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Autoridades recuperan casas que habían sido usurpadas por pandilleros en Soyapango
Desplazar a familias de sus viviendas para utilizarlas de manera ilegal o convertirlas en «casas destroyer» era una práctica que por décadas efectuaron las pandillas en El Salvador, sin embargo, en los últimos años el Gobierno, a través de Seguridad, ha apostado por erradicar esta práctica.
Uno de lo más recientes resultados es que como parte de la operatividad del cerco de seguridad instalado en Soyapango se han logrado recuperar cientos de casas usurpadas por mareros.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, explicó que en dicho municipio se «han recuperado viviendas que habían sido usurpadas por los terroristas y que ahora estamos devolviendo a sus verdaderos dueños, quienes fueron amenazados y se vieron obligados a abandonarlas».
Esta práctica de pandillas que afectó por años la estabilidad y economía de muchos salvadoreños provocó el desplazamiento forzado de las familias que se quedaron desamparadas mientras que las viviendas eran alquiladas por los terroristas.
Como parte de la operatividad de la #Fase5 de #Extracción en el #CercoSoyapango, hemos recuperado viviendas que habían sido usurpadas por los terroristas y que ahora estamos devolviendo a sus verdaderos dueños, quienes fueron amenazados y se vieron obligados a abandonarlas. pic.twitter.com/An8dbfFAqe
— Gustavo Villatoro 🇸🇻 (@Vi11atoro) December 26, 2022
Uno de los casos conocidos de usurpaciones, fue el de dondominios Victoria, en la colonia Antekirta, donde muchos de los que «rentaban» los apartamentos eran pandilleros o sus familiares, quienes además hurtaban agua de la red pública y de una escuela y la vendían a los inquilinos. Casos similares se dieron en Montes de San Bartolo y Las Margaritas, en Soyapango y en la Santísima Trinidad, en Ayutuxtepeque.
Ayer el ministro Villatoro afirmó que «se ha detenido a personas que colaboraban con los pandilleros que cobraban «alquiler» y amenazaban a los propietarios de estas viviendas usurpadas».
Una de las decenas de casas recuperadas en Soyapango se encuentran en la Urbanización Los Conacastes, «esta vivienda verificada en un operativo Casa Segura el 5 de diciembre del 2022 y fue entregada a su propietario el 20 de diciembre», según datos policiales. Las autoridades explicaron que en esa casa «había sido alquilada (usurpada desde el 2010) por pandilleros 18 sureños en cobros mensuales a una anciana de 63 años.
Desde que se implementó el cerco de seguridad, policías y soldados han estado ejecutando diversos operativos de Casa Segura, en estos también se ha detectado conexiones de luz, agua y cable fraudulentas.
Hacer conexiones no permitidas de estos servicios básicos son prácticas recurrentes en diversas zonas de El Salvador y es un delito. Las autoridades verifican casa por casa, solicitando a cada ocupante la documentación que ampare la situación legal de la vivienda para comprobar que la conexión de los servicios básicos es conforme a ley, según los recibos de las compañías respectivas.
El titular de Seguridad destacó que seguirán trabajando «24/7 para terminar con todo el accionar de estos delincuentes y erradicar por completo este cáncer de nuestra sociedad. No vamos a permitir que estos terroristas vuelvan a atentar contra los salvadoreños de bien».
Un cambio significativo
En el 2017, el país entró a la lista de las 10 naciones más afectadas en el mundo por desplazamiento forzado interno debido a la violencia criminal. Hasta 2019, según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), se registraba que, en las últimas dos décadas, alrededor de 71,500 personas fueron desplazadas. Fue hasta el inicio del gobierno de Nayib Bukele, a mediados de 2019, cuando las cifras de seguridad comenzaron a cambiar en el país, esto es atribuido por las autoridades a la ejecución del Plan Control Territorial.
Incluso El Salvador salió, en 2019, de la lista de las 10 naciones con más casos de desplazamiento. Muchas personas, gracias a la seguridad que ahora se resalta en el país han decidido regresar a sus viviendas que habían sido arrebatadas por las maras.
El pasado 3 de diciembre el presidente de la República, Nayib Bukele ordenó establecer un cerco militar como parte de la quinta fase del PCT llamado «Extracción» y que va tras pandilleros en Soyapango. Desde entonces, en el municipio se destacada la disminución del accionar delictivo y muchas familias que habían huido o fueron amenazadas de dejar sus casas han regresado.
En Soyapango se encuentran desplegados 8,500 soldados y 1,500 policías para tomar posiciones estratégicas y cercar a los pandilleros. Entre las acciones que se están ejecutando desde que se implementó el cerco militar están los controles vehiculares, controles de revisión, patrullajes aéreos, patrullajes con drones y terrestres.
Hasta ahora, las autoridades han capturado a 690 criminales de diferentes pandillas en intervenciones realizadas en colonias de ese municipio.
El Salvador continúa recibiendo visitantes internacionales atraídos por la residencia centroamericana de la artista colombiana Shakira, que se desarrolla en el país y ha generado un flujo constante de viajeros en el Aeropuerto Internacional.
Autoridades destacaron que, desde el inicio de la residencia, turistas provenientes de distintos países han arribado al territorio nacional con el objetivo de asistir a los conciertos, posicionando al país como un punto de referencia regional para eventos musicales de gran relevancia.
«Iniciamos el fin de semana manteniendo una atención fluida y controlada en el Aeropuerto Internacional de El Salvador. Nuestro personal migratorio continúa facilitando el ingreso de viajeros que llegan al país sede de la residencia centroamericana de Shakira», informó Migración y Extranjería en su cuenta de X.
Según los datos oficiales, cada concierto reúne a 30 mil personas, quienes forman parte del público que ha viajado específicamente para presenciar el espectáculo en territorio salvadoreño.
El incremento en la llegada de visitantes internacionales refleja el impacto de este tipo de eventos en la proyección turística y cultural de El Salvador, que continúa posicionándose como un destino atractivo para espectáculos de talla internacional.
Mario Durán, alcalde de San Salvador Centro, impulsa una campaña en redes sociales para que la población denuncie cobros por la «reserva» de espacios en la vía pública que son utilizados como parqueo.
«La ciudad es de todos. Recuerden que si ven personas cobrando parqueo en la vía pública, denúncienlas. Nosotros seguimos vigentes 24/7», fue su llamado a los ciudadanos a través de su cuenta personal en X.
El Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) ejecuta operativos para garantizar que se cumpla lo establecido en el artículo 75 de la ordenanza para la convivencia ciudadana, el cual prohíbe cobros por estacionarse en espacios públicos habilitados.
La alcaldía informó que dichas infracciones son catalogadas como faltas graves y conllevan a multas de hasta $900.
Durante la última semana el CAM ha intensificado los operativos, principalmente en los alrededores del Estadio Nacional Jorge «el Mágico» González, donde la cantante colombiana Shakira brinda una serie de conciertos como parte de su residencia centroamericana.
San Salvador Centro puso a disposición de los ciudadanos parqueo gratuito en las instalaciones del Complejo Chapupo Rodríguez y el parque El Talapo de 2 de la tarde a 1 de la madrugada, solo para los días en que se realicen los conciertos.
Otros sectores en la capital intervenidos por el CAM para retirar llantas inservibles, conos, bandejas y estructuras metálicas son desde la 15.ª a la 19.ª calle poniente.
El viernes 13 de febrero finalizó sin registrar homicidios en El Salvador, de acuerdo con datos publicados por la Policía Nacional Civil (PNC), como parte del seguimiento diario que realizan las autoridades sobre la incidencia criminal en el país.
«Finalizamos el viernes 13 de febrero, con 0 homicidios en el país», detalló la PNC en su cuenta oficial de X.
Las autoridades atribuyen estos resultados a la implementación del Plan Control Territorial, una estrategia de seguridad lanzada en 2019 y reforzada posteriormente con el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022.
Estas medidas han permitido, incrementar la presencia policial y militar en comunidades consideradas de alta incidencia delictiva, así como desarticular estructuras criminales.
