Nacionales
Combate a las Pandillas: El plan más eficiente de la última década transformando la seguridad nacional
Datos vertidos por las encuestas de opinión de la Universidad Centroamericana José Simón Cañas (UCA), elaboradas en los últimos 10 años, muestran la eficacia de las políticas de seguridad (Plan Control Territorial y el régimen de excepción) implementados por el Gobierno de Nayib Bukele, versus los bajos resultados obtenidos por los planes de seguridad ejecutados durante los mandatos presidenciales de ARENA y el FMLN.
Las estadísticas demuestran, un amplio apoyo (99 % en estudio realizado en junio 2024) de la población hacía el régimen de excepción en comparación del 50 %, 38 % y 59 % recibidos por parte de planes como El Salvador Seguro, la Tregua entre pandillas y el Plan Super Mano Dura, respectivamente.
Las encuestas muestran como la inseguridad y la delincuencia en el país pasaron de ser, en el 2015, el principal problema que aquejaba al país para el 60.9 % de ciudadanos, a pesar de la implementación del Plan El Salvador Seguro durante el mandato de Salvador Sánchez Cerén, a convertirse en un tema casi resuelto en 2023 y 2024, ya que solo representaba problema para 2.6 % y 1.7 %, respectivamente, con la ejecución del régimen de excepción.
Entre el 2014 y el 2019, el último quinquenio gobernado por el FMLN, la población consideraba que la situación del país iba empeorando, la principal causa era el incremento de la inseguridad y la delincuencia que pasó del 42.8 % en 2015 al 44.3 % en 2017 y al 70.9 % en el 2018.
En ese último año, los salvadoreños consideraban como el principal fracaso de la administración Sánchez Cerén el aumento de la delincuencia que llevó al mandatario a incumplir su principal promesa «convertir a El Salvador en el país más seguro», el 79.6 % de la población opinó que no la estaba cumpliendo.
Sin embargo, el problema de la delincuencia se fue revirtiendo rápidamente en los primeros seis meses de mandato de Nayib Bukele, quien, con la ejecución del Plan Control Territorial logró que la población considerara, a finales de 2019, que la principal razón por la cual el país se encontraba mejor que el año anterior, era las mejoras en materia de seguridad brindándole un 42.6 % de apoyo, los salvadoreños también destacaron que en los últimos seis meses del 2019 la inseguridad y la delincuencia disminuyeron en un 52.3 % y un 63.1 %, respectivamente.
Para el 2022, las encuestas de la UCA mostraron que el 54.2 % de los salvadoreños opinaban que la seguridad en el país había mejorado; mientras que en el 2023 el 91 % de la población destacó que la delincuencia había disminuido, ya para el 2024 el 96.8 % de los salvadoreños consideraron que la delincuencia se redujo.
Para ese mismo año (2024), el 85 % de los encuestados detallaron que la drástica disminución de la delincuencia, en los últimos años, se debe a la ejecución del régimen de excepción, en esa misma encuesta el 87.5 % de los salvadoreños indicaron sentirse más seguros, gracias a la implementación de dicha medida, además siete de cada diez salvadoreños (69.1 %) opinó que el régimen debe continuar.
POCA ACEPTACIÓN DE PLANES DE SEGURIDAD DEL FMLN
Contrario a la gran aceptación que actualmente tiene la población del régimen de excepción, el Plan El Salvador Seguro no gozó de la aprobación de los salvadoreños, para el 2015 el 41.7 % de los encuestados opinaron que la medida de seguridad ejecutada, en ese momento por el Gobierno del FMLN, estaba dando pobres resultados.
El 22 de julio de 2003 Francisco Flores, presidente del partido ARENA, lanzó el Plan Mano Dura, en la colonia Dina, de San Salvador. Foto: Cortesía.
La baja aprobación del plan fue tal que para el 2016, el 77.3 % de la población aseguró que los pandilleros eran los principales ejecutores de la ola de homicidios que azotaba al país; el descontento de los encuestados fue más allá y el 35.6 % señaló que el despliegue de soldados y tanquetas en las calles no reducía la criminalidad versus un 15 % que aseguró que sí.
La perspectiva de la población, respecto a los planes de seguridad, cambió para el 2020, año en que el 68.8 % de los encuestados destacó que el Plan Control Territorial le permitió al Gobierno recuperar los territorios que eran controlados por pandillas, la opinión del 71.6 % de la ciudadanía también detalló que para ese año el Plan ayudó a reducir la delincuencia en todo el país.
Para el 2021, contrario a lo sucedido con el Plan El Salvador Seguro, el 59.4 % de los salvadoreños opinaron que el despliegue de soldados ordenado por el Gobierno contribuyó a la reducción de todos los crímenes en el país.
La poca eficiencia de los planes de seguridad implementados por gobiernos anteriores también tuvo repercusión en la confianza que la población tenía en instituciones como la Policía Nacional Civil (PNC), la Fuerza Armada y la Fiscalía General de la República (FGR).
En el 2015, por ejemplo, el 43.6 % de los salvadoreños dijeron tener poca confianza en la Policía versus un 18.5 % que opinó no tener ninguna confianza; para el 2018, la opinión de la población no varió mucho, un 42.3 % aseguró tener poca confianza en la institución y un 12.4 % dijo tener mucha confianza.
Una situación similar ocurrió con la Fuerza Armada y la Fiscalía, en el 2015, el 37.2 % y el 42.4 % expresaron tener poca confianza en ambas instituciones, respectivamente. Mientras que, el 2018, el 40.3 % dijo tener poca confianza en la institución castrense y el 43.5 % en la FGR.
Contrario a esa desconfianza generada por el Plan El Salvador Seguro, en las instituciones encargadas de velar por la seguridad pública, luego de casi tres años de implementación de régimen de excepción, la población tiene 82.9 % de confianza en la Fuerza Armada, 79.1 % en la PNC y 63.3 % en la Fiscalía, según la encuesta publicada por la UCA el 20 de enero 2024.
PERSPECTIVAS A FUTURO
En los últimos años, la esperanza de los salvadoreños en un país mejor y libre de la delincuencia ha aumentado, contrario a lo ocurrido durante el último mandato del FMLN.
En el 2015, a la pregunta ¿Cuándo piensa en el futuro del país, que es lo primero que siente? El 56.9 % de la población opinó que temor, versus un 40.9 % que dijo sentirse esperanzado.
Para el 2022, ya con Bukele liderando el país, la expectativa de la población cambió, y a la misma pregunta un 65.5 % opinó sentirse esperanzado, versus un 31.1 % que dijo sentir temor; y para el 2024 esa proyección ha ido en alza sin precedentes: el 77.3 % de los encuestados indicó sentirse esperanzado versus un 19.4 % que mencionó sentir temor.
En la misma encuesta, 56 de cada 100 salvadoreños (el 56.7 %) declararon que para el 2025 la delincuencia seguirá disminuyendo, versus un 4.4 % que piensa que aumentará.
Nacionales
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Nacionales
Soyapango: vendedores dejan las calles antes del 20 de septiembre; arranca la fase 1 del reordenamiento
La Alcaldía de San Salvador Este informó que comerciantes informales siguen retirando sus puestos de las calles de Soyapango. Lo presenta como desalojo voluntario, primer paso de la revitalización de calles, aceras y espacios públicos. La fase 1 empieza el 20 de septiembre y cubre Calle Roosevelt, 2.ª Calle Oriente, avenida Cuba y los sectores frente a Walmart, Plaza Mundo y la Central de Abastos. En anuncios previos la comuna también incluyó avenida Rosario Sur y el bulevar del Ejército.
El plazo no nació ayer. Los vendedores recibieron notificaciones a inicios de septiembre: fecha límite, el 20. Varios dijeron a La Prensa Gráfica que no se oponen al orden, pero pidieron quedarse hasta diciembre para aprovechar las ventas de fin de año y pagar deudas. El concejal Cayetano Cruz (FMLN) habló de unas 450 familias afectadas y de alternativas poco claras. La alcaldía ha mencionado reubicación en el ex IRA de San Martín y en locales de Soyapango; los comerciantes insisten en que, al notificarlos, no les entregaron un puesto concreto.
Esto ya se ensayó. En junio la comuna retiró 33 puestos de la 8.ª avenida Norte y habló de espacios vacíos en el mercado central; parte de los afectados denunció que el nuevo sitio había que acondicionarlo con su propio dinero. El mismo tipo de reordenamiento se aplicó en los alrededores del Mercado Central de San Salvador Centro. Recuperar aceras es la tesis oficial: peatones y carros sin obstáculo. El otro lado es el ingreso diario de quien lleva años —a veces décadas— vendiendo en la vía pública.
Desde las 10:00 p. m. de este sábado 19 hasta las 6:00 a. m. del domingo 20 hay circulación controlada en 4.ª Avenida Sur (Cuba), 2.ª Calle Oriente, Franklin Roosevelt Oriente y 6.ª Avenida Norte. Quien circule por Soyapango debe buscar ruta alterna. El debate no se acaba el domingo: calles despejadas contra sustento informal. El dato que falta, y que van a exigir los vendedores, es dónde van a trabajar el lunes.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
