba empeorando, la principal causa era el incremento de la inseguridad y la delincuencia que pasó del 42.8 % en 2015 al 44.3 % en 2017 y al 70.9 % en el 2018.
En ese último año, los salvadoreños consideraban como el principal fracaso de la administración Sánchez Cerén el aumento de la delincuencia que llevó al mandatario a incumplir su principal promesa «convertir a El Salvador en el país más seguro», el 79.6 % de la población opinó que no la estaba cumpliendo.
Sin embargo, el problema de la delincuencia se fue revirtiendo rápidamente en los primeros seis meses de mandato de Nayib Bukele, quien, con la ejecución del Plan Control Territorial logró que la población considerara, a finales de 2019, que la principal razón por la cual el país se encontraba mejor que el año anterior, era las mejoras en materia de seguridad brindándole un 42.6 % de apoyo, los salvadoreños también destacaron que en los últimos seis meses del 2019 la inseguridad y la delincuencia disminuyeron en un 52.3 % y un 63.1 %, respectivamente.
Para el 2022, las encuestas de la UCA mostraron que el 54.2 % de los salvadoreños opinaban que la seguridad en el país había mejorado; mientras que en el 2023 el 91 % de la población destacó que la delincuencia había disminuido, ya para el 2024 el 96.8 % de los salvadoreños consideraron que la delincuencia se redujo.
Para ese mismo año (2024), el 85 % de los encuestados detallaron que la drástica disminución de la delincuencia, en los últimos años, se debe a la ejecución del régimen de excepción, en esa misma encuesta el 87.5 % de los salvadoreños indicaron sentirse más seguros, gracias a la implementación de dicha medida, además siete de cada diez salvadoreños (69.1 %) opinó que el régimen debe continuar.
POCA ACEPTACIÓN DE PLANES DE SEGURIDAD DEL FMLN
Contrario a la gran aceptación que actualmente tiene la población del régimen de excepción, el Plan El Salvador Seguro no gozó de la aprobación de los salvadoreños, para el 2015 el 41.7 % de los encuestados opinaron que la medida de seguridad ejecutada, en ese momento por el Gobierno del FMLN, estaba dando pobres resultados.
El 22 de julio de 2003 Francisco Flores, presidente del partido ARENA, lanzó el Plan Mano Dura, en la colonia Dina, de San Salvador. Foto: Cortesía.
La baja aprobación del plan fue tal que para el 2016, el 77.3 % de la población aseguró que los pandilleros eran los principales ejecutores de la ola de homicidios que azotaba al país; el descontento de los encuestados fue más allá y el 35.6 % señaló que el despliegue de soldados y tanquetas en las calles no reducía la criminalidad versus un 15 % que aseguró que sí.
La perspectiva de la población, respecto a los planes de seguridad, cambió para el 2020, año en que el 68.8 % de los encuestados destacó que el Plan Control Territorial le permitió al Gobierno recuperar los territorios que eran controlados por pandillas, la opinión del 71.6 % de la ciudadanía también detalló que para ese año el Plan ayudó a reducir la delincuencia en todo el país.
Para el 2021, contrario a lo sucedido con el Plan El Salvador Seguro, el 59.4 % de los salvadoreños opinaron que el despliegue de soldados ordenado por el Gobierno contribuyó a la reducción de todos los crímenes en el país.
La poca eficiencia de los planes de seguridad implementados por gobiernos anteriores también tuvo repercusión en la confianza que la población tenía en instituciones como la Policía Nacional Civil (PNC), la Fuerza Armada y la Fiscalía General de la República (FGR).
En el 2015, por ejemplo, el 43.6 % de los salvadoreños dijeron tener poca confianza en la Policía versus un 18.5 % que opinó no tener ninguna confianza; para el 2018, la opinión de la población no varió mucho, un 42.3 % aseguró tener poca confianza en la institución y un 12.4 % dijo tener mucha confianza.
Una situación similar ocurrió con la Fuerza Armada y la Fiscalía, en el 2015, el 37.2 % y el 42.4 % expresaron tener poca confianza en ambas instituciones, respectivamente. Mientras que, el 2018, el 40.3 % dijo tener poca confianza en la institución castrense y el 43.5 % en la FGR.
Contrario a esa desconfianza generada por el Plan El Salvador Seguro, en las instituciones encargadas de velar por la seguridad pública, luego de casi tres años de implementación de régimen de excepción, la población tiene 82.9 % de confianza en la Fuerza Armada, 79.1 % en la PNC y 63.3 % en la Fiscalía, según la encuesta publicada por la UCA el 20 de enero 2024.
PERSPECTIVAS A FUTURO
En los últimos años, la esperanza de los salvadoreños en un país mejor y libre de la delincuencia ha aumentado, contrario a lo ocurrido durante el último mandato del FMLN.
En el 2015, a la pregunta ¿Cuándo piensa en el futuro del país, que es lo primero que siente? El 56.9 % de la población opinó que temor, versus un 40.9 % que dijo sentirse esperanzado.
Para el 2022, ya con Bukele liderando el país, la expectativa de la población cambió, y a la misma pregunta un 65.5 % opinó sentirse esperanzado, versus un 31.1 % que dijo sentir temor; y para el 2024 esa proyección ha ido en alza sin precedentes: el 77.3 % de los encuestados indicó sentirse esperanzado versus un 19.4 % que mencionó sentir temor.
En la misma encuesta, 56 de cada 100 salvadoreños (el 56.7 %) declararon que para el 2025 la delincuencia seguirá disminuyendo, versus un 4.4 % que piensa que aumentará.
El Juzgado Primero de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional contra Silvia Cecilia Orellana, de 41 años, quien es acusada por dos personas de lanzar piedras a los parabrisas de sus vehículos mientras circulaban por distintos puntos de San Salvador. La imputada es procesada por el delito de daños en perjuicio patrimonial.
De acuerdo con la investigación fiscal, Orellana fue detenida el pasado 21 de junio de 2026 en San Salvador, luego de ser denunciada por presentar un comportamiento agresivo.
Según el expediente judicial, el primer hecho ocurrió cerca del puente de la colonia El Bosque, donde la mujer lanzó una piedra que impactó el vehículo de una de las víctimas, provocando rayones en el capó y daños en el parabrisas delantero, el cual quedó astillado.
El segundo caso se registró cuando otra víctima transitaba por la avenida Cuscatancingo, en la intersección con la calle Buenos Aires. En ese lugar, Orellana también lanzó piedras contra el automóvil, ocasionando que el parabrisas delantero quedara totalmente destruido.
Durante la audiencia inicial, el tribunal determinó que los indicios presentados acreditan la existencia del delito y la probable participación de la imputada, por lo que el proceso continuará en la fase de instrucción con la acusada en detención provisional.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador condenó a 16 años de prisión a Kevin Alexander Ochoa Cornejo, miembro de la MS13, por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante de San Salvador.
De acuerdo con las investigaciones, Ochoa Cornejo, junto a otros pandilleros, extorsionaba a empresarios y comerciantes de la calle Concepción, en el centro de San Salvador.
Según el expediente fiscal, a una de las víctimas le exigieron el pago mensual de $100 en concepto de extorsión, bajo la amenaza de atentar contra su vida, la de sus empleados o la de su familia si no cumplía con la exigencia.
El comerciante manifestó que no disponía del dinero al momento en que se lo solicitaron. Ante ello, los pandilleros accedieron a otorgarle más días de plazo, pero incrementaron la cantidad exigida a $200.
Las investigaciones determinaron que el 20 de junio de 2022 Ochoa Cornejo acudió al lugar acordado para cobrar los $200 producto de la extorsión.
La víctima decidió interponer la denuncia, lo que permitió la captura del imputado y su posterior sometimiento a un proceso judicial que concluyó con una condena de 16 años de prisión.
El equipo de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) de El Salvador participó este viernes en el rescate de una persona en el edificio Bahía Mar, ubicado en el estado de La Guaira, Venezuela, una de las zonas más afectadas por los dos terremotos registrados el pasado miércoles.
Desde tempranas horas, los rescatistas salvadoreños se desplazaron hacia la urbanización Caribe y el edificio Bahía Mar para apoyar las labores de búsqueda y rescate en una de las áreas más impactadas por los sismos de magnitud 7.2 y 7.5, ocurridos el pasado 24 de junio en Venezuela.
La misión humanitaria cuenta además con el apoyo de la unidad canina, entre cuyos integrantes se encuentra el perro Rambo, con amplia experiencia en la localización y rescate de víctimas en escenarios de terremotos.
El líder de la misión humanitaria El Salvador-Venezuela, Roberto Giovanni Cortez, destacó la preparación del personal desplegado. «Todo el personal tiene la capacidad y la experiencia para la búsqueda y rescate urbano, en contextos de estructuras colapsadas como el que estamos viviendo en el panorama aquí en Venezuela», expresó.
En un acto de solidaridad, el presidente Nayib Bukele informó sobre el envío de 300 rescatistas y 150 toneladas de equipos, medicamentos y alimentos para apoyar al pueblo venezolano. La ayuda humanitaria ha sido trasladada a ese país mediante seis aviones.
Hasta las últimas horas, las autoridades de Venezuela reportan un saldo de 586 víctimas mortales a causa de los terremotos, más de 2,900 personas heridas y miles de desaparecidos.
