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BIOCAM presenta recurso ante “graves irregularidades” en la licitación de la disposición final de los desechos sólidos de la alcaldía de San Marcos
BIOCAM S.A. De C.V., empresa especialista en la Recolección y Transporte de Desechos, autorizada por el Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio de Salud de El Salvador, presentó este día un recurso de revisión sobre la licitación realizada por la alcaldía de San Marcos para la disposición final de desechos sólidos, ya que denuncian “Graves Irregularidades”.
Según informó el representante de dicha empresa, han con todos los requerimientos de la licitación y de la ley LACAP. Además, el precio es mucho menor del que contrató la alcaldía de San Marcos.
El actual contrato fue realizado por la comuna con el botadero del señor Salume, el cual ya cuenta con varias demandas judiciales por “no cumplir con las condiciones legales medio ambiéntale de un verdadero relleno sanitario”.
BIOCAM S.A. De C.V., ha pedido a las autoridades de Corte de Cuentas y el gobierno del presidente Bukele revisen, por medio de una investigación, el actuar del alcalde y el consejo municipal de San Marcos, “con el fin de que se descarte cualquier acto de corrupción en esta licitación”.
Pero, esta no sería la única vez en la que el botadero de disposición final propiedad del señor de apellido “Salume” recibe una acusación de irregularidades. En 2021, una fuente interna de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) de la alcaldía de San Marcos, divulgó que las autoridades edilicias dieron instrucciones para que se prorrogue el contrato para seguir disponiendo la basura recolectada en el municipio en el botadero municipal del Puerto de La Libertad, que administra PULSEM, representada por Nicolas Salume.
Además, en ese mismo año el alcalde, Noé Enrique Rivera Amaya y concejo municipal de Ciudad Arce fue denunciado ante la FGR y por negociaciones ilícitas y cohecho activo tras favorecer a Salume con recursos FODES. Según el denunciante “a todas luces favoreció el botadero municipal propiedad de Salume para otorgarle un contrato de disposición final de la basura del municipio a un costo mayor en más de un 38% con las otras ofertas participantes”.
Hasta el momento, se desconoce si el Ministerio de Medio Ambiente (MARN) o la FGR han actuado ante dichos señalamientos, ya que según abogados ambientalistas “el botadero no cuenta con las condiciones necesarias el costo de llevar la basura hasta el botadero en el Puerto de La Libertad es mayor”.
Información importante para todos los Miembros, Fundadores o Activos de la Sociedad de Comerciantes de Industriales Salvadoreños:
Padres de familia del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen) expresaron su respaldo a los operativos ejecutados esta semana por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), mediante los cuales se desarticuló una estructura pandilleril en formación conocida como “La Raza Estudiantil”.
El centro educativo, que atiende a aproximadamente 1,700 estudiantes, ha sido escenario de hechos relacionados con pandillas en años anteriores. Varios padres coincidieron en que estas acciones brindan mayor seguridad y tranquilidad a los alumnos y sus familias.
“Con este tipo de acciones resguardan a miles de estudiantes. Yo me siento más segura y ellos también”, opinó Briseyda, madre de dos jóvenes que estudian en el Inframen.
Rosa, madre de una estudiante de primer año, también apoyó los operativos, señalando que el instituto en décadas pasadas fue golpeado por la violencia de las pandillas. “El que anda metido en problemas, tiene sus consecuencias, pero uno de padre tiene que estar pendiente de sus hijos”, agregó otra madre, Ana.
Por su parte, Ruth Carranza explicó que decidió matricular a su hija en el Inframen por las mejoras en seguridad implementadas en el país desde 2019. “Avalo que las autoridades estén cortando de raíz estas conductas delictivas. Que esto sirva como ejemplo”, afirmó.
#DePaís | Este es el panorama afuera del INFRAMEN donde el pasado martes la @FGR_SV ejecutó un operativo para desarticular una nueva pandilla en formación. Los padres de familia aprueban que las autoridades lleven a cabo este tipo de acciones para evitar ilícitos. 📹: Gadiel… pic.twitter.com/mGpNVpY72d
— Diario El Salvador (@elsalvador) June 26, 2025
El caso
El pasado martes, las autoridades capturaron a 40 estudiantes vinculados con la estructura criminal, procedentes de cuatro institutos nacionales de San Salvador: 28 del Inframen, 6 del Instituto Nacional Albert Camus, 4 del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y 2 del Instituto Nacional Acción Cívica Militar..
Según la FGR, los jóvenes pretendían reclutar más miembros y organizaban actos delictivos. Las investigaciones revelan que amedrentaban a sus compañeros, y algunos están acusados de agresiones sexuales, consumo de drogas y violencia física. Entre los capturados hay tres que ya no eran estudiantes, pero que anteriormente cursaron estudios en el Inframen y ahora se presume estaban colaborando desde fuera.
Los imputados serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados. Las autoridades reiteraron su compromiso de erradicar toda manifestación delictiva en los centros educativos del país.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
