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Autoridades recuperan casas que habían sido usurpadas por pandilleros en Soyapango
Desplazar a familias de sus viviendas para utilizarlas de manera ilegal o convertirlas en «casas destroyer» era una práctica que por décadas efectuaron las pandillas en El Salvador, sin embargo, en los últimos años el Gobierno, a través de Seguridad, ha apostado por erradicar esta práctica.
Uno de lo más recientes resultados es que como parte de la operatividad del cerco de seguridad instalado en Soyapango se han logrado recuperar cientos de casas usurpadas por mareros.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, explicó que en dicho municipio se «han recuperado viviendas que habían sido usurpadas por los terroristas y que ahora estamos devolviendo a sus verdaderos dueños, quienes fueron amenazados y se vieron obligados a abandonarlas».
Esta práctica de pandillas que afectó por años la estabilidad y economía de muchos salvadoreños provocó el desplazamiento forzado de las familias que se quedaron desamparadas mientras que las viviendas eran alquiladas por los terroristas.
Como parte de la operatividad de la #Fase5 de #Extracción en el #CercoSoyapango, hemos recuperado viviendas que habían sido usurpadas por los terroristas y que ahora estamos devolviendo a sus verdaderos dueños, quienes fueron amenazados y se vieron obligados a abandonarlas. pic.twitter.com/An8dbfFAqe
— Gustavo Villatoro 🇸🇻 (@Vi11atoro) December 26, 2022
Uno de los casos conocidos de usurpaciones, fue el de dondominios Victoria, en la colonia Antekirta, donde muchos de los que «rentaban» los apartamentos eran pandilleros o sus familiares, quienes además hurtaban agua de la red pública y de una escuela y la vendían a los inquilinos. Casos similares se dieron en Montes de San Bartolo y Las Margaritas, en Soyapango y en la Santísima Trinidad, en Ayutuxtepeque.
Ayer el ministro Villatoro afirmó que «se ha detenido a personas que colaboraban con los pandilleros que cobraban «alquiler» y amenazaban a los propietarios de estas viviendas usurpadas».
Una de las decenas de casas recuperadas en Soyapango se encuentran en la Urbanización Los Conacastes, «esta vivienda verificada en un operativo Casa Segura el 5 de diciembre del 2022 y fue entregada a su propietario el 20 de diciembre», según datos policiales. Las autoridades explicaron que en esa casa «había sido alquilada (usurpada desde el 2010) por pandilleros 18 sureños en cobros mensuales a una anciana de 63 años.
Desde que se implementó el cerco de seguridad, policías y soldados han estado ejecutando diversos operativos de Casa Segura, en estos también se ha detectado conexiones de luz, agua y cable fraudulentas.
Hacer conexiones no permitidas de estos servicios básicos son prácticas recurrentes en diversas zonas de El Salvador y es un delito. Las autoridades verifican casa por casa, solicitando a cada ocupante la documentación que ampare la situación legal de la vivienda para comprobar que la conexión de los servicios básicos es conforme a ley, según los recibos de las compañías respectivas.
El titular de Seguridad destacó que seguirán trabajando «24/7 para terminar con todo el accionar de estos delincuentes y erradicar por completo este cáncer de nuestra sociedad. No vamos a permitir que estos terroristas vuelvan a atentar contra los salvadoreños de bien».
Un cambio significativo
En el 2017, el país entró a la lista de las 10 naciones más afectadas en el mundo por desplazamiento forzado interno debido a la violencia criminal. Hasta 2019, según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), se registraba que, en las últimas dos décadas, alrededor de 71,500 personas fueron desplazadas. Fue hasta el inicio del gobierno de Nayib Bukele, a mediados de 2019, cuando las cifras de seguridad comenzaron a cambiar en el país, esto es atribuido por las autoridades a la ejecución del Plan Control Territorial.
Incluso El Salvador salió, en 2019, de la lista de las 10 naciones con más casos de desplazamiento. Muchas personas, gracias a la seguridad que ahora se resalta en el país han decidido regresar a sus viviendas que habían sido arrebatadas por las maras.
El pasado 3 de diciembre el presidente de la República, Nayib Bukele ordenó establecer un cerco militar como parte de la quinta fase del PCT llamado «Extracción» y que va tras pandilleros en Soyapango. Desde entonces, en el municipio se destacada la disminución del accionar delictivo y muchas familias que habían huido o fueron amenazadas de dejar sus casas han regresado.
En Soyapango se encuentran desplegados 8,500 soldados y 1,500 policías para tomar posiciones estratégicas y cercar a los pandilleros. Entre las acciones que se están ejecutando desde que se implementó el cerco militar están los controles vehiculares, controles de revisión, patrullajes aéreos, patrullajes con drones y terrestres.
Hasta ahora, las autoridades han capturado a 690 criminales de diferentes pandillas en intervenciones realizadas en colonias de ese municipio.
Un paquete de reformas a la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo de las Micro y Pequeñas Empresas fue autorizado, ayer, por la Asamblea Legislativa con el aval de 57 diputados.
Las modificaciones tienen el propósito de favorecer la creación y consolidación de las Mypes, que actualmente representan el 99.6 % del tejido empresarial en El Salvador.
Entre los cambios aprobados está la reclasificación de las Mypes, de manera que las microempresas serán consideradas todas aquellas que tienen un ingreso mensual de hasta 500 salarios mínimos del sector comercio y un máximo de diez empleados.
A su vez, las microempresas tendrán una subclasificación de las que están en fase de subsistencia y obtienen ingresos de hasta 57 salarios mínimos y tienen contratados hasta dos trabajadores; otra categoría es la Acumulación, que son aquellas que obtienen ingresos mensuales arriba de los 57 salarios, hasta 300; finalmente, está la Expansión que son todos los negocios en las que hay un ingreso mensual arriba de 300 salarios mínimos hasta 500.
Por otra parte, la reforma considera a las pequeñas empresas y a todos los negocios que obtienen en ventas más de 500 salarios mínimos del sector comercio hasta 5,000 salarios mínimos. Además, tienen empleadas a un grupo de personas que oscila entre 11 y 50.
Otro cambio es que las instituciones deberán cancelar los bienes o servicios que contraten a las Mypes en un período máximo de 30 días o deberán asumir el pago de intereses.
Con el propósito de evitar los cargos excesivos a las Mypes se incorpora el principio de proporcionalidad en trámites y costos administrativos.
El decreto también incluye la creación del Sistema de Representación y Consulta de las Mypes que permitirá la coordinación entre el sector empresarial, actores territoriales e instituciones públicas a fin de mejorar las condiciones del sector.
Como parte de ese sistema, se establece que las alcaldías deberán crear mesas técnicas representativas locales donde se mantenga un diálogo entre autoridades y las Mypes que den paso a la creación de proyectos y programas que dinamicen la economía local. El sistema será implementado y supervisado por la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa [CONAMYPE].
El Organismo de Mejora Regulatoria (OMR) informó que actualmente 83 trámites del Centro Nacional de Registros (CNR) pueden completarse en un plazo de un día, luego de haber sido revisados, simplificados y registrados en el Registro Nacional de Trámites (RNT) como parte de un proceso orientado a agilizar los servicios públicos y mejorar el clima de negocios en El Salvador.
De acuerdo con el listado oficial publicado por la institución, estos procedimientos abarcan diversas áreas relacionadas con registros, certificaciones, derechos de autor, patentes, matrículas de empresas y transferencias de dominio, entre otros servicios que ahora cuentan con un tiempo de respuesta efectivo de un día. 
Entre los trámites incluidos se encuentran certificaciones registrales, constancias, copias simples de documentos, inscripción y modificación de sociedades, así como la inscripción de matrículas de empresas o su renovación. También figuran procedimientos vinculados con el registro de derechos de autor, búsqueda de antecedentes de signos distintivos y diversas modalidades de transferencia o transmisión de dominio, como compraventas, donaciones o traspasos por herencia.
Según la directora ejecutiva del OMR, Mariana Carolina Gómez, este avance forma parte de una estrategia más amplia de modernización administrativa impulsada en coordinación con diferentes instituciones públicas.
«En el OMR realizamos un análisis integral de los trámites mediante la metodología del “Ecosistema del trámite”, que toma en cuenta diferentes perspectivas, actores y entorno digital. Trabajos coordinados aseguran beneficios a la población y administración pública salvadoreña», explicó la funcionaria.
El proceso de revisión forma parte de un esfuerzo institucional para evaluar cada procedimiento administrativo, verificar su base legal y eliminar requisitos innecesarios antes de incorporarlo al Registro Nacional de Trámites (RNT), una plataforma que centraliza la información oficial sobre los servicios públicos disponibles para ciudadanos y empresas.
De acuerdo con cifras del organismo, hasta el 4 de marzo se han simplificado, verificado e inscrito un total de 1,844 trámites y modalidades pertenecientes a 31 instituciones de la administración pública. Este proceso, según el OMR, busca reducir tiempos de respuesta, mejorar la transparencia administrativa y facilitar el acceso de la población a los servicios del Estado.
Gómez señaló que este trabajo se realiza de manera coordinada con instituciones del Gobierno central y municipalidades, con el objetivo de estandarizar procesos y modernizar la gestión pública.
«Simplificar, eliminar requisitos innecesarios e inscribir trámites lo realizamos de forma conjunta desde el OMR con la administración pública y municipalidades, para atraer inversión y fomentar clima de negocios», afirmó.
La inscripción de los procedimientos en el Registro Nacional de Trámites también permite que los ciudadanos consulten de forma centralizada los requisitos, modalidades y tiempos de respuesta a través de la plataforma tecnológica SIMEJORA, lo que contribuye a fortalecer la seguridad jurídica y la eficiencia en la gestión de servicios públicos.
La Dirección de Integración inauguró ayer una sede departamental en Sonsonate, un nuevo espacio que busca abrir oportunidades de desarrollo para la población, especialmente para la juventud salvadoreña, por medio de programas formativos y de crecimiento personal.
El presidente de la institución, Alejandro Gutman, encabezó la apertura del espacio, desde donde se impulsarán iniciativas orientadas a fortalecer la integración comunitaria y promover el desarrollo de habilidades en diferentes áreas.
Las instalaciones están ubicadas en un local contiguo al estadio Ana Mercedes Campos, en Sonsonate.
Ahí se desarrollarán las escuelas integradoras, que son espacios educativos gratuitos diseñados para potenciar las habilidades de las personas y acompañarlas en su desarrollo personal, familiar y profesional.
Con estos programas, los participantes podrán acceder a formación en arte, música, deportes, tecnología, psicología, familia, entre otras áreas, con el objetivo de brindar oportunidades de aprendizaje y convivencia para personas de todas las edades.
