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Autoridades recuperan casas que habían sido usurpadas por pandilleros en Soyapango
Desplazar a familias de sus viviendas para utilizarlas de manera ilegal o convertirlas en «casas destroyer» era una práctica que por décadas efectuaron las pandillas en El Salvador, sin embargo, en los últimos años el Gobierno, a través de Seguridad, ha apostado por erradicar esta práctica.
Uno de lo más recientes resultados es que como parte de la operatividad del cerco de seguridad instalado en Soyapango se han logrado recuperar cientos de casas usurpadas por mareros.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, explicó que en dicho municipio se «han recuperado viviendas que habían sido usurpadas por los terroristas y que ahora estamos devolviendo a sus verdaderos dueños, quienes fueron amenazados y se vieron obligados a abandonarlas».
Esta práctica de pandillas que afectó por años la estabilidad y economía de muchos salvadoreños provocó el desplazamiento forzado de las familias que se quedaron desamparadas mientras que las viviendas eran alquiladas por los terroristas.
Como parte de la operatividad de la #Fase5 de #Extracción en el #CercoSoyapango, hemos recuperado viviendas que habían sido usurpadas por los terroristas y que ahora estamos devolviendo a sus verdaderos dueños, quienes fueron amenazados y se vieron obligados a abandonarlas. pic.twitter.com/An8dbfFAqe
— Gustavo Villatoro 🇸🇻 (@Vi11atoro) December 26, 2022
Uno de los casos conocidos de usurpaciones, fue el de dondominios Victoria, en la colonia Antekirta, donde muchos de los que «rentaban» los apartamentos eran pandilleros o sus familiares, quienes además hurtaban agua de la red pública y de una escuela y la vendían a los inquilinos. Casos similares se dieron en Montes de San Bartolo y Las Margaritas, en Soyapango y en la Santísima Trinidad, en Ayutuxtepeque.
Ayer el ministro Villatoro afirmó que «se ha detenido a personas que colaboraban con los pandilleros que cobraban «alquiler» y amenazaban a los propietarios de estas viviendas usurpadas».
Una de las decenas de casas recuperadas en Soyapango se encuentran en la Urbanización Los Conacastes, «esta vivienda verificada en un operativo Casa Segura el 5 de diciembre del 2022 y fue entregada a su propietario el 20 de diciembre», según datos policiales. Las autoridades explicaron que en esa casa «había sido alquilada (usurpada desde el 2010) por pandilleros 18 sureños en cobros mensuales a una anciana de 63 años.
Desde que se implementó el cerco de seguridad, policías y soldados han estado ejecutando diversos operativos de Casa Segura, en estos también se ha detectado conexiones de luz, agua y cable fraudulentas.
Hacer conexiones no permitidas de estos servicios básicos son prácticas recurrentes en diversas zonas de El Salvador y es un delito. Las autoridades verifican casa por casa, solicitando a cada ocupante la documentación que ampare la situación legal de la vivienda para comprobar que la conexión de los servicios básicos es conforme a ley, según los recibos de las compañías respectivas.
El titular de Seguridad destacó que seguirán trabajando «24/7 para terminar con todo el accionar de estos delincuentes y erradicar por completo este cáncer de nuestra sociedad. No vamos a permitir que estos terroristas vuelvan a atentar contra los salvadoreños de bien».
Un cambio significativo
En el 2017, el país entró a la lista de las 10 naciones más afectadas en el mundo por desplazamiento forzado interno debido a la violencia criminal. Hasta 2019, según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), se registraba que, en las últimas dos décadas, alrededor de 71,500 personas fueron desplazadas. Fue hasta el inicio del gobierno de Nayib Bukele, a mediados de 2019, cuando las cifras de seguridad comenzaron a cambiar en el país, esto es atribuido por las autoridades a la ejecución del Plan Control Territorial.
Incluso El Salvador salió, en 2019, de la lista de las 10 naciones con más casos de desplazamiento. Muchas personas, gracias a la seguridad que ahora se resalta en el país han decidido regresar a sus viviendas que habían sido arrebatadas por las maras.
El pasado 3 de diciembre el presidente de la República, Nayib Bukele ordenó establecer un cerco militar como parte de la quinta fase del PCT llamado «Extracción» y que va tras pandilleros en Soyapango. Desde entonces, en el municipio se destacada la disminución del accionar delictivo y muchas familias que habían huido o fueron amenazadas de dejar sus casas han regresado.
En Soyapango se encuentran desplegados 8,500 soldados y 1,500 policías para tomar posiciones estratégicas y cercar a los pandilleros. Entre las acciones que se están ejecutando desde que se implementó el cerco militar están los controles vehiculares, controles de revisión, patrullajes aéreos, patrullajes con drones y terrestres.
Hasta ahora, las autoridades han capturado a 690 criminales de diferentes pandillas en intervenciones realizadas en colonias de ese municipio.
El clima de negocios impulsado por las estrategias estatales se vio materializado en la constitución de 8,373 nuevas empresas en 2025, así lo informó el director ejecutivo del Centro Nacional de Registros (CNR), Camilo Trigueros.
De esa cifra, 4,551 fueron Sociedades de Acciones Simplificadas (SAS), y 2,742 sociedades jurídicas, y 1,080 sociedades individuales.
El funcionario señaló que esta cantidad de nuevas unidades de negocios supera el récord alcanzado en 2024 cuando se tuvo 6,042; y que solo la sumatoria de esos dos años supera la cantidad de registros que tenía el país en los gobiernos del pasado.
«En dos años llevamos alrededor de 15,000 empresas creadas. En 2024 y 2025, del segundo mandato del presidente Nayib Bukele, se ha logrado más que en 10 años de gobierno del FMLN», dijo.
«Esto es importante enmarcarlo porque habla del compromiso del Gobierno de El Salvador, eso incluye a la Asamblea Legislativa que ha facilitado y ha permitido materializar cambios normativos que ahora se ven reflejados en el número de empresas», agregó.
Para Trigueros es importante analizar que estos no son números fríos, sino que son indicativos de creación de empleos, de inversión, y de consolidación de metas.
Por otro lado, mencionó que, en general 2025, fue un año destacable en cuanto a dinamización económica relacionada con los servicios que ofrece el CNR, lo que se refleja en el incremento del 11.1 % en la demanda de atenciones que la institución brinda.
Con datos hasta el 31 de enero de este año, El Salvador contabiliza 7,274 Sociedades de Acciones Simplificadas (SAS), detalló Trigueros. Este modelo se implementó en febrero de 2022.
Esta modalidad fue creada para incentivar la formalización empresarial, y consiste en un proceso simplificado que no requiere de servicios notariales, puede ser inscrita con un solo socio, y requiere de $1 para ser constituida.
Trigueros afirmó que este despliegue de formalización de negocios representa un capital social total de $18.4 millones, inversiones que materializan la visión del Gobierno del presidente Nayib Bukele de empujar el desarrollo económico de El Salvador.
«En el país está sucediendo un cambio de visión a partir de que el presidente Bukele nos dice ‘vamos a centrarnos en la reactivación económica’», comentó.
El funcionario ahondó que la implementación de las SAS brindó a la matriz económica salvadoreña una forma ágil y rápida de construir empresas formales, y que esta visión antiburocrática se ha convertido en un incentivo para la inversión.
«Cuando los trámites demoran demasiado, o son muy complejos desincentivan las iniciativas de crear empresas, por el contrario, períodos cortos de tiempo, siendo efectivos en el mismo, permiten como país atraer a inversionistas nacionales y extranjeros que quieren abrir su empresa», acotó.
Con 56 votos, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Creación de la Autoridad Salvadoreña de Economía Azul, con la que se establece una nueva institución responsable de planificar y ejecutar políticas públicas de pesca, acuicultura y actividades conexas, orientadas al aprovechamiento sostenible de los recursos marinos y de agua dulce.
La normativa da paso a la creación de la Autoridad Salvadoreña de Economía Azul (ASEA), una institución autónoma, con patrimonio propio y adscrita al Ministerio de Economía, que ejercerá la rectoría del sector pesquero y acuícola del país.
El enfoque de economía azul se refiere a integrar la sostenibilidad y la gestión responsable de los océanos con el desarrollo económico, utilizando la tecnología y la innovación para maximizar los beneficios de los recursos marinos y costeros sin agotarlos.
El objetivo de la ley es diseñar e implementar políticas públicas de pesca, acuicultura y actividades conexas con enfoque de economía azul; garantizar la seguridad alimentaria y nutricional; fomentar el crecimiento del sector; asegurar el uso racional de los recursos hidrobiológicos y promover la sostenibilidad ambiental, la innovación y la cooperación entre los sectores público, privado y académico.
El diputado de Nuevas Ideas, Ricardo Rivas, expuso que con el marco legal se busca impulsar la inversión, proteger los recursos marinos y agrícolas, modernizar y hacer más sostenible la pesca, dinamizando la economía de quienes dependen de este rubro. “Hay más de 5,000 acuicultores en el país, además de 30,000 pescadores de mar abierto que serán beneficiados con la creación de esta Autoridad Salvadoreña de Economía Azul”, manifestó.
Añadió que dicha autoridad impulsará el desarrollo productivo del sector, a través del fortalecimiento de la cadena de valores, el acceso a los distintos mercados, la innovación y la transferencia de tecnología.
La ley establece la creación de la Autoridad Salvadoreña de Economía Azul como el ente rector de la política, planificación y regulación de la pesca, la acuicultura y las actividades conexas con enfoque de economía azul, responsable de aplicar la normativa nacional en la materia y de coordinar las relaciones del sector a nivel nacional e internacional.
La ASEA asumirá las funciones que, actualmente, desempeñan el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Centro de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura (CENDEPESCA). Además, ejercerá la rectoría y gobernanza del sector pesquero y acuícola, velando por el cumplimiento de la normativa vigente y de la Ley General de Ordenación y Promoción de la Pesca y Acuicultura.
Asimismo, regulará el aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos, promoviendo su uso sostenible y la conservación de los ecosistemas. Para ello, autorizará, supervisará e inspeccionará las actividades del sector, con el propósito de garantizar la trazabilidad, la calidad y la inocuidad de los productos pesqueros, impulsando prácticas responsables y sostenibles.
De igual manera, la ASEA fomentará la investigación científica, la transferencia tecnológica y el fortalecimiento de capacidades, mediante la coordinación con instituciones públicas, el sector privado y organismos internacionales. La entidad se financiará con fondos del Presupuesto General del Estado, ingresos por servicios, cooperación internacional, donaciones y otros recursos. Su gestión estará sujeta a la fiscalización de la Corte de Cuentas, además de auditorías externas cuando se considere necesario.
Gobierno nombra a Patty Godinez como Viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, cargo desde el cual impulsará acciones orientadas a fortalecer la relación con los salvadoreños en el exterior.
El enfoque del trabajo institucional estará dirigido a estrechar los lazos con la diáspora salvadoreña, reconociendo su aporte y promoviendo su participación activa en iniciativas de desarrollo económico, social y cultural del país.
Con este nombramiento, se busca que cada salvadoreño que reside fuera del territorio nacional sea un actor clave en el desarrollo de El Salvador, reforzando los mecanismos de vinculación, atención y acompañamiento a la comunidad migrante.
