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CASO CORRUPTELA EN CONTRA DEL EMPRESARIO ENRIQUE RAIS Y OTROS SEÑALADOS SE CAE
Este miércoles se comprueba que el caso “corruptela” que el ex fiscal General de la República, Douglas Meléndez, y su equipo de fiscales fabricó en contra del empresario Enrique Rais y otros imputados no va a prosperar luego que el Juzgado 7º de Paz, de San Salvador, revocara el criterio de oportunidad a seis personas.
En una audiencia especial la jueza 7ª de Paz revocó la oportunidad de criterio que en su momento fue promovido por el equipo de la Fiscalía General de la República (FGR) y luego autorizado por el mismo juzgado, a cuatro fiscales y dos empleados administrativos del ministerio público.
El abogado de los seis empleados señaló que la resolución de la jueza se basó en que “estas personas no han cometido delito alguno, entonces mal se haría en realizar un proceso injusto en el que los han obligado a aceptar hechos que no han cometido”.
Otro aspecto que la jueza tomó en cuenta es la parte procedimental, la parte de los derechos y garantías fundamentales de todos los procesados que fueron “vulnerados por parte de las personas que llevaron a cabo esta investigación y otorgaron el criterio de oportunidad en su momento”, según señaló Ayala.
Pese a que la jueza dio por sentado de que fueron obligados a rendir falso testimonio la Fiscalía este día llegó a la audiencia especial con la finalidad que el caso siguiera de forma automática aunque los ofendidos no obtuvieran el criterio de oportunidad y en su lugar siguieran procesados como cualquier otro imputado.
No obstante los abogados defensores se negaron a este camino bajo el argumento que es “seguir socavando los derechos y garantías fundamentales de las personas” y solicitaron a la jueza que informe a la FGR para que ellos tomen medidas al respecto.
Una investigación que Diario Digital Cronio publicó en el mes de febrero reveló que el ex titular de la Fiscalía General de la República obligó a cuatro fiscales y dos empleados administrativos a aceptar hechos delictivos que no habían cometidopara incluirlos en el caso que preparó para atacar a personas que no son de su agrado.
Durante toda la administración del ex fiscal Douglas Meléndez diferentes actores políticos y de la sociedad le criticaron el abuso de criteriados para fundamentar y sostener sus casos, dejando a un lado otros tipos de investigación.
Uno de los que señaló que conocía de estas prácticas fue el ex ministro de Defensa, David Munguía Payes, quien en una conferencia de prensa dijo conocer a personas afectadas que “se fueron a quejar inclusive con nosotros, en donde los querían obligar a los testigos a decir cosas que no le constaban, bajo amenazas de que si no lo hacían los iban a involucrar en los crímenes”, señaló.
Una persona que hizo señalamientos en contra del ex fiscal Meléndez, fue el columinista Paolo Luers quien en una de sus habituales cartas recriminó a Meléndez por “no apartar a los fiscales que manipulan testimonios o pruebas”.
En el caso Corruptela no ocurre algo diferente, los abogados señalan que se basa en el testimonio de las seis personas mencionadas, quienes debieron esperar a que Meléndez saliera de su cargo para revelar los vejámenes y chantajes a los que fueron sometidos para ser criteriados y firmar declaraciones previamente elaboradas con contenido falso por el equipo fiscal auxiliar de Douglas Meléndez.
En su momento la abogada e influencer en las redes sociales Bessy Ríos señaló el tortuoso camino al que fueron sometidos los seis trabajadores para fundamentar el caso que el ex fiscal buscaba para aumentar su popularidad y lograr su reelección.
En el caso Corruptela trabajaban el exdirector Anticorrupción, Jorge Orlando Cortez Díaz y los fiscales auxiliares que llevan el caso Corruptela Nefatlí Roberto Ábrego Rosales, Mario Antonio Huezo Cortez, Harold Iván Córdoba Solís, Sergio Manrique Paredes Blanco, Noris Iván Quintanilla Navidad, Santos Inocente Seguro Mendoza, Carolina Beatriz Torres Hernández , David Alfonso Ramírez Guevara y Héctor Nahúm Martínez García, estos dos últimos ya han renunciado del Ministerio público.
En medio de esta situación, se espera que el fiscal general de la República Raúl Melara se pronuncie al respecto en honor a la verdad y la justicia para que la población conozca el proceder de la institución ante estas malas prácticas que debilitan la imagen institucional.
Ya anteriormente Melara señaló que esto deriva a un procedimiento de investigación interna y que “en el momento en el que el auditor fiscal pueda denotar el cometimiento de un ilícito, lo suspende y lo deriva a la unidad correspondiente para que sea una investigación formal y determinar si hubo coacción (fuerza o violencia para obligar a alguien a hacer o decir algo), o lo que sea… algunos indicios habrá”.
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Ocho sujetos fueron condenados hasta con 95 años de cárcel por diversos delitos en San Salvador
Penas de prisión de hasta 95 años de cárcel logró la Fiscalía para ocho personas -cuatro de ellas en calidad de reos ausentes-, a quienes se les procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, lavado de dinero y activos, asimismo, estafa y hurto de identidad, en perjuicio de varias víctimas.
De acuerdo a la información fiscal, esta investigación inició en 2023 a raíz de avisos por parte familiares de personas detenidas, donde manifestaron haber sido víctimas de estafas y otros delitos.
Según las investigaciones, los imputados crearon una página en una red social y se hicieron pasar como abogados. Bajo este mecanismo de engaño ofrecían sus servicios legales para poder sacar de la cárcel a personas detenidas, a cambio de que los familiares de los presos les pagaran grandes cantidades de dinero.
Con esta modalidad los sujetos estafaron al menos a cuatro personas, quienes finalmente decidieron denunciarlos ante las autoridades.
En este caso, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña (presente) fue condenada a la pena de 33 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos.
Por esos mismos delitos se condenó a 35 años a Jennifer Gabriela Sandoval y a 26 años de prisión a Karla Cristina Aguirre Quintanilla y Blanca Mirian Menjívar Pineda (todas presentes).
En ausencia fue condenado Marco Sebastián Pintor Rodríguez, alias “tatuado”, quien fue perfilado como cabecilla de la estructura y miembro de la pandilla Barrio 18. A él se le procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos, además de hurto de identidad.
Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda (también ausente) recibió una condena de 50 años de prisión; Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez (ausente) deberá cumplir una pena de cárcel de 25 años y Frania Elizabeth Pintor fue condenada a 5 años de prisión solo por lavado de dinero y activos.
Asimismo, se les condenó al pago de $30,500 dólares y de no pagar esta cantidad, se aumentará un tercio de la pena impuesta a cada imputado, según lo estipula la respectiva ley.
Las condenas de prisión fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador al valorar toda la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR en juicio.
El Fondo Solidario para la Salud (Fosalud) informó que ha recibido la certificación del Sistema de Gestión Antisoborno, alineado con la norma internacional NTS ISO 37001:2016.
El ministro de salud, Francisco Alabi, junto a la viceministra de operaciones en Salud y directora ejecutiva ad honorem de Fosalud, Karla Díaz, recibieron la certificación por parte de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), a través de su director general para Centroamérica, Arnulfo Pino.
De acuerdo con la institución, este logro forma del esfuerzo institucional en la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno y al cumplimiento de los criterios internacionales orientados a la transparencia, integridad, la prevención del soborno y la confianza ciudadana, como pilares de una gestión pública moderna y responsable, alineada con las directrices presidenciales.
Fosalud explicó que el proceso de implementación y certificación del Sistema de Gestión Antisoborno duró un aproximado de 14 meses, concluyendo satisfactoriamente en octubre de 2025.
También detalló que esta certificación abarca todas las gerencias y unidades organizativas, los procesos relacionados con la prestación de los servicios de salud en los diferentes establecimientos con cobertura Fosalud y los procesos administrativos, considerados críticos desde la perspectiva de riesgos de soborno.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO), invitó a los salvadoreños en el exterior que desean continuar sus estudios, que apliquen al programa de becas con Panamerican University.
Este ofrece una oportunidad para estudiar una licenciatura o maestría. Las becas son en modalidad online, con clases en vivo y en español.
La fecha última para postularse es el próximo 20 de febrero de este año. Algunas de las carreras disponibles son: administración de empresas, ciencias de la computación e inteligencia artificial.
Mientras que, las maestrías son: global executive MBA, gestión estratégica de recursos humanos y analítica de personas, ciencias en gestión financiera corporativa y FinTech.
