Desplazar a familias de sus viviendas para utilizarlas de manera ilegal o convertirlas en «casas destroyer» era una práctica que por décadas efectuaron las pandillas en El Salvador, sin embargo, en los últimos años el Gobierno, a través de Seguridad, ha apostado por erradicar esta práctica.

Uno de lo más recientes resultados es que como parte de la operatividad del cerco de seguridad instalado en Soyapango se han logrado recuperar cientos de casas usurpadas por mareros.

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, explicó que en dicho municipio se «han recuperado viviendas que habían sido usurpadas por los terroristas y que ahora estamos devolviendo a sus verdaderos dueños, quienes fueron amenazados y se vieron obligados a abandonarlas».

Esta práctica de pandillas que afectó por años la estabilidad y economía de muchos salvadoreños provocó el desplazamiento forzado de las familias que se quedaron desamparadas mientras que las viviendas eran alquiladas por los terroristas.

Como parte de la operatividad de la #Fase5 de #Extracción en el #CercoSoyapango, hemos recuperado viviendas que habían sido usurpadas por los terroristas y que ahora estamos devolviendo a sus verdaderos dueños, quienes fueron amenazados y se vieron obligados a abandonarlas. pic.twitter.com/An8dbfFAqe

— Gustavo Villatoro 🇸🇻 (@Vi11atoro) December 26, 2022

Uno de los casos conocidos de usurpaciones, fue el de dondominios Victoria, en la colonia Antekirta, donde muchos de los que «rentaban» los apartamentos eran pandilleros o sus familiares, quienes además hurtaban agua de la red pública y de una escuela y la vendían a los inquilinos. Casos similares se dieron en Montes de San Bartolo y Las Margaritas, en Soyapango y en la Santísima Trinidad, en Ayutuxtepeque.

Ayer el ministro Villatoro afirmó que «se ha detenido a personas que colaboraban con los pandilleros que cobraban «alquiler» y amenazaban a los propietarios de estas viviendas usurpadas».

Una de las decenas de casas recuperadas en Soyapango se encuentran en la Urbanización Los Conacastes, «esta vivienda verificada en un operativo Casa Segura el 5 de diciembre del 2022 y fue entregada a su propietario el 20 de diciembre», según datos policiales. Las autoridades explicaron que en esa casa «había sido alquilada (usurpada desde el 2010) por pandilleros 18 sureños en cobros mensuales a una anciana de 63 años.

Desde que se implementó el cerco de seguridad, policías y soldados han estado ejecutando diversos operativos de Casa Segura, en estos también se ha detectado conexiones de luz, agua y cable fraudulentas.

Hacer conexiones no permitidas de estos servicios básicos son prácticas recurrentes en diversas zonas de El Salvador y es un delito. Las autoridades verifican casa por casa, solicitando a cada ocupante la documentación que ampare la situación legal de la vivienda para comprobar que la conexión de los servicios básicos es conforme a ley, según los recibos de las compañías respectivas.

El titular de Seguridad destacó que seguirán trabajando «24/7 para terminar con todo el accionar de estos delincuentes y erradicar por completo este cáncer de nuestra sociedad. No vamos a permitir que estos terroristas vuelvan a atentar contra los salvadoreños de bien».

Un cambio significativo

En el 2017, el país entró a la lista de las 10 naciones más afectadas en el mundo por desplazamiento forzado interno debido a la violencia criminal. Hasta 2019, según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), se registraba que, en las últimas dos décadas, alrededor de 71,500 personas fueron desplazadas. Fue hasta el inicio del gobierno de Nayib Bukele, a mediados de 2019, cuando las cifras de seguridad comenzaron a cambiar en el país, esto es atribuido por las autoridades a la ejecución del Plan Control Territorial.

Incluso El Salvador salió, en 2019, de la lista de las 10 naciones con más casos de desplazamiento. Muchas personas, gracias a la seguridad que ahora se resalta en el país han decidido regresar a sus viviendas que habían sido arrebatadas por las maras.

El pasado 3 de diciembre el presidente de la República, Nayib Bukele ordenó establecer un cerco militar como parte de la quinta fase del PCT llamado «Extracción» y que va tras pandilleros en Soyapango. Desde entonces, en el municipio se destacada la disminución del accionar delictivo y muchas familias que habían huido o fueron amenazadas de dejar sus casas han regresado.

En Soyapango se encuentran desplegados 8,500 soldados y 1,500 policías para tomar posiciones estratégicas y cercar a los pandilleros. Entre las acciones que se están ejecutando desde que se implementó el cerco militar están los controles vehiculares, controles de revisión, patrullajes aéreos, patrullajes con drones y terrestres.

Hasta ahora, las autoridades han capturado a 690 criminales de diferentes pandillas en intervenciones realizadas en colonias de ese municipio.