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Buses y microbuses calientan motores para iniciar labores el próximo 20 de agosto
Los dueños de buses y microbuses vuelven a encender los motores de sus unidades para dar el servicio a los usuarios de las diferentes rutas a partir del próximo 20 de agosto, con el inicio de la fase 2 del Plan de la Reapertura Económica propuesta por el presidente Nayib Bukele.
Previamente a que las unidades regresen a dar el servicio, los transportistas deberán cumplir con un protocolo de bioseguridad para proteger a los motoristas y usuarios de las unidades.
Se establece que las unidades no podrán circular al cien por ciento de su capacidad, esto indica que los pasajeros deberán de guardar la distancia en el interior de cada bus o microbús.
Cada vehículo deberá ser desinfectado, al menos tres veces al día, limpiar los pasamanos, piso, ventanas, asientos, etcétera.
El motorista deberá de tener alcohol en gel y ninguna persona podrá abordar la unidad sin utilizar mascarilla.
El servicio público de pasajeros es el segundo foco de infección de virus en el mundo, solamente detrás de los hospitales. Es por ello que se requiere de una permanente inspección de parte de las autoridades competentes para asegurar que sean cumplidos todos los requerimientos de salubridad con el objetivo de proteger a la población.
Los transportistas han expresado en repetidas ocasiones que los costos de operación se les incrementan al trabajar bajo los nuevos requerimientos y por ello es que solicitan al Gobierno les autorice a cobrar un aumento en la tarifa a usuarios o, en su defecto, que sea incrementada la cuota de subsidio.
El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, es enérgico al afirmar que el aumento de tarifa o del subsidio no son puntos sobre la mesa que se puedan negociar.
Los transportistas reciben de parte del Gobierno un subsidio mensual de $200 por cada microbús y $400 por autobús que preste el servicio.
Mientras que la tarifa autorizada por el Viceministerio de Transporte para el cobro del pasaje a los usuarios es de $0.20 centavos en los buses.
Rodríguez confirmó este jueves que el subsidio se va a entrega a los transportistas que coloquen en sus unidades sistema GPS, porque es la forma en que demuestran que las unidades se mantienen activas y cumplen con su recorrido diario.
Información importante para todos los Miembros, Fundadores o Activos de la Sociedad de Comerciantes de Industriales Salvadoreños:
Padres de familia del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen) expresaron su respaldo a los operativos ejecutados esta semana por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), mediante los cuales se desarticuló una estructura pandilleril en formación conocida como “La Raza Estudiantil”.
El centro educativo, que atiende a aproximadamente 1,700 estudiantes, ha sido escenario de hechos relacionados con pandillas en años anteriores. Varios padres coincidieron en que estas acciones brindan mayor seguridad y tranquilidad a los alumnos y sus familias.
“Con este tipo de acciones resguardan a miles de estudiantes. Yo me siento más segura y ellos también”, opinó Briseyda, madre de dos jóvenes que estudian en el Inframen.
Rosa, madre de una estudiante de primer año, también apoyó los operativos, señalando que el instituto en décadas pasadas fue golpeado por la violencia de las pandillas. “El que anda metido en problemas, tiene sus consecuencias, pero uno de padre tiene que estar pendiente de sus hijos”, agregó otra madre, Ana.
Por su parte, Ruth Carranza explicó que decidió matricular a su hija en el Inframen por las mejoras en seguridad implementadas en el país desde 2019. “Avalo que las autoridades estén cortando de raíz estas conductas delictivas. Que esto sirva como ejemplo”, afirmó.
#DePaís | Este es el panorama afuera del INFRAMEN donde el pasado martes la @FGR_SV ejecutó un operativo para desarticular una nueva pandilla en formación. Los padres de familia aprueban que las autoridades lleven a cabo este tipo de acciones para evitar ilícitos. 📹: Gadiel… pic.twitter.com/mGpNVpY72d
— Diario El Salvador (@elsalvador) June 26, 2025
El caso
El pasado martes, las autoridades capturaron a 40 estudiantes vinculados con la estructura criminal, procedentes de cuatro institutos nacionales de San Salvador: 28 del Inframen, 6 del Instituto Nacional Albert Camus, 4 del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y 2 del Instituto Nacional Acción Cívica Militar..
Según la FGR, los jóvenes pretendían reclutar más miembros y organizaban actos delictivos. Las investigaciones revelan que amedrentaban a sus compañeros, y algunos están acusados de agresiones sexuales, consumo de drogas y violencia física. Entre los capturados hay tres que ya no eran estudiantes, pero que anteriormente cursaron estudios en el Inframen y ahora se presume estaban colaborando desde fuera.
Los imputados serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados. Las autoridades reiteraron su compromiso de erradicar toda manifestación delictiva en los centros educativos del país.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
