Este miércoles se comprueba que el caso “corruptela” que el ex fiscal General de la República, Douglas Meléndez, y su equipo de fiscales fabricó en contra del empresario Enrique Rais y otros imputados no va a prosperar luego que el Juzgado 7º de Paz, de San Salvador, revocara el criterio de oportunidad a seis personas. 

En una audiencia especial la jueza 7ª de Paz revocó  la oportunidad de criterio que en su momento fue promovido por el equipo de la Fiscalía General de la República (FGR) y luego autorizado por el mismo juzgado, a cuatro fiscales y dos empleados administrativos del ministerio público.

 El abogado de los seis empleados señaló que la resolución de la jueza se basó en que  “estas personas no han cometido delito alguno, entonces mal se haría en realizar un proceso injusto en el que los han obligado a aceptar hechos que no han cometido”.

Otro aspecto que la jueza tomó en cuenta es la parte procedimental, la parte de los derechos y garantías fundamentales de todos los procesados que fueron “vulnerados por parte de las personas que llevaron a cabo esta investigación y otorgaron el criterio de oportunidad en su momento”, según señaló Ayala. 

Pese a que la jueza dio por sentado de que fueron obligados a rendir falso testimonio la Fiscalía este día llegó a la audiencia especial con la finalidad que el caso siguiera de forma automática aunque los ofendidos no obtuvieran el criterio de oportunidad y en su lugar siguieran procesados como cualquier otro imputado.

No obstante los abogados defensores se negaron a este camino bajo el argumento que es “seguir socavando los derechos y garantías fundamentales de las personas” y solicitaron a la jueza que informe a la FGR para que ellos tomen medidas al respecto.

Una investigación que Diario Digital Cronio publicó en el mes de febrero reveló que el ex titular de la Fiscalía General de la República obligó a cuatro fiscales y dos empleados administrativos a aceptar hechos delictivos que no habían cometidopara incluirlos en el caso que preparó para atacar a personas que no son de su agrado. 

Durante toda la administración del ex fiscal Douglas Meléndez diferentes actores políticos y de la sociedad le criticaron el abuso de criteriados para fundamentar y sostener sus casos, dejando a un lado otros tipos de investigación. 

Uno de los que señaló que conocía de estas prácticas fue el ex ministro de Defensa, David Munguía Payes, quien en una conferencia de prensa dijo conocer a personas afectadas que “se fueron a quejar inclusive con nosotros, en donde los querían obligar a los testigos a decir cosas que no le constaban, bajo amenazas de que si no lo hacían los iban a involucrar en los crímenes”, señaló.

Una persona que hizo señalamientos en contra del ex fiscal Meléndez, fue el columinista Paolo Luers quien en una de sus habituales cartas recriminó a Meléndez por “no apartar a los fiscales que manipulan testimonios o pruebas”.

En el caso Corruptela no ocurre algo diferente, los abogados señalan que se basa en el testimonio de las seis personas mencionadas, quienes debieron esperar a que Meléndez saliera de su cargo para revelar los vejámenes y chantajes a los que fueron sometidos para ser criteriados y firmar declaraciones previamente elaboradas con contenido falso por el equipo fiscal auxiliar de Douglas Meléndez.

En su momento la abogada e influencer en las redes sociales Bessy Ríos señaló el tortuoso camino al que fueron sometidos los seis trabajadores para fundamentar el caso que el ex fiscal buscaba para aumentar su popularidad y lograr su reelección.

En el caso Corruptela trabajaban el exdirector Anticorrupción, Jorge Orlando Cortez Díaz y los fiscales auxiliares que llevan el caso Corruptela Nefatlí Roberto Ábrego Rosales, Mario Antonio Huezo Cortez, Harold Iván Córdoba Solís, Sergio Manrique Paredes Blanco, Noris Iván Quintanilla Navidad, Santos Inocente Seguro Mendoza, Carolina Beatriz Torres Hernández , David Alfonso Ramírez Guevara y Héctor Nahúm Martínez García, estos dos últimos ya han renunciado del Ministerio público.

En medio de esta situación, se espera que el fiscal general de la República Raúl Melara se pronuncie al respecto en honor a la verdad y la justicia para que la población conozca el proceder de la institución ante estas malas prácticas que debilitan la imagen institucional.

Ya anteriormente Melara señaló que esto deriva a un procedimiento de investigación interna y que “en el momento en el que el auditor fiscal pueda denotar el cometimiento de un ilícito, lo suspende y lo deriva a la unidad correspondiente para que sea una investigación formal y determinar si hubo coacción (fuerza o violencia para obligar a alguien a hacer o decir algo), o lo que sea… algunos indicios habrá”.